El ala militar de Hamás se atribuyó este martes la responsabilidad del tiroteo que mató el día anterior al menos a seis personas en Jerusalén. Poco después de que las Brigadas Qassam emitieron la declaración sobre ello, Israel lanzó el ataque contra los líderes del grupo islamista palestino en Doha, Catar, donde estaban considerando una propuesta de alto al fuego en la Franja de Gaza.
El comunicado de la organización, considerada terrorista por Israel y Estados Unidos, detalló que su brazo armado abrió fuego en una intersección de Ramot, anexada por Israel tras la guerra de 1967, zona considerada por los palestinos como un asentamiento en territorio ocupado.
El comunicado advirtió que la guerra de Israel en Gaza y su ocupación de tierras en Cisjordania serían respondidas con “la firmeza del pueblo y el valor de la resistencia”. También indicó que dos de sus combatientes murieron en el ataque y que su acción mató a siete personas, no a seis, como dijeron las autoridades israelíes.
De acuerdo con una declaración emitida por la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu, el hecho violento del lunes impulsó, en parte, la ofensiva israelí en suelo catarí, que recibió la condena de países como Turquía, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, entre otros más. De hecho, él, en compañía de su ministro de Defensa, Israel Katz, defendió la ofensiva: Hamás “no ha dejado de lanzar operaciones asesinas, incluida la responsabilidad por el asesinato de nuestros ciudadanos en el ataque terrorista en Jerusalén”.
Tras el tiroteo, las autoridades inspeccionaron y ordenaron la demolición de las casas de dos palestinos sospechosos del tiroteo en el cruce de Ramot, el cual también dejó 12 personas heridas. En consecuencia, Katz pidió imponer sanciones a los familiares de los hombres, así como a los residentes de sus ciudades, Qatanna y Qubeiba, al noroeste de Jerusalén, en Cisjordania.
Dichas sanciones incluyeron la demolición de toda estructura construida sin permisos y la revocación de 750 permisos de trabajo y de entrada a Israel. Según las autoridades, eso busca disuadir futuros ataques, pero los palestinos y algunos grupos de derechos humanos creen que eso equivale a una forma de castigo colectivo, lo cual está prohibido por el derecho internacional.
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