Relaciones rotas y tensiones vivas es lo que están viviendo Perú y México tras el anuncio de Lima de romper relaciones diplomáticas con el país norteamericano, en respuesta a la decisión de otorgar asilo político a Betssy Chávez, expresidenta del Consejo de ministros durante el mandato de Pedro Castillo.
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Chávez enfrenta procesos judiciales por su presunta participación en un intento de autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en 2022.
Por su parte, el gobierno de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, lamentó esta decisión, asegurando que se trataba de una medida “unilateral, excesiva y desproporcionada” frente a un acto legítimo avalado por el derecho internacional, que es garantizar asilo político a quien lo solicite. También aseguró que esto no “interfiere con los asuntos internos de Perú”, según CNN.
Aun así, el ministro de Exteriores peruano, Hugo de Zela, aclaró que, pese a esta ruptura diplomática, el Perú mantiene intactas las relaciones consulares con México, asegurando así la protección de sus ciudadanos en ambos países.
“Las relaciones diplomáticas implican el funcionamiento de embajadas como espacios de diálogo entre países, mientras que los consulados protegen a sus ciudadanos en el extranjero. Por eso, la ruptura solo afecta el ámbito diplomático, los servicios consulares entre México y Perú siguen activos”, explicó Enrique Prieto-Rios, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario.
El profesor explica que, las implicaciones de esta ruptura diplomática es que no habrá un diálogo político directo entre ambos países, lo cual dificultará el diálogo oficial y la cooperación para resolver conflictos.
Este rompimiento también tiene repercusiones económicas y comerciales, dificultando el flujo habitual de intercambios y afectando la dinámica de mecanismos multilaterales como la Alianza del Pacífico, a la que ambos pertenecen.
Ante este escenario, surge la pregunta: ¿otorgar asilo político a una figura tan controvertida fue un error diplomático de México? ¿O, por el contrario, el Perú está desconociendo la soberanía mexicana al cuestionar una decisión amparada por el derecho internacional?
La discusión es amplia. Por un lado, México se apegó al derecho internacional al actuar dentro de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 (Convención de Caracas), de la que ambos países son parte.
“El rompimiento de relaciones diplomáticas no afecta la vigencia de la Convención, que justamente protege y respalda el derecho de países como México a conceder asilo diplomático”, afirma el docente de la Universidad del Rosario.
De acuerdo con la Convención de Caracas, para que se conceda el asilo diplomático es necesario que exista una situación de urgencia, en la que la vida, la libertad o la integridad de la persona estén en peligro, y que esta sea perseguida por motivos políticos o por delitos comunes vinculados a esos motivos.
Sin embargo, esto no contuvo la indignación del gobierno peruano. Como explica José Ragas, académico del Instituto de Historia de la Universidad Católica de Chile, la solicitud de asilo político de Chávez tomó por sorpresa a las autoridades peruanas, ya que la expresidenta del Consejo de ministros estaba siendo procesada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado que puso fin al mandato de Pedro Castillo.
“El juicio a Castillo ha dado evidencias de que no hay un proceso imparcial, sino que se busca una sanción sobredimensionada y con un proceso no siempre claro. En ese sentido, la búsqueda de asilo por parte de la señora Chávez es vista como una forma de evitar un proceso irregular. Hay que considerar que la esposa e hijos de Pedro Castillo se encuentran en México desde el fin del gobierno de Castillo”, aseguró Ragas.
Además, esta no es la primera vez que Perú y México se enfrentan políticamente. Desde hace algunos años existen diferencias de opinión respecto a Pedro Castillo. Durante el mandato de López Obrador, México respaldó a Castillo, incluso después de que este intentara disolver el Congreso y fuera declarado por el gobierno peruano como “persona non grata”.
Luego, en febrero de 2025, la actual presidenta Claudia Sheinbaum calificó de “injusticia” el proceso penal contra Castillo. Esto provocó una reacción inmediata y negativa de la cancillería peruana, que acusó al gobierno mexicano de desconocer el fallido golpe de Estado y de violar el principio de no intervención, según CNN.
“Esto generó incomodidad en el gobierno peruano, principalmente por razones ideológicas, que se mantuvieron desde el mandato de AMLO hasta el de Sheinbaum. Sin embargo, en casos anteriores —como los de Nadine Heredia en Brasil o Alan García en Uruguay, investigados por corrupción— Perú no rompió relaciones diplomáticas”, afirmó Ragas.
Dicho sea de paso, este no es la primera controversia en torno a un asilo político en la que México se ve implicado. En 2024, el país garantizó asilo al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, lo que encendió las alarmas del gobierno ecuatoriano.
Para impedir que Glas evadiera un proceso por corrupción, las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la embajada de México en Quito y arrestaron al asilado, violando la soberanía de la sede diplomática, según distintos expertos. Esta semana, por cierto, la Corte IDH ordenó a Ecuador cuidar la vida y la salud del ex alto funcionario.
“México mantiene una postura coherente al considerar el asilo diplomático una decisión soberana de cada país y al garantizar protección a quienes considera perseguidos o sin garantías de un trato justo, por lo que continúa otorgándolo”, aseguró Prieto-Ríos.
En definitiva, la ruptura entre Perú y México vuelve a poner sobre la mesa las tensiones que genera el equilibrio entre soberanía, diplomacia y derechos humanos en América Latina. Mientras México defiende el asilo político como un principio humanitario y una práctica soberana, Perú lo interpreta como una injerencia en sus asuntos internos.
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Por Laura Henao Arévalo
