El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró este jueves que la ley de amnistía española que afectó al proceso independentista catalán es conforme al derecho comunitario, porque “tiene por objeto reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación”.
Esta decisión marca ahora el camino al Tribunal Constitucional español, cuya sentencia será determinante para el posible regreso a España del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Carles Puigdemont, ya que tiene que dilucidar si el Tribunal Supremo debe amnistiarle por el delito de malversación.
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La corte con sede en Luxemburgo resolvió hoy, en primer lugar, la cuestión prejudicial que le planteó el Tribunal español de Cuentas sobre si amnistiar la responsabilidad contable de los gastos del proceso independentista pondría en riesgo las finanzas europeas, una posibilidad que el TJUE descartó.
El tribunal respondió “negativamente” a esa cuestión porque “no puede considerarse que los intereses financieros de la Unión se vean afectados por la mera disminución de la renta nacional bruta que podría potencialmente derivarse de la secesión de una parte del territorio nacional”, según su sentencia.
Además, esta corte determinó que la ley de amnistía “no menoscaba” la directiva europea antiterrorismo, ya que la norma española excluye aquellos delitos de terrorismo en el contexto del proceso independentista catalán que causaran perjuicios graves.
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Tras conocerse la sentencia, el líder de la izquierdista ERC, el independentista catalán Oriol Junqueras, reclamó la aplicación de la ley de amnistía y consideró que “ya no hay excusas”.
El presidente del gobierno autónomo catalán, el socialista Salvador Illa, pidió igualmente la aplicación “diligente e integral” de la ley de amnistía por parte de los tribunales, ya que “es hora de mirar hacia adelante”.
Por su parte, el Partido Popular, opositor al gobierno del socialista Pedro Sánchez, puntualizó que el fallo del TJUE es “un paso más” de un largo proceso judicial y no examina la constitucionalidad, ni la oportunidad política, ni dicta una sentencia sobre esta norma aprobada por el Parlamento español.
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El Congreso aprobó en 2024 la ley de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente en relación con el intento ilegal de independencia de Cataluña de 2017, tras un pacto entre el gobernante Partido Socialista (PSOE) y los propios independentistas catalanes.
Esa amnistía, recurrida judicialmente a varias instancias en España, debía beneficiar, entre otros, a los responsables del referéndum de autodeterminación catalán del 1 de octubre de 2017 y de la declaración unilateral de independencia posterior, ambos anulados por el Tribunal Constitucional español.
Por esos hechos, fueron condenados a prisión nueve líderes independentistas catalanes en 2019, mientras que el expresidente catalán, Carles Puigdemont, artífice principal del proceso independentista, huyó a Bélgica, donde reside actualmente, para eludir la acción de los tribunales españoles.
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