“Dinero hoy o sangre mañana”. Esa fue la premisa con la que algunos líderes europeos llegaron a Bruselas para decidir sobre el uso de los recursos rusos congelados a favor de Ucrania. “Creo que todos deben estar a la altura de las circunstancias”, agregó el primer ministro polaco, Donald Tusk, quien dijo que no solo se refería al futuro de Kiev, sino al de Europa entero. En cambio, otros países, como Bélgica, llegaron al debate con reparos y con temor a la reacción de Rusia, en momentos críticos para los ucranianos. El presidente Volodímir Zelenski dijo que es urgente conseguir nueva financiación, pues el Estado se enfrenta a un déficit de 45.000 a 50.000 millones de euros para el próximo año, lo cual, según dijo, haría que se cortara la producción de drones en medio de la guerra, justo cuando está bajo la presión de ceder territorio y actuar ante el afán de Estados Unidos de lograr un acuerdo de paz.
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La discusión no es sencilla y el tiempo corre, tanto así que Ucrania podría quedarse sin dinero a partir del primer trimestre de 2026. Las opciones son pocas: que la Unión Europea solicite un préstamo, para lo cual se necesita unanimidad, pero se sabe que Alemania y Hungría se muestran reacios a eso, o recurrir a los activos congelados del Banco Central ruso, que también tiene sus detractores. Y es que unos 210.000 millones de euros de los 300.000 millones en activos congelados están bajo la jurisdicción de los Estados miembros del bloque, pero la mayor parte de ellos (180.000 millones de euros) la tiene una organización llamada Euroclear, en Bélgica.
Entonces, la propuesta de usar los recursos rusos es comprensible, al menos desde una perspectiva política, afirmó Vladimir Rouvinski, profesor de la Universidad ICESI, pues permite sostener a Ucrania sin recurrir directamente al bolsillo de los contribuyentes europeos y, en cambio, se usarían los recursos del país agresor para ello. Ahora bien, aunque es una idea viable, no es una solución sostenible a largo plazo: por un lado, los recursos no son infinitos. Por el otro, el uso de activos rusos congelados no tiene precedentes y los retos que eso conllevaría no son menores e irían mucho más allá de las hostilidades entre Kiev y Moscú.
Un problema más es que eso quiebre la economía belga, en caso de que alguna corte o un mecanismo de arbitramento internacional le exija devolver los recursos a Rusia. En palabras del internacionalista Jesús Agreda Rudenko, “es fácil para algunos líderes proponer esto cuando no es su economía la que está en riesgo”, pero también se podrían erosionar los principios básicos del sistema financiero internacional, como la protección de la propiedad estatal y la previsibilidad jurídica, además de que se tendría que convencer a la comunidad internacional de que sería una medida de emergencia y no algo para financiar una guerra prolongada.
Para Rouvinski eso no es lo único: la confiscación de activos sin una base legal internacional clara podría sentar precedentes impugnables ante tribunales y, además, perjudicar el principio del Estado de derecho, pilar de la Unión Europea. En el ámbito financiero existe el riesgo de dañar la percepción de la zona euro como un espacio seguro para las reservas soberanas, lo que podría incentivar a que terceros países diversifiquen fuera de allí por temor a decisiones motivadas políticamente.
La noche llegó a suelo europeo sin un acuerdo preciso sobre el tema, al menos para la hora del cierre de esta edición, pero durante la jornada sí se evidenció la preocupación de Bruselas de quedar expuesta a riesgos legales y financieros. De momento, se supo que Rusia presentó una demanda contra Euroclear para tratar de recuperar su dinero, además de que el Banco Central ruso advirtió en un comunicado que, “con relación a los continuos intentos de confiscar y usar ilegalmente” sus activos, emprendería acciones legales para “reclamar daños y perjuicios a los bancos europeos”, exigiendo no solo el valor de los “activos retenidos ilegalmente”, sino también el “lucro cesante”. Ahora bien, un borrador del texto de la cumbre presentado el jueves, citado por The Guardian, prometía “plena solidaridad” y reparto de riesgos con los países e instituciones financieras.
En paralelo a ello, las autoridades ucranianas confirmaron que el fondo de inversión conjunto entre Estados Unidos y Ucrania, conocido como el acuerdo sobre minerales, comenzará a funcionar a principios del próximo año. Además, delegados de Kiev se dirigen a suelo estadounidense para discutir los esfuerzos de paz, en una cita prevista para el 19 y el 20 de diciembre. Allí hablarán de los puntos estipulados en la propuesta, las garantías de seguridad y la reconstrucción. La propuesta de Trump contempla el tema del uso de los recursos rusos congelados, pero no como un mecanismo de apoyo a Ucrania, sino como una ficha de negociación con Rusia. Para Rouvinski, “eso es más un mecanismo de presión y compensación estratégica, que un compromiso financiero con Kiev”.
Aun así, al menos para Agreda Rudenko, esa parece ser la única opción para el corto plazo, pues Ucrania no solo se enfrenta a un gran esfuerzo bélico, sino que debe mantener la red eléctrica y toda la infraestructura necesaria para soportar el invierno, lo que aumenta la dependencia de la ayuda internacional. El panorama es complicado: el apoyo de Estados Unidos se ha reducido en los últimos meses y no es seguro que la Unión Europea logre el consenso necesario para aportar los fondos que Kiev necesita directamente.
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