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El gobierno de Venezuela y la oposición representada en la Plataforma Unitaria volvieron a la mesa este fin de semana. Después de más de un año de suspensión de las negociaciones, las partes firmaron en Ciudad de México el Acuerdo Parcial para la Protección Social del Pueblo Venezolano, que oficializa el regreso al diálogo, en los términos pactados en 2021 y con el bienestar de la ciudadanía como prioridad.
Esto busca materializarse a través de la constitución de un fondo puesto en marcha por las Naciones Unidas, con recursos que provendrían de los activos de Venezuela congelados en el exterior, cuyo destino serían inversiones urgentes, por ahora, en alimentación, salud, educación, electricidad y atención a las emergencias por lluvias en el país. Asimismo, se pactó la creación de una comisión de seguimiento y verificación sobre lo acordado el sábado.
Casi en simultáneo al anuncio del acuerdo, Estados Unidos informó una decisión esperada una vez hubiera “pasos concretos” para el “restablecimiento de la democracia” en Venezuela, en palabras del Departamento del Tesoro: la autorización para que la petrolera estadounidense Chevron reanude operaciones “limitadas” de extracción en ese país. La autorización impide que la estatal petrolera venezolana, PDVSA, se lucre de las ventas de petróleo por parte de Chevron.
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Como explicó Francisco Monaldi, director del Programa Latinoamericano de Energía del Instituto Baker, de la Universidad de Rice, en entrevista con este diario, tras el otorgamiento de la licencia, Chevron podría pasar de producir los cerca de 60.000 barriles diarios de hoy a unos 100.000 “en cuestión de meses”. Sin embargo, para superar esa cifra serían necesarias nuevas inversiones que, para aspirar a los 220.000 barriles de máxima capacidad, tardarían unos dos años.
¿La oposición ganó o perdió?
La transacción era relativamente sencilla: Maduro volvía a la mesa, para dar la muestra de reencauce hacia la democracia que Estados Unidos estaba esperando, y Washington, a cambio, le daba la “zanahoria”, para usar la palabra empleada por Monaldi. Sin embargo, en el camino, Camila Fabri, esposa de Álex Saab, aliado de Maduro, se incorporó a la delegación del gobierno en México. La extradición de Saab, acusado de lavado de dinero, fue lo que rompió las mesas el año pasado.
Esa participación, sumada al alivio de sanciones y al hecho implícito de que Estados Unidos reconoce que Maduro es quien tiene el poder en Venezuela, ha abierto la pregunta de si la balanza de entrada se inclinó demasiado hacia el lado del chavismo. Aunque se pactó la creación del fondo para la protección social de la población venezolana, la oposición no logró mucho más el sábado. Nada se concretó, por ejemplo, de cara a las elecciones libres.
Así, incluso, lo reconoció el representante de la oposición Gerardo Blyde: “El acuerdo, que es importantísimo, no resuelve el problema de fondo”, dijo el sábado. Aseguró que ese mismo día empezaba la “próxima etapa”, cuyo objetivo es “conseguir las condiciones políticas para que se produzca la alternabilidad democrática en el país”, que implica el respeto de los derechos políticos, los derechos humanos, la liberación de presos políticos y el cese de la persecución.
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“Algunos piensan que la negociación es solo entre Maduro y Estados, que la oposición poco puede ganar en esto, pero soy un poco optimista”, le dijo a este diario Eglée González-Lobato, analista política y electoral. “La oposición representada en México tiene que ser pragmática y empezar pidiendo el cronograma electoral y exigiendo su cumplimiento, la observación internacional, el cese de la hostilidad que han sido las inhabilitaciones políticas y el registro electoral de venezolanos dentro y fuera de país. Hablaría de esos cuatro grandes rubros y no una lista interminable de condiciones electorales que harían muy gaseosa la discusión”, señaló la experta.
El proceso apenas empieza. Como dijo Blyde, solo en cuanto al fondo de protección, habrá que constituir la fiducia, hacer la transferencia de recursos, aprobar los proyectos e iniciar los procesos de licitación pública de contratación, entre otros.
“Las partes acordaron continuar el proceso durante el mes de diciembre para tratar los asuntos políticos a que se refiere el Memorándum de Entendimiento”, explicó el Proceso de Diálogo y Negociación en un comunicado publicado por Noruega, facilitador de la mesa en México.
Así, queda por verse la voluntad política para la restauración de la democracia, respecto a lo que muchos, como Monaldi, siguen siendo escépticos. Sin embargo, a falta de alternativas, lo mínimo, dicen, es intentarlo.
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