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Los legisladores estadounidenses no están conformes con las declaraciones del gobierno colombiano frente a las violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones por parte de la policía.
El gobierno de Joe Biden tampoco está satisfecho. Eso quedó claro durante la llamada que el mandatario le hizo a Iván Duque esta semana, en la que le expresó su apoyo a los derechos de los manifestantes que se movilizan pacíficamente. “Subrayó que la aplicación de la ley debe estar sujeta a los más altos estándares de responsabilidad y condenó los actos de violencia y vandalismo”, señaló la Casa Blanca en un comunicado.
Y quedó ratificado este jueves cuando el Subcomité de Apropiaciones de la Cámara aprobó un proyecto para condicionar la ayuda que Estados Unidos le otorga a la policía colombiana a mejoras en el tema de derechos humanos; una medida que solo aplicaba hasta ahora al Ejército. Y aunque el proyecto todavía debe recorrer un largo camino en la Cámara, ser aprobado por la Comisión de Apropiaciones y el pleno de la Cámara y luego por el Senado, es una señal muy fuerte para Colombia.
¿Qué significa esto? De acuerdo con Gimena Sánchez-Garzoli, directora del programa de los Andes de la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos (WOLA), “esta es una señal de que la Cámara Baja de Estados Unidos no está de acuerdo con la narrativa del Gobierno colombiano, está muy preocupado por las violaciones a derechos humanos y quieren más que un pronunciamiento de que habrá una reforma policial y de que se está investigando el asunto”.
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En el proyecto del Subcomité de Apropiaciones aprobado hoy se presenta un informe adjunto en el que se hacen asignaciones para el Departamento de Estado, operaciones en el extranjero y operaciones en el extranjero, además de otros programas para el año fiscal que termina el 30 de septiembre de 2022.
En dicho documento se incluyen US$461 millones para Colombia, pero se condiciona la entrega del monto que iría a la Policía Nacional; cerca de US$65 millones no serán entregados hasta que cumpla con las condiciones, de los cuales US$52 millones irían para la Policía y US$13 millones para el Ejército. Hace unas semanas, el presidente Biden había solicitado en su proyecto de presupuesto, US$453 millones para Colombia.
“En los últimos años, la única ayuda sujeta a condiciones fue la de la cuenta de Financiación Militar Extranjera (FMF), que se destina casi en su totalidad a las fuerzas armadas. Debido a los recientes problemas de derechos humanos de la Policía Nacional, la Cámara de Representantes en 2022 también aplicaría las mismas condiciones al programa de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE), que es la principal fuente de ayuda policial. Esta sería la primera vez en muchos años que la ayuda a la Policía Nacional estaría sujeta a condiciones. (Aparte de la Ley Leahy, por supuesto)”, explica Adam Isacson, de WOLA.
¿Qué condiciones imponen los legisladores en este proyecto de ley aprobado este jueves? Que el Departamento de Estado confirme que el país está investigando y castigando a los policías implicados en violaciones de derechos humanos; una precondición que ya se aplicaba al Ejército Nacional.
Left: #Colombia language limiting assistance in the 2021 foreign aid law.
— Adam Isacson (@adam_wola) July 1, 2021
Right: #Colombia language limiting assistance in the House of Representatives’ version of the 2022 foreign aid bill.
Amid serious concern about police respect for human rights, the House says: 👮🏻♂️🚦 pic.twitter.com/4cgRUqTe4s
Los legisladores de la Cámara expresaron una seria preocupación por el respeto de la policía a los derechos humanos. Antes de aprobar este proyecto le solicitaron al gobierno de Biden recortar la ayuda financiera directa que recibe la Policía Nacional.
Al interior del Congreso, algunos políticos estadounidenses hacen lo que está a su alcance para que la Administración de Joe Biden “envíe una señal contundente al Gobierno colombiano”.
US foreign aid nerds: House appropriators just shared their recommended 2022 #Colombia assistance levels (https://t.co/ulGMyFBjPl).
— Adam Isacson (@adam_wola) July 1, 2021
They're pretty good. Here's a table of US aid since 2016, with the Biden admin's 2022 request and the House numbers: https://t.co/EjReX0Ovte pic.twitter.com/66VnQU6ko6
El congresista Jim McGovern, uno de los que apoyó la solicitud, habló con la Agencia Anadolu y aseguró que además de sugerir y apoyar el recorte financiero a la ayuda directa que recibe la Policía colombiana, está enfocado en evitar que el dinero de los contribuyentes estadounidenses sea utilizado para “dañar a los colombianos” que ejercen su derecho a protestar.
“Hemos alentado a la Administración de Biden a enviar una señal contundente al Gobierno colombiano de que estamos muy preocupados por lo que está sucediendo. Sugerí que suspendamos la asistencia de seguridad a Colombia, y ahora quiero asegurarme de que nada de nuestro dinero se vaya a la Policía Nacional, ya que se ha utilizado de la manera que hemos visto en los videos cuando la Policía está provocando a manifestantes inocentes y pacíficos”, dijo McGovern.
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Los representantes estadounidenses Albio Sires (D-N.J.) Y Joaquin Castro (D-Texas) también están presionando al gobierno de Biden para que controle la violencia política en Colombia.
“Nos preocupan profundamente los informes de decenas de desapariciones durante la represión de los manifestantes en Colombia. Hacemos un llamado al presidente Duque y al gobierno colombiano a que investiguen a fondo cada caso para localizar a los desaparecidos y reunirlos con sus familias “, dijeron la semana pasada en un comunicado.
Cuatro puntos claves
El proyecto del Subcomité de la Cámara de Apropiaciones, que debe ser aprobado primero por el Comité de Apropiaciones y luego ser ratificado por el Congreso, señala cuatro condiciones para la entrega de la asistencia.
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Una, es que la Jurisdicción Especial de Paz y otras autoridades judiciales avancen en el juzgamiento de responsables de violaciones de derechos humanos. Segundo, que el Gobierno prevenga más ataques contra defensores de DDHH, periodistas y otros actores de la sociedad civil; en tercer lugar piden medidas para proteger a indígenas y afrodescendientes y finalmente que policías y miembros del Ejército que se cree han participado en ejecuciones extrajudiciales, violaciones serias a los derechos humanos, interceptaciones sean investigados y llevados ante la justicia, además de retirarlos de sus cargos.
Esa condición ya existía en el caso de los recursos para el Ejército, pero ahora se extiende para que cobije también a la Policía Nacional. “Quieren garantías más concretas de que se va a reformar la policía y que va a haber mecanismos que aseguran que no se van a repetir este tipo de violaciones”, concluyó Sánchez-Garzoli.