La arremetida contra Iván Velásquez en Guatemala se da en momentos en que ese país atraviesa una crisis social sin precedentes, con un incremento del 4,5 % en las muertes violentas (en 2022 hubo 4.263 asesinatos, según el Instituto de Ciencias Forenses) y coincide con el lanzamiento de la campaña presidencial, que arrancó este viernes 20 de enero, solo cuatro días después de que el fiscal Rafael Curruchiche anunciará su intención de investigar a Velásquez.
Las elecciones serán en 25 de junio. Ese día el país centroamericano escogerá a su nuevo primer mandatario, además de alcaldes y Congreso (160 diputados), y diputados ante el parlamento centroamericano. Todo en una jornada. De ser necesaria, la segunda vuelta presidencial será el 20 de agosto.
La intención de la derecha, desprestigiada por los resultados de las investigaciones de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la misma que fue dirigida por el hoy ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez, es unir a su electorado para evitar que la crisis de imagen los deje sin gobierno. Y usar el poder para revertir los resultados de las averiguaciones de la CICIG, obligando al exilio o llevando a prisión a quienes participaron en estas.
¿Qué es inmunidad diplomática y cómo protege a Iván Velásquez frente a Guatemala?
Políticos y empresarios (de los sectores de los licores, el cemento y la cerveza, por ejemplo) resultaron salpicados, y no está tan fácil encontrar nuevos líderes. ¿Quiénes son entonces los principales candidatos?
El historial de los candidatos presidenciales en Guatemala
Por ahora hay una docena de precandidatos presidenciales, casi todos vinculados con las ideas (y los problemas) del oficialismo. Así, no es difícil encontrar entre ellos o sus fórmulas vicepresidenciales a líderes que estuvieron en medio de escándalos de corrupción, que fueron investigados por la CICIG o que son herederos directos de reconocidos políticos vinculados a expedientes judiciales.
Al decir de las encuestas, dos mujeres encabezan la intención de voto hasta el momento, pero muchas cosas pueden cambiar, pues también pululan las demandas para habilitar o inhabilitar candidatos. Ambas defienden banderas de la derecha, ligadas con grupos religiosos, muy en la línea del concepto tradicional de la familia y no de la promoción de los derechos de la comunidad LGBTI. Y, claro, son cercanas al gobierno de Alejandro Giammattei.
Sandra Torres, ¿un divorcio por conveniencia?
Una de ellas es Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). Fue esposa del presidente Álvaro Colom, el que gobernó el país entre 2008 y 2012, de quien se separó en 2011 para lanzarse ella misma a la Presidencia. Su argucia no le sirvió, porque el artículo 186 de la Constitución prohíbe que los familiares del mandatario en ejercicio sean candidatos. Hubo demandas y contrademandas, pero al final no se pudo presentar a las urnas.
Cuatro años después volvió a postularse y quedó en segundo lugar. Y en 2019 lo volvió a intentar, ganó la primera vuelta y perdió en la segunda frente a Giammattei, el actual mandatario. No solo fue derrotada, sino que terminó en prisión en el marco de una investigación por financiamiento electoral no declarado por un monto de 2,5 millones de dólares. El proceso fue adelantado por el fiscal Juan Francisco Sandoval (hoy en el exilio) con apoyo de la CICIG, la misión anticorrupción que en ese entonces lideraba Iván Velásquez.
En este nuevo intento por llegar a la Presidencia, Torres está acompañada por el pastor cristiano Romeo Estuardo Guerra como fórmula vicepresidencial. Pese a los votos cautivos con los que cuenta, la alianza con Guerra le ha traído nuevos problemas a su aspiración, ya que ha sido señalada de violar otro inciso del mismo artículo 186 que no le permitió ser candidata en 2011. La citada norma dice textualmente que no podrán ser candidatos presidenciales o vicepresidenciales “los ministros de cualquier religión o culto”.
Curiosamente, la página de Facebook que anunciaba a Guerra como pastor cristiano fue modificada recientemente y ya no aparece en ella ningún tipo de cargo o título religioso para él.
La norma, que puede sonar atípica en otros países, fue concebida como blindaje para garantizar el Estado laico en Guatemala y no ha sido modificada.
Los líos de la candidata presidencial Zury Ríos
La candidata del movimiento Valor es Zury Ríos y también se ha visto envuelta en escándalos. No por temas religiosos, ni por algún exesposo (se ha casado cinco veces, una de ellas con el excongresista de Estados Unidos Jerry Weller), sino por el proceso por desfalco seguido contra su hermano y, muy especialmente, por ser hija del exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), señalado por organismos internacionales como responsable de graves violaciones de derechos humanos, pero nunca condenado en Guatemala.
Procedente de un partido de extrema derecha, la candidata Ríos habla de la necesidad de la mano dura y quiere replicar en Guatemala el modelo desarrollado por Nayib Bukele en El Salvador. Sus actos de campaña empiezan con una oración y terminan con promesas sobre la implantación de la pena de muerte. En la mitad hace diatribas en contra de lo que llama “la historia aquella de la ideología de género”.
Analizar la política de Guatemala es como leer a Miguel Ángel Asturias. Cada historia resulta más impresionante que la anterior y cuando un hecho parece ser el más insólito, surge otro que causa aún más perplejidad. Si una candidata se divorcia para burlar una prohibición constitucional y lanzarse por el poder, otra se lanza al ruedo ignorando que el mismo artículo 186 prohíbe expresamente que la aspiración presidencial de quienes tengan parentesco hasta en cuarto grado de consanguinidad con “el caudillo, los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la jefatura de Gobierno”.
La hija del dictador Ríos Montt no ha entendido ese aparte de la Constitución. Tampoco lo vieron así los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que le concedieron un amparo para que fuera candidata en 2015. En 2019 volvió a postularse, regresó el debate, volvieron a negarle la inscripción en el Tribunal Electoral, volvió a acudir a la estrategia de la solicitud de amparo y no logró convencer a la Corte Constitucional, la cual le dejó claro que la norma sí le impide ser candidata. Ahora, en 2023, Ríos y su poderoso partido vuelven a la carga y reparten su tiempo entre hacer campaña y contestar los requerimientos judiciales sobre la legalidad de la misma.
En su campaña confían en que esta vez la Corte de Constitucionalidad sí avale su aspiración. ¿Y por qué el optimismo? Bueno, la Constitución no ha cambiado, pero los magistrados de la Corte sí. Para no ir más lejos, Roberto Molina Barreto, quien fue su fórmula vicepresidencial en las elecciones pasadas, es ahora uno de ellos. Molina Barreto fue uno de los funcionarios que revirtió la condena a 80 años por genocidio contra Ríos Montt, quien solo pasó una semana en prisión. Al igual que ahora lo hace su hija en asuntos electorales, el exdictador hizo que repitieran el procedimiento y echaron para atrás la condena.
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Thelma Cabrera y Jordán Rodas, incómodos para el poder
Thelma Cabrera, del Movimiento para la liberación de los pueblos (MLP) es otra de las candidatas, aunque sus simpatizantes creen que no le alcanzará para ganar. De ascendencia maya y con buena parte de su electorado en las bases campesinas, tiene como fórmula vicepresidencial a Jordán Rodas, el procurador que presentó los amparos para detener la expulsión de Iván Velásquez y de la CICIG ante el ataque del Gobierno en 2019. Procurador de Derechos Humanos de 2017 a 2022.
Por supuesto, Rodas es visto con recelo por parte de los sectores políticos afectados por las investigaciones de Velásquez y la CICIG, y llama la atención que el 10 de enero de 2023, la Fiscalía de Consuelo Porras le pidió al Congreso los documentos de certificación del nombramiento de Rodas como procurador, habitual paso previo al anuncio de acciones legales contra un funcionario de su rango.
Por otro lado, la izquierda es marginal en términos políticos. Hay un movimiento surgido de los acuerdos de paz con las cuatro facciones guerrilleras que operaron en el país hasta 1996. Se trata de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (Urng) y está a punto de perder su personería jurídica.
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Una realidad increíble
Historias que reflejan la forma como se maneja la política en América Latina. Que ponen en evidencia cuán difícil es que quienes han detentado el poder accedan a despojarse de sus privilegios, a competir en condiciones de equidad, a cumplir las normas.
Guatemala superó la guerra de guerrillas, pero sigue teniendo muchos de los problemas que desde la literatura denunciaba Miguel Ángel Asturias. El Nobel no exageraba. Lo suyo no eran obras sobre mundos imaginarios. Eran denuncias sobre lo que ocurría y el país lo sigue descubriendo. Anticipó de lo que vendría.
Oh, paradoja. El Teatro Nacional en ciudad de Guatemala fue bautizado en honor a Miguel ángel Asturias y fue el mismo sitio escogido este 20 de enero para el pomposo acto de convocatoria a las elecciones presidenciales.
