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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Chicago, mientras una jueza bloqueó temporalmente el envío de militares a Portland, otra ciudad gobernada por demócratas.
Esos son los más recientes puntos críticos en la agresiva campaña de deportaciones masivas de la administración del republicano, que ya desplegó militares en otras ciudades, como Los Ángeles y Washington.
“El presidente Trump autorizó 300 guardias nacionales para proteger a los funcionarios y activos federales” en Chicago, dijo el sábado la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado. El mandatario “no se hará el de la vista gorda ante la falta de legalidad que azota las ciudades estadounidenses”, agregó la funcionaria.
Trump ha sostenido que estos despliegues son necesarios para detener la criminalidad, así como las protestas contra su campaña de deportaciones masivas. No obstante, su estrategia ha sido rechazada por las autoridades locales de estas ciudades gobernadas por demócratas, que acudieron a la justicia para evitar la llegada de tropas.
De hecho, el senador por Illinois, Dick Durbin, calificó la medida de “capítulo vergonzoso en la historia de nuestra nación”, y agregó que el “presidente no tiene la intención de luchar contra el crimen. Tiene la intención de difundir el miedo”.
Además, el mismo sábado, la jueza federal Karin Immergut bloqueó el despliegue de la Guardia Nacional en Portland, al noroeste de Estados Unidos, paralizando temporalmente una orden del presidente Trump de finales de septiembre para combatir la migración irregular.
El mandatario ha dicho en varias ocasiones que Portland está “devastada por la guerra” y plagada de crímenes violentos, pero la togada escribió en su dictamen que “la determinación del presidente simplemente no estaba relacionada con los hechos”. Según Immergut, “la parte acusadora presentó pruebas de violencia esporádica contra oficiales federales y daños a la propiedad de un edificio federal, pero no demostró que esos episodios de violencia fueran parte de un intento organizado de derrocar al Gobierno”.
La jueza explicó que las protestas en Portland no suponen un “peligro de rebelión” y que el “cuerpo de seguridad regular” puede manejar tales incidentes. El consejero presidencial, Stephen Miller, escribió en las redes sociales que la orden judicial era una “insurrección legal” y acusó a los líderes locales en Oregon de llevar a cabo un “ataque terrorista” contra el Gobierno federal.
Sin embargo, el senador por dicho estado, Ron Wyden, apoyó el bloqueo judicial al decir que esta “victoria respalda lo que los habitantes ya saben: no necesitamos ni queremos que Donald Trump provoque violencia desplegando tropas federales en nuestro estado”.
Por su parte, el gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, reaccionó frente a la decisión del gobierno del republicano de enviar la Guardia Nacional a Chicago y aseguró: “Quiero ser claro: no se necesitan tropas militares sobre el terreno. Las fuerzas del orden estatal, del condado y locales han estado trabajando juntas y coordinadas para garantizar la seguridad pública (...) y para proteger la capacidad de las personas de ejercer pacíficamente sus derechos constitucionales”.
A esas tensiones se sumó el hecho de que un agente federal disparó contra una mujer, quien, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, portaba un arma semiautomática, tras embestir y acorralar a un vehículo policial en Chicago. El sábado en la noche fue identificada como Marimar Martínez, quien fue dada de alta del hospital y puesta bajo custodia del FBI.
De acuerdo con Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, la mujer fue nombrada en un boletín de inteligencia de las autoridades migratorias la semana pasada por divulgar información confidencial de agentes en línea. Ningún agente migratorio resultó herido en el incidente.
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Por RFI
