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Estados Unidos sancionó a tres importantes ONG palestinas, a las cuales acusó de apoyar los intentos de la Corte Penal Internacional (CPI) de procesar a ciudadanos israelíes. El gobierno del presidente Donald Trump ha dicho que el tribunal es una amenaza para la seguridad nacional estadounidense, así como que está siendo utilizado como instrumento de guerra legal contra Estados Unidos y su estrecho aliado, Israel.
Las ONG Al-Haq, Al Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (CPDH) “han participado directamente en los intentos de la Corte Penal Internacional para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos israelíes sin el consentimiento de Israel”, señaló el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
Las sanciones congelan todos los activos que estas ONG tienen bajo jurisdicción de Estados Unidos, y prohíben cualquier transacción financiera con ellas.
Ni Estados Unidos ni Israel son miembros de la CPI, el tribunal permanente con sede en La Haya responsable de procesar y juzgar a las personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Cabe resaltar que, en los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado las sanciones contra jueces y fiscales de dicho tribunal internacional. “Nos oponemos a la agenda politizada, a sus extralimitaciones y su desprecio por la soberanía de Estados Unidos y la de nuestros aliados”, afirmó Rubio.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, consideró la medida contra las ONG “completamente inaceptable”. A través de su pronunciamiento, agregó: “Durante décadas, ellas han realizado una labor vital en materia de derechos humanos, en particular con respecto a la rendición de cuentas por las violaciones” a aquellos derechos en los territorios palestinos.
“La decisión del gobierno de Trump [...] constituye un ataque profundamente preocupante y vergonzoso contra los derechos humanos y la búsqueda global de justicia”, señaló, por su parte, Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional.
La CPI está en la mira de Washington tras emitir órdenes de captura contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Gaza.
El tribunal también emitió órdenes de arresto contra tres altos dirigentes de Hamás por el atentado del 7 de octubre de 2023 en Israel, que desencadenó la actual guerra en Gaza. Estos tres líderes fueron abatidos por Israel desde entonces.
Bajo el asedio israelí, Gaza vive una crisis humanitaria catastrófica
Cabe recordar que en estos 23 meses de bombardeos y ataques, al menos 21.000 niños gazatíes han quedado con algún tipo de discapacidad, según el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Además, se han escuchado acusaciones de expertos de la ONU acerca de que el Estado israelí está cometiendo desapariciones forzadas en los sitios de ayuda humanitaria. La investigación reveló que los extravíos han sucedido precisamente cuando “palestinos hambrientos” acuden a recoger alimentos en los puntos de distribución administrados por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una organización de ayuda controvertida respaldada por Israel y Estados Unidos.
Por otra parte, desde inicios de septiembre, en el país se han multiplicado las manifestaciones de los familiares de los rehenes en poder de Hamás, quienes le exigen al gobierno de Benjamin Netanyahu que detenga la ofensiva contra Gaza. El Ejército israelí advirtió que, si los ataques continúan, es muy probable que los secuestrados fallezcan.
Desde el inicio de la guerra, se cuentan más de 62.000 víctimas mortales en el enclave palestino, mientras que más de 500.000 sufren de hambruna severa. Este último hecho fue calificado por la ONU como un fracaso humanitario y un crimen de guerra.
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