Hace 20 años, las imágenes de soldados israelíes arrestando a familias en sus casas, enfrentándose a grupos que se resistían a salir y, en cambio, se aferraban a las sinagogas y los tejados, salieron en la televisión y los periódicos. La decisión del entonces primer ministro Ariel Sharon de iniciar lo que se conocería como la “desconexión” de Israel y la Franja de Gaza llevó al desmantelamiento de 21 asentamientos en el enclave palestino, donde vivían unos 8.000 judíos.
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La forma en la que ellos fueron forzados a salir retumba en la memoria de los líderes ultranacionalistas de hoy, entre ellos el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien ha sido el rostro visible del proyecto que tiene Israel de aumentar los asentamientos en Cisjordania, al este de Jerusalén, para impedir la consolidación de un Estado palestino, como lo aseguró el jueves, a pesar de que eso va en contra del derecho internacional.
Kobi Michael, investigador principal del Instituto Misgav y del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, afirmó ante la Associated Press (AP) que las imágenes de la violencia entre colonos y soldados de hace dos décadas dejaron una “herida abierta” en la sociedad israelí: “La desconexión es un precio que estamos pagando políticamente”. Netanyahu, que para el momento del plan de Sharon era ministro y dimitió tras la retirada, encabeza ahora el asedio del enclave palestino, donde quiere tener un control total. De hecho, ya tiene la aprobación del gabinete de seguridad para hacerlo en la Ciudad de Gaza.
Actualmente, el Ejército israelí ocupa u opera sobre el terreno en casi el 75 % de la Franja, además de que lleva a cabo bombardeos constantes, acciones que han dejado más de 60.000 víctimas mortales. Pero más allá de la condena internacional, dentro del mismo Israel hay voces que repudian el accionar del Gobierno. La oposición viene principalmente de los allegados de los rehenes que siguen cautivos por Hamás. La decisión del gabinete “significa abandonarlos, ignorando completamente las advertencias repetidas de la dirección militar y la voluntad clara de la mayoría de la población israelí”, aseguró la semana pasada el Foro de las Familias, la principal organización de familiares de los secuestrados.
Entonces, la relación que hay entre lo que pasó hace 20 años y lo que está sucediendo ahora es que la salida israelí solo significó un cambio en el control sobre Gaza. Así lo dijo Rodrigo Karmy, académico en el Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile, quien comentó que el enclave no obtuvo autodeterminación ni libertad para interactuar con los territorios aledaños: “La salida israelí fue una forma de economizar gastos en tropas, pero dejó a Gaza como un campo de concentración, bloqueado por aire, mar y tierra”. Eso lo ha sentido la gente. “La ocupación ha regresado por segunda vez”, advirtió Aouni Timras, de 55 años, a la AP.
El historiador Meir Margalit lo resumió así: “Todos nos hemos radicalizado”. Él, que sirvió en un regimiento de infantería del Ejército israelí, que de hecho estableció asentamientos en territorios palestinos, como el Netzarim en Gaza, le aseguró a la agencia EFE que en ese entonces le pareció una buena idea la propuesta de Sharon: “Para tener 7.000 personas necesitas un regimiento completo para cuidarlas y el Ejército no tenía suficientes fuerzas para salvaguardar a los judíos colonos”. Aunque estuvo de acuerdo con la evacuación, tuvo un reparo: “Lo que Sharon hizo fue entregarle la Franja de Gaza a Hamás”. A su parecer, el control del territorio debió haber quedado en manos de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en Cisjordania.
Pero no hay que olvidar que el grupo islamista palestino ganó las elecciones legislativas de 2006 y así se abrió un espacio de poder en el enclave, operando con una articulación armada, social y política. La división entre Hamás y la Autoridad Palestina no solo ha tenido un carácter territorial, marcado por la salida israelí y los comicios mencionados anteriormente, sino que también ha mostrado cómo funcionan los Acuerdos de Oslo. Lo que se ha visto con ello, según Karmy, es una fractura política y territorial: el partido Fatah administra Cisjordania con recursos de Europa y Estados Unidos, lo que ha posibilitado el funcionamiento de la Autoridad Nacional Palestina y su burocracia, mientras que Hamás controla Gaza con un financiamiento más clandestino, proveniente de Catar e Irán, en algunos casos.
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