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Una nueva ley de seguridad impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, podría bloquear los esfuerzos de los ciudadanos por documentar casos de brutalidad policial, un problema que afecta especialmente a las minorías en el país.
El proyecto de ley, que se debate en el Parlamento, plantea que quienes publiquen videos de abusos policiales en internet puedan enfrentar una condena de hasta un año de prisión y una multa de 45.000 euros (US $ 53.000).
Esta propuesta busca responder a las demandas de los sindicatos policiales que ven con temor la difusión de estos videos en línea. Estos aseguran que las imágenes que se divulgan ponen en riesgo la vida de los uniformados, pues una vez se identifican los rostros de los policías comienzan a llegarles amenazas a ellos y a sus familias.
Los sindicatos afirman que también condenan la brutalidad policial y la violencia de los oficiales, pero están en contra de la difusión de estas imágenes cuando se utilizan para causar “daño física o psicológicamente”.
Pero el proyecto, que ha desatado una ola de manifestaciones en todo el país, ha encontrado resistencia incluso en el propio gobierno de Macron. La defensora del pueblo de los derechos humanos en Francia, Claire Hedon, ha señalado que esta ley implica “riesgos significativos de socavar los derechos fundamentales” y le resaltó a la Asamblea Nacional que la democracia está notablemente afectada dado que la población “ya no confía en la policía”.
Los videos que registran casos de brutalidad policial han servido para evidenciar las malas conductas de las autoridades a nivel nacional. De hecho, en medio del debate sobre el controvertido proyecto salió a la luz pública un video en el que se registra una golpiza propinada por policías a un productor de música negro en París.
El juez de instrucción acusó a tres de los cuatro policías implicados en el hecho de “violencia voluntaria por persona depositaria de la autoridad pública” y por “mentir en escritura pública” sobre su actuación, como pedía la fiscalía de París.
En el video divulgado el jueves, grabado por cámaras de seguridad del estudio de música, se ve a los policías golpeando al productor Michel Zecler, hecho calificado de “vergüenza” por el presidente Macron.
El mandatario convocó este lunes al gabinete de ministros y a líderes parlamentarios para una reunión de crisis para plantearse rápidas “sugerencias para restablecer la confianza” entre policía y población, de acuerdo con fuentes gubernamentales.
Este mismo lunes el ministro del Interior, Gerald Darmanin, responderá a preguntas de una comisión parlamentaria sobre la nueva ley de seguridad, que restringiría la publicación de imágenes de policías en servicio, ya sea por parte de la prensa como de usuarios de redes sociales.
El policía sospechoso de haber lanzado una granada lacrimógena en el estudio del músico donde se produjo la agresión ha sido inculpado por “violencia voluntaria” al productor musical así como contra otros nueve jóvenes que se encontraban en el sótano del estudio.
La fiscalía había pedido la detención provisional de los tres primeros y un control judicial para el cuarto, pero el juez decidió encarcelar a dos y dejar a otros dos bajo tal control.
Los abogados de tres de ellos, Anne-Laure Compoint (que defiende a dos) y Jean-Christophe Ramadier (que defiende a uno) rechazaron comentar la decisión del juez.
“Golpes injustificados”
Los tres principales acusados admitieron ante la policía especial que “los golpes no estaban justificados y que habían reaccionado principalmente por miedo”, según el fiscal. Invocaron “el pánico” por el sentimiento de estar atrapados en la entrada del estudio de música de Zecler, que se resistía, según ellos.
En cambio, negaron “haberle dirigido palabras racistas”, como asegura Zecler, que declaró que lo habían tratado de “sucio negro”, un insulto del que también fue objeto “uno de los jóvenes” presentes en el sótano del estudio. También refutan el carácter “mentiroso de la declaración”.
Este caso, que salió a luz gracias a la difusión de los videos grabados por cámaras de seguridad del local, parece haber dado argumentos a los opositores a la ley de seguridad global. Es uno de los tantos documentos gráficos que han ayudado a mostrar a que la brutalidad policial en Francia no pase desapercibida.
“Si queremos mejorar la confianza del público en la policía, no pasa por ocultar la verdad”, dijo Amine Bentounsi, cuyo hermano fue asesinado por un policía en 2012. En marzo de este año, Bentousi lanzó una aplicación para celulares llamada Emergencia-Violencia Policial, cuyo objetivo es registrar los abusos y llevar los casos de brutalidad a los tribunales.
Más de 130.000 personas se manifestaron el sábado, según el ministerio del Interior, para protestar por esta ley en toda Francia. En París se produjeron enfrentamientos violentos con las fuerzas de seguridad.
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