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La Organización de las Naciones Unidas ratificó que el colombiano, Iván Velásquez, continuará como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig). El anuncio se da al término del plazo de 48 horas dado por el Gobierno guatemalteco para que el organismo multilateral propusiera un reemplazo.
La canciller de Guatemala, Sandra Jovel, había enviado una nota diplomática al Secretario general de la ONU, Antonio Guterres en la que pedía una terna de candidatos para quedar al frente de la Cicig, pues la salida de Velásquez era irrevocable.
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Sin embargo, según adelantaron medios locales como La Hora, “el Secretario General concluyó que no encuentra razones para retirarle la confianza al comisionado Velásquez”.
Esta es la segunda vez que la ONU ratifica al jefe de la CICIG. El pasado 5 de septiembre Guterres le pidió al jurista colombiano que estuviera al frente de la entidad desde el exterior, luego de que el presidente Jimmy Morales prohibiera su ingreso al país y de que no acatara una orden unánime de la Corte de Constitucionalidad en la que se vetaba esta decisión.
Justo este miércoles la agrupación de Estudiantes Generando Conciencia, una colectividad de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad San Carlos de Guatemala, única universidad estatal del país, le envió una carta al secretario de la ONU “por la crisis generada por el Gobierno de Guatemala para entorpecer la lucha contra la corrupción”.
En la misiva, entre otros puntos, se pedía a Naciones Unidas desconocer la solicitud del Ejecutivo guatemalteco y “no tomar en cuenta” sus acciones, “ya que responden a intereses espurios del presidente, su rosca de poder y de las estructuras criminales que tienen cooptado al Estado”.
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“Recalcamos que el Gobierno del presidente Jimmy Morales carece de toda legitimidad para actuar, ya que no representa el interés nacional”, añade el documento.
Un profesor de la Universidad de San Carlos, que pidió que no se mencionara su nombre, le dijo a la Agencia Anadolu que Guatemala “está ad portas de un posible rompimiento del orden constitucional, ya que el Gobierno no acató una orden de la Corte de Constitucionalidad, donde ampara al comisionado Velásquez para que pueda regresar a territorio” nacional.
“El gobierno aprovechó una gira de trabajo del comisionado para que con una argucia legal se le prohibiese el ingreso al territorio nacional. Los fallos de la Corte no son discutibles, son de cumplimiento obligatorio para todos los funcionarios. El presidente Morales en un discurso hizo mención que no acataría ordenes ilegales, posiblemente adelantándose a lo que iba a decir la CC”, añadió el docente, que subraya que “la lucha es contra estructuras criminales de alto nivel”.
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A finales de agosto Jimmy Morales notificó que no se renovaría el mandato de la CICIG, que vence en septiembre del próximo año.
La medida del Gobierno se divulgó días después de que la Corte Suprema de Justicia de Guatemala enviara al Congreso de su país una solicitud de antejuicio contra Morales por el presunto financiamiento ilícito de su campaña presidencial, la cual se basa en una investigación de la Fiscalía General y de la CICIG.
La ONU y el Gobierno de Guatemala acordaron en diciembre de 2006 la creación de la CICIG como un órgano independiente de carácter internacional para apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y a otras instituciones en sus investigaciones.