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El feto con 27 semanas de gestación de una migrante iraquí fue enterrado el martes en Bohoniki, en el este de Polonia. Fue la cuarta tumba excavada para víctimas de la crisis migratoria en el pequeño cementerio musulmán de esta localidad.
Solamente dos miembros de la comunidad local y el imán acompañaron al pequeño ataúd blanco hasta la tumba, en tanto la primera nevada cubría los campos de los alrededores. Una pequeña placa funeraria de color blanco tenía inscrito un nombre: Halikari Dhaker.
La madre del feto se encuentra grave internada en un hospital de la región, en tanto el padre y sus cinco hijos están alojados en un centro para refugiados en Bialystok (este). El grupo familiar fue encontrado por voluntarios polacos el 12 de octubre pasado en los fríos y húmedos bosques de la zona fronteriza, cerca del poblado de Narewka (este).
“Los niños estaban sentados muy calmos junto a su madre, que gritaba sin parar. Su padre, retorciéndose las manos, pedía ayuda”, indicó al diario Gazeta Wyborcza uno de los voluntarios, Piotr Matecki.
En total, al menos once personas han muerto de ambos lados de la frontera, al intentar acceder a la Unión Europea (UE) desde Bielorrusia. El miércoles, la ONG Human Rights Watch declaró que Bielorrusia y Polonia son culpables de “graves violaciones de los derechos humanos” contra migrantes y personas que solicitan asilo en su frontera común. Según su informe, los dos gobiernos “tienen la obligación de impedir nuevas muertes, garantizando un acceso humanitario constante a las personas bloqueadas en esta zona fronteriza”.
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Los investigadores de HRW indican que mantuvieron encuentros con 19 personas cuyos testimonios muestran que algunas de ellas fueron “obligadas a retroceder, a veces violentamente, por los guardias fronterizos polacos”.
HRW subraya que estos rechazos, “violan el derecho de asilo previsto por la ley europea” y por ello pide a la Unión Europea (UE) que “comience a mostrar solidaridad con las víctimas a ambos lados de la frontera, que sufren y mueren”.
“Bielorrusia creó esta situación sin preocuparse de las consecuencias humanas y Polonia comparte la responsabilidad del sufrimiento agudo en esta zona fronteriza”, declaró en un comunicado Lydia Gall, experta para Europa y Asia central en HRW.
En Bielorrusia, prosigue la ONG, la “violencia, el trato inhumano y degradante, así como la presión ejercida por los guardias fronterizos bielorrusos son algo habitual”. Estos comportamientos han llegado “en algunos casos a ser actos de tortura, lo que implica una violación de las obligaciones jurídicas internacionales de Bielorrusia”. Sin embargo, Polonia no está excenta de responsabilidad.
El informe señala que tres personas acusaron a los guardias fronterizos polacos de haber separado a sus familias, incluyendo a padres de sus hijos, llevando al hospital a quien necesitaba cuidados y expulsando a Bielorrusia al resto.
Gall pidió a los dos países que “pongan fin a estos rechazos que son una especie de ping-pong y permita a los observadores independientes, sobre todo a periodistas y defensores de derechos humanos, acceder a estas zonas”.
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Según informaciones publicadas por la prensa, al menos 11 personas murieron a ambos lados de esta frontera en las últimas semanas.
La UE y Estados Unidos acusan a Bielorrusia de orquestar la crisis migratoria, en respuesta a las sanciones europeas contra el presidente Alexander Lukashenko, que lleva casi tres décadas en el poder. El dirigente fue reelegido en 2020 en una comicios controvertidos que se vieron seguidos de multitudinarias manifestaciones opositoras violentamente reprimidas. Según Bielorrusia en estos momentos hay unos 7.000 migrantes en su territorio.
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