“Fascista totalitario” y “tirano y traidor al pueblo de España” fue la forma con la cual Elon Musk se expresó sobre el presidente Pedro Sánchez, quien está impulsando un proyecto para, entre otras cosas, prohibir el acceso a las redes sociales para menores de 16 años. Esto, que necesita el visto bueno del Legislativo, sigue la línea que otros países, como Australia, han marcado con respecto al uso de las plataformas digitales. A la par, eleva la pregunta sobre si el enfoque prohibicionista es el más adecuado para ello y acerca de qué harán los jóvenes que sean expulsados de esos espacios, si se tiene en cuenta que ocho de cada diez estudiantes acceden a su primer celular a los 11 años y que casi todos los jóvenes de entre 10 y 20 años están registrados en alguna red social (92,5 %), según un informe publicado en noviembre.
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Aún no se conocen muchos detalles al respecto, solo que, según Sánchez, las plataformas deberán exigir sistemas eficaces de verificación de la edad, pero no hay certeza sobre cómo funcionará eso. Lo que sí expresó es que se modificará la legislación en España para que los directivos de las plataformas sean legalmente responsables de las violaciones que ocurran en las redes sociales, además de que se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenidos ilegales.
España, Francia, Dinamarca, Grecia e Italia lideran el debate en la Unión Europea para imponer una edad mínima para el acceso a ellas, con París y Copenhague diciendo que debe ser de 15 años. La falta de consenso entre los países miembros del bloque ha evitado que se legisle en ese sentido, pero Bruselas no demoró en responder frente a la postura de España. De hecho, a través de un portavoz, advirtió que cualquier ley que se apruebe a nivel nacional para excluir potencialmente a los menores del acceso a las redes sociales “no debe imponer obligaciones adicionales a las grandes plataformas”.
Carolina Botero, abogada que desde hace más de 20 años trabaja en el tema de derechos y tecnología, recuerda que antes muchos defendían la idea de que cuando las redes sociales funcionaban como simples intermediarios, la responsabilidad no caía sobre ellas, sino en los usuarios que aportaban el contenido. Sin embargo, ahora que se han establecido riesgos frente a los niños y adolescentes, sabiendo, por ejemplo, del impacto que ellas tienen sobre la salud mental, es claro que se requieren regulaciones. Según ella, se debe hacer de tal manera que existan directrices claras y directas para marcar esa responsabilidad. Eso puede ser más evidente en casos como el de la inteligencia artificial de X (Grok), la red social de Musk que está siendo investigada por la Unión Europea por la producción de imágenes sexualizadas de niños y mujeres.
En medio de ello, la prohibición no le parece la mejor estrategia, pues ignora los riesgos adictivos de las plataformas y los que se desprenden del funcionamiento “perverso” de los algoritmos (a partir de lo viral). Además, el caso de Australia muestra que se ha dado paso a la creación de espacios vigilados y de mecanismos de autenticación, como la biometría, que traen sus propias implicaciones, sin olvidar que se han creado perfiles falsos y cuentas conjuntas entre los jóvenes y sus padres, a pesar de que las empresas enfrentan multas de hasta USD 32 millones por infracciones graves o reiteradas.
Algo de eso también menciona Catalina Moreno, codirectora de la Fundación Karisma: “La aproximación desde la prohibición y el miedo es equivocada. En Australia se han documentado formas en las que los adolescentes se la están saltando, poniéndose aún más en riesgo: estafas para la compra de cuentas de adultos y uso de VPN”. A su criterio, esto debe incluir más conciencia sobre las implicaciones y que las compañías asuman compromisos de sensibilización, así como mecanismos de reparación (cuando sea necesario).
En todo caso, Jerónimo Ríos, profesor de ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid, cree que el plan de Sánchez busca proteger a los jóvenes de contenidos que han generado una cierta cotidianidad alrededor de la violencia y la sexualización, incluso alrededor de la normalización de los delitos de odio, los cuales radicalizan a la sociedad: “Se trata de regular un contexto que es profundamente anárquico, en el que basta solo un clic, sin ningún tipo de cortafuego, para acceder a contenidos que dificultan el fomento de valores democráticos”.
Él sabe que este tipo de legislación, aunque toma tiempo, es necesaria, teniendo en cuenta que la Unión Europea ha querido formar cierto contrapoder y que estos esfuerzos no ocurren en el vacío: recientemente, la policía de París registró las instalaciones de X en Francia, y los fiscales citaron a Musk como parte de una investigación de un año sobre la plataforma. En paralelo, el organismo regulador de datos del Reino Unido dijo que está investigando si X cumplió la normativa sobre datos personales, en medio de acusaciones de que Grok difundió deepfakes sexuales.
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