Seguridad vs. libertad: dos años del régimen de excepción de Bukele en El Salvador

Un hombre camina frente a una pared pintada con la frase 'Justicia a los inocentes' en Reparto La Campanera, uno de los barrios que registraba mayor presencia de pandillas en Soyapango, El Salvador.

Foto: EFE - Rodrigo Sura

Hace dos años, el presidente Nayib Bukele declaró una “guerra” contra las pandillas en El Salvador, tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana. Ahora, el mandatario proclama que su país es el “más seguro” del continente, gracias a la ofensiva iniciada el 27 de marzo de 2022, al amparo de un régimen de excepción. Sus críticos, sin embargo, afirman que el precio ha sido alto.

¿Qué sucedió con las pandillas en El Salvador?

El despliegue de militares y policías permitió desbaratar las estructuras de las “maras” o pandillas, que se financiaban con el cobro de “rentas” (extorsiones), sicariato y venta de drogas al menudeo. Quienes se negaban a pagar eran asesinados o les mataban a un familiar. Una investigación de InSight Crime estimó que en el país había casi 120.000 pandilleros: la Mara Salvatrucha tenía 78.000 y la Barrio 18, con sus dos facciones, unos 41.000.

Más de 78.000 presuntos pandilleros han sido detenidos, según un informe oficial presentado el martes, y las pandillas han sido incapaces de reclutar nuevos miembros. Además, les confiscaron casi 4.000 armas, algunas de uso militar. Reformas legales endurecieron las penas.

El criminólogo Ricardo Sosa estima que a las maras les ha faltado capacidad de “adaptación” para mutar a otra modalidad criminal, mientras Bukele, reelegido en febrero para otro mandato de cinco años, promete continuar la guerra “hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas”.

¿Qué pasa en las calles salvadoreñas?

La cruzada de Bukele acabó con el dominio que las pandillas ejercían sobre el 80 % del territorio nacional, según el Gobierno. Además, el país redujo su tasa de homicidios, que llegó a ser de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 y en 2023 pasó a ser de 2,4, por debajo del promedio mundial (ocho, según la ONU).

Desapareció el temor a caminar de noche, los niños han vuelto a jugar en los parques y cualquier persona puede abordar tranquilamente un autobús o visitar otro barrio sin temor a perder la vida. “Ahora uno se siente más confiado al viajar, ya no se ven pandilleros pidiendo dinero a los pasajeros”, dijo el profesor Mauricio López, de 40 años. Comunidades enteras “retomaron la normalidad de sus vidas”, resumió el académico Carlos Carcach.

¿Cuál ha sido el impacto de la política de seguridad de Bukele en la economía?

Gran parte del sector productivo, comercial y de transportes dejó de pagar la “renta”, según gremios empresariales. Los restaurantes ahora atienden de noche y reparten comida a domicilio. “Hoy hay tranquilidad, ya no tenemos extorsiones, el peligro ha pasado”, explicó Aminta Alvarenga, dueña de una tienda mayorista en El Tránsito, al este de la capital.

Mediante una ley de extinción de dominio, el Gobierno ha recuperado 8.000 vehículos, casi 21.000 celulares, además de cientos de autobuses, taxis, casas y locales comerciales en poder de las maras. El clima de seguridad condujo a la reapertura de negocios y ha incentivado el turismo, que en 2023 aportó ingresos por US$2.755 millones, 48 % más que al año precedente.

Sin embargo, la economía sigue siendo una asignatura pendiente de Bukele, pues el 30 % de los salvadoreños vive en la pobreza y el 10% en la pobreza extrema, según la CEPAL. Se estima que 70 % de los trabajadores son informales, mientras miles de familias dependen de remesas del exterior, que sumaron US$8.181 millones en 2023, lo que representa el 26 % del PIB del país.

Los impactos sociales del régimen de excepción en El Salvador

Organizaciones de derechos humanos han criticado los métodos de Bukele. Amnistía Internacional y el Movimiento de Víctimas del Régimen denunciaron “detenciones arbitrarias”, presuntos “atropellos”, “torturas” y “muertes” en prisión. Hay “327 casos de desapariciones forzadas” y “235 muertes bajo custodia estatal”, afirmó Amnistía en un reporte presentado el martes. La población penitenciaria es de 102.000 personas.

Un informe anterior de la misma organización, con fecha de 2023, calculó que en El Salvador el 1,7 % de los mayores de 18 años están detenidos, lo que arroja una de las tasas de población penal más altas del mundo. Parte de los detenidos permanecen en una ‘megacárcel’ construida por Bukele, considerada la prisión más grande de América Latina, con capacidad para 40.000 reclusos, que tiene un severo régimen interno. Los presos afrontan juicios colectivos sin derecho a defensa y sus familiares no pueden visitarlos.

“Tengo a mi sobrino Alberto [de 28 años] detenido desde el 7 de agosto de 2022. Él es inocente, no lo hemos podido ver, es una injusticia”, lamentó Cecilia Renderos, ama de casa de 48 años. Si bien unos 7.000 detenidos han sido liberados, grupos de derechos humanos afirman que todavía hay muchos inocentes tras las rejas.

“Se ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos”, aseguró Amnistía Internacional, la cual cree que el presidente obliga “a la población a elegir entre seguridad y libertad”.

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