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El expresidente Alberto Fujimori y los otros inculpados, entre ellos tres exministros de Salud, “hicieron mucho daño con su política”, afirmó el fiscal Pablo Espinoza al presentar los cargos, en una audiencia virtual que contó con un traductor de lengua quechua porque algunas de las víctimas son indígenas que no dominan el español. El fiscal afirmó que los inculpados “jugaron con las vidas y la salud reproductiva de las personas, sin importarles el daño causado”.
Fujimori -quien cumple una condena de 25 años por violaciones a los derechos humanos-, no participó en la audiencia, pues solo está obligado a comparecer por casos incluidos en el proceso de extradición desde Chile, en septiembre de 2007.
¿Qué pasó?
Se estima que cerca de 300.000 peruanas fueron sometidas a cirugías de ligadura de las trompas, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que Fujimori llevó a cabo en sus últimos cuatro años en el poder. El expresidente, ahora de 82 años, gobernó Perú entre 1990 y 2000.
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“En muchos casos la esterilización se realizó en las peores condiciones, incluso mediante la aplicación de anestesia de uso veterinario para efectuar la ligadura de las trompas uterinas. Ni siquiera realizaban las operaciones en hospitales porque no hay en las provincias”, explicó María Elena Carbajal Cepeda, una de las miles de mujeres que fueron esterilizadas, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2019. Carbajal se convirtió en una activista de derechos humanos y actualmente preside la Asociación de Víctimas de la Esterilización Forzosa.
La mayoría de las víctimas eran indígenas de provincias, entre ellas una que tenía 19 años y que relató que cuando fue a vacunar a su bebé al consultorio, en 1997, le ligaron las tropas. También está el caso de una mujer que falleció en marzo de 1998 tras ser sometida a la misma intervención.
¿Quién aprobó las esterilizaciones?
En el segundo gobierno de Fujimori, el expresidente tenía mayoría en el Congreso, después del “autogolpe” de 1992, y pudo modificar las leyes para legalizar la esterilización e incluirla como un método de planificación familiar, indicó el fiscal.
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Pablo Espinoza agregó que el objetivo de la esterilización de la población más vulnerable era “reducir la pobreza” y para alcanzarlo el entonces Ejecutivo elaboró “todo un marco jurídico para evitar ser responsables” de eventuales complicaciones en la Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), como se le denominó oficialmente.
El personal de salud estaba coaccionado a cumplir o superar las metas de esterilizaciones y, a cambio, recibía incentivos, mientras que las mujeres agraviadas fueron amenazadas con que sus hijos ya no recibirían atención médica si se negaban, o les regalaban canastas de alimentos si aceptaban, añadió el fiscal.
¿En qué va el caso?
Entre los otros imputados figuran los exministros de Salud Alejandro Aguinaga (actual candidato al Congreso por el fujimorismo), Eduardo Yong Motta y Marino Costa Bauer. Hay otros dos exfuncionarios locales acusados. En el proceso, a cargo del juez penal Rafael Martínez Vargas, Fujimori y sus colaboradores están acusados de ser “autores mediatos de daños contra la vida y la salud, lesiones graves y violaciones graves de los derechos humanos” contra mujeres quirúrgicamente esterilizadas entre 1996 y 2000.
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Antes del inicio de la audiencia, el abogado de Costa, Humberto Abanto, pidió que la audiencia fuera suspendida porque el exministro viajó a Chile para ser sometido a una operación. Sin embargo, el juez Martínez rechazó su pedido porque el denunciado tenía pleno conocimiento de la fecha de la audiencia, y no se había provisto de los medios adecuados para enlazarse a la sesión remota, lo que puede ser considerado como desinterés de su parte.
El juez Martínez suspendió la audiencia después de cinco horas. Este martes el fiscal continuará con la sustentación de cargos y, a continuación, los abogados de los denunciados responderán con su defensa.
El magistrado dijo que llevaría adelante el juicio “sin afectar los derechos fundamentales de ninguna de las partes”. Además de las eventuales condenas a los inculpados, las damnificadas podrían ser indemnizadas por el Estado, en virtud de una reforma al Plan Integral de Reparaciones para víctimas del conflicto armado interno que vivió Perú entre 1980 y 2000. Con esta reforma, impulsada por la exlegisladora izquierdista Tania Pariona, el Estado peruano reconoció el derecho de las víctimas de esterilizaciones forzadas a recibir una reparación.
Este juicio puede demorar varios meses en finalizar, e incluso años.
Con información de Efe y Afp*