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El Tribunal Supremo británico comenzó a analizar la legalidad del proyecto independentista en Escocia, cuyo gobierno regional pretende convocar un segundo referéndum de autodeterminación en 2023, pese a la oposición de Londres.
Cinco jueces, encabezados por el presidente del Tribunal Supremo, Robert Reed, iniciaron dos días de vistas en Londres escuchando los argumentos de la Lord Advocate, Dorothy Bain, representante legal del ejecutivo autónomo de Escocia. “La política del gobierno escocés defiende que se organice un referéndum legal”, aseguró esta última.
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El Partido Nacional Escocés (SNP), liderado por Nicola Sturgeon, que gobierna esta nación británica de 5,5 millones de habitantes, quiere organizar una votación consultiva con la pregunta: “¿Debe Escocia ser un país independiente?”.
Escocia ya celebró un referéndum soberanista en 2014, en el cual el 55 % votó a favor de permanecer en el Reino Unido. Sin embargo, en aquella ocasión contaba con el acuerdo del gobierno conservador británico de David Cameron, a diferencia de ahora, que choca con la oposición de la primera ministra, Liz Truss. Como su predecesor, Boris Johnson, ella defiende que este tipo de consultas solo se pueden permitir “una vez en una generación”.
En 2014, el principal argumento contra la secesión fue que esta dejaría a Escocia fuera de la Unión Europea. Pero, paradójicamente, dos años más tarde, el referéndum sobre el Brexit, contra el que votó el 62 % de los escoceses, acabó sacando a la región del bloque comunitario, precisamente por haber permanecido en el Reino Unido.
Argumentando que esto cambió completamente la situación, Sturgeon proyecta una nueva convocatoria para la que ya fijó fecha: el 19 de octubre de 2023. Ante la negativa de Londres, que domina el parlamento nacional de Westminster, quiere hacerlo bajo la cobertura de una legislación aprobada a tal efecto por la cámara regional escocesa. Eso es precisamente lo que deberán determinar los jueces de la más alta jurisdicción del país: si Escocia tiene capacidad para legislar al respecto.
“Si Westminster tuviera algún respeto por la democracia escocesa, esta vista judicial no sería necesaria”, lanzó Sturgeon el lunes en el congreso del SNP en Aberdeen.
“Derecho legítimo, soberano”: los alegatos de los escoceses
El SNP ganó las legislativas de 2021 con la promesa de celebrar una consulta legal sobre la independencia, una vez superada la pandemia de Covid-19.
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Los sondeos muestran ahora a la opinión pública en Escocia casi dividida por igual a favor y en contra de separarse del Reino Unido, principalmente con el anhelo de volver a entrar en la Unión Europea. El gobierno escocés afirma disponer de un marco legal que autoriza dicha votación.
“Ningún primer ministro, ningún gobierno en Londres, puede frustrar el derecho legítimo, el derecho soberano, del pueblo de Escocia a opinar sobre su futuro”, defendió el líder del SNP en Westminster, Ian Blackford, en declaraciones a Times Radio. Sin embargo, el ejecutivo británico defiende, como ya ocurrió en el 2017 en España con el proyecto independentista catalán, que Escocia no puede actuar unilateralmente en un asunto que le concierne a todo el país.
Para evitar un conflicto mayor, los nacionalistas escoceses prometen organizar una votación puramente consultiva. Sin embargo, muchos en Londres, incluido el diario conservador The Times, lo describen como un “truco legal”, ya que si se impusiera el sí a la independencia por una importante mayoría, Westminster se encontraría bajo una gran presión para autorizar el proyecto.
Las vistas se prolongarán hasta el miércoles, pero el fallo del Tribunal Supremo no debería anunciarse antes de un mes y medio, o dos. Y si la justicia no le da la razón, el SNP planea convertir las próximas legislativas regionales, previstas en 2024, en un plebiscito de facto, haciendo campaña sobre una única cuestión, como ya lo hicieron los independentistas catalanes en España en el 2015.
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