Pedro Sánchez, “el inmortal”, repite como presidente de España (Opinión)

Pedro Sánchez (i) promete su cargo de presidente del Gobierno ante el rey Felipe VI (d) y un ejemplar de la Constitución, este viernes en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela en Madrid.

Foto: EFE - Ballesteros

De forma temeraria para unos, y visionaria para otros (que han acabado acertando), Pedro Sánchez convocó de inmediato elecciones para julio, no tanto respondiendo al desafío de las derechas —que pasaron a exigir elecciones inmediatas—, como intuyendo la reacción de rechazo que el electorado español y el consiguiente efecto movilizador que tendría para ellos el hecho de ver los primeros pasos de los recién formados gobiernos municipales y autonómicos del PP. En ellos, por primera vez en la historia de la democracia española, entraban a un gobierno cargos de extrema derecha de VOX, poniendo en práctica el “Manual de Estilo” de Steve Bannon, tal y como se ha hecho en Estados Unidos con Trump, en Brasil con Bolsonaro, en Hungría con Orban, y —esperemos que no— como se quiere hacer en Argentina con el rey de la motosierra, Milei.

Medidas tan delirantes como prohibir obras de teatro de Virginia Wolf por tratar temas de homosexualidad, vetar la película de Pixar Buzz Lightyear porque en la misma se daban un beso dos mujeres, proponer que las mujeres que querían abortar escucharan antes el latido del feto o rechazar los minutos de silencio por asesinatos machistas… no han pasado desapercibidas entre los españoles, dando casi un millón y medio de votos más a los partidos que no han comulgado con esas ideas, que, por resumir, han sido todos menos PP y VOX (más 1 solitario diputado de UPN), organizaciones que (los españoles tampoco lo han olvidado), recurren, en pleno 2023, la ley del matrimonio gay, la ley del aborto, e incluso la de la eutanasia…

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Investidura fake de Feijóo

El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, a pesar de saber que le era imposible lograr la mayoría necesaria, dilató todo lo posible el proceso de proclamación de nuevo gobierno, al presentarse a una investidura que tuvo más de autoafirmación como líder en su partido (la presidenta madrileña Ayuso está a su acecho) y de ataque a la izquierda ante unas posibles (aunque muy improbables) nuevas elecciones. Se le escucharon peticiones tan delirantes como que, al ser el partido más votado “tenía el derecho a formar Gobierno” (olvidando que eso lo deciden las mayorías parlamentarias), mientras, simultáneamente, obviaba esa misma propuesta en Ayuntamientos y Gobiernos Autonómicos en los que, sin ser el partido más votado, pero sí el que más apoyo había obtenido, accedía al poder, como es lógico y democrático.

A pesar de que la economía española es la que más crece entre “los grandes” de la Unión Europea, de que hay récord histórico de empleo, de que lidera los niveles más bajos de inflación, de que el gobierno progresista ha elevado el salario mínimo de 736€ con Rajoy a 1.080€ con Sánchez, de que ha subido en 2023 las pensiones de jubilación un 8,5 % o de que ha aprobado una reforma laboral con el beneplácito de sindicatos y empresas (a todo ello la derecha votó no sistemáticamente), se podría decir que poco se han valorado o debatido sobre estos temas tan esenciales, por no hablar de sanidad o educación…

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Tres grandes ejes de debate: amnistía, amnistía… y amnistía

El monotema ha sido la ley de amnistía, que el PSOE ha tenido que pactar con los nacionalistas catalanes (ERC y Junts, este último partido con su líder, Carles Puigdemont, huido de la justicia desde 2017), a cambio de sus votos afirmativos en la investidura.

Por poner en contexto: Catalunya lleva décadas siendo el gran punching-ball al que la derecha dedica sus mejores golpes, ya que allí apenas tiene representación, pero esa táctica le sirve para enardecer a sus votantes del resto del país. En 2006 se aprobó un nuevo Estatuto de Autonomía de Catalunya con el sí del 73,9 % de los votantes catalanes, que el PP bloqueó, generando el caldo de cultivo del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, y de la fortísima contestación social tras la dura represión policial de esa votación sin valor legal, por parte del Gobierno Popular, una rebelión que, con distintas intensidades, fue seguida por la mitad de la población, y que generó una grave e irresponsable fractura social entre los catalanes.

Las decisiones ilegales de los dirigentes independentistas fueron castigadas con penas de cárcel, y los disturbios generalizados en toda Catalunya y los fraudes de dinero público para organizar el referéndum dieron lugar a centenares de acusaciones aún pendientes de juicio.

Durante estos años de Gobierno de Pedro Sánchez, se indultaron a los políticos catalanes presos (con el consiguiente escándalo y predicciones apocalípticas de la derecha, como ahora, que quedaron en nada), generando un gran descenso en la crispación en Catalunya y entre los catalanes (buena prueba de ella han sido los recientes resultados electorales, en los que el independentismo ha bajado, y en los que el Partido Socialista de Catalunya ha sido claro vencedor, demostrando que los catalanes apoyan claramente ese tipo de decisiones).

Así las cosas, se llega a esta propuesta de amnistía, una ley que es legítimamente discutible, sobre la que tendrá que opinar el Tribunal Constitucional, y que había sido negada por Sánchez durante la campaña electoral (bienvenidos a la Tierra: los políticos en campaña no dicen siempre toda la verdad… Por otra parte, eso es algo que tendrían que afearle sus votantes, conviniendo también aclarar que una votación oficial entre afiliados socialistas, hace pocos días, arrojó un 87,13 % de votos a favor de esos pactos y decisiones).

Esta amnistía, que va a eliminar los procesos pendientes para los responsables de los disturbios y demás desmanes económicos en toda Catalunya durante y tras las sentencias del llamado ‘Procès’, también afectará a los policías y sus jefes encausados, que actuaron sin medir la violencia, reprimiendo a ciudadanos que tenían como única arma en la mano un sobre con un voto. Para la derecha esta medida rompe la separación de poderes y afecta gravemente al poder judicial (el mismo que está bloqueado hace cinco años, al negarse el PP a renovarlo según las nuevas mayorías parlamentarias, tal y como dice la Constitución).

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“España se rompe”

Esta ley de amnistía ha sido el monotema del debate de investidura. El Partido Popular, como viene haciendo desde 1978, siempre y cuando no gane las elecciones, ha empezado a augurar que “España se rompe” (frase recurrente de Fraga, Aznar, Rajoy, el anterior líder Pablo Casado, y ahora por supuesto Feijóo…Como chiste se suele decir que si hubiera algo de verdad en ello, tras 45 años de decirlo, España tendría que llamarse Micronesia).

Mientras, sus socios de VOX han pasado, presuntamente, a animar (al más puro estilo Trump en la toma del Congreso) a sus distintos grupúsculos, muchos de ellos de ideología neonazi, neofranquista y ultracatólica, a acosar las sedes socialistas, lo cual están haciendo durante días, y aún siguen ahí.

Más hechos inéditos en la democracia española: PP y VOX llamando, a coro, a un Gobierno salido de unas votaciones limpias: ilegítimo, golpista, ilegal, ganador corrupto…. La guinda la ha puesto la presidenta de la Comunidad Madrileña, Isabel López Ayuso, llamando “hijo de puta” a Pedro Sánchez, desde la tribuna de invitados del Congreso.

El abrazo del oso de VOX al PP

Se dice en los pasillos del Congreso que, aunque lo necesite para completar mayorías, VOX está dando “el abrazo del oso” al PP, ya que le convierte en un partido rechazable para todo el resto del arco parlamentario mientras siga asociado a la extrema derecha (ayer quedó claro en las votaciones de investidura).

Como ha dicho uno de los parlamentarios más brillantes, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban: “Sr. Feijoo, al PP no le faltan cinco diputados para la mayoría, le sobran los 33 de VOX”.

Era fácil despejar la amnistía de la ecuación

A pesar de todo el ruido generado por la derecha, haciendo de la ley de Amnistía el tótem de su campaña apocalíptica, o asegurando que es la prueba de que los independentistas dirigirán el país, el Partido Popular tenía muy fácil librar a España de esa hipoteca (siguiendo su argumento), ya que con la abstención de una parte de sus diputados durante la investidura habrían hecho innecesario ese presunto empoderamiento de los ‘”ndepes catalanes”.

En ningún momento esto ha estado encima de la mesa, olvidando que, por ejemplo, en 2016 el Popular Mariano Rajoy fue investido presidente gracias a la abstención de 68 diputados socialistas, para no volver a repetir elecciones. Todo depende del cristal con el que se mire lo de “defender la patria”, claro.

Nada de legislatura triunfal

No todo va a ser un camino de rosas para el Gobierno de coalición PSOE-Sumar, ya que, pese a que cuenta incluso con 12 votos afirmativos más que hace cuatro años, los partidos que le han apoyado en la investidura son más numerosos y van a ser aún más exigentes, llevando sus peticiones al límite, y dificultando la aprobación de leyes, presupuestos, propuestas. Eso, en cuanto a sus presuntos socios, porque en el otro lado del hemiciclo, no va a haber novedades, la derecha votará no a todo, como en los últimos cinco años, y seguirá elevando la crispación hasta límites que ya se han vuelto peligrosos incluso a nivel de calle. Con todo este coctel, está por ver que se puedan agotar los cuatro años de legislatura.

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