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Caracas: reapertura de la embajada, con cara de proconsulado

Washington ya no habla de Caracas como un adversario, sino como un territorio a administrar: controla el petróleo, condiciona el comercio y se prepara para reabrir una embajada que funcionaría menos como misión diplomática y más como centro de mando político.

Camilo Gómez Forero

08 de enero de 2026 - 06:20 p. m.
Una bandera de Estados Unidos en la sede de su embajada en Caracas (Venezuela).
Foto: EFE - Miguel Gutiérrez
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Donald Trump habla de Venezuela como si se tratara de una colonia. Primero, afirmó que Caracas transferirá entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado a Washington, que serían vendidos en los mercados internacionales. Además, su gobierno supervisaría el uso de los ingresos, siendo estos destinados exclusivamente para comprar productos hechos en el país, según el presidente, pese a las reglas que impone la Constitución.

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Al control económico anunciado sobre Caracas se le suma también el control marítimo. El asesor de seguridad nacional de Trump, Stephen Miller, apuntó que “el único transporte marítimo de energía permitido (en Venezuela) será aquel que respete la legislación estadounidense y la seguridad nacional”.

“Existe un potencial económico ilimitado para el sector energético venezolano a través de vías comerciales legítimas y autorizadas establecidas por Estados Unidos”, agregó.

Y con una presidente interina en Caracas sin ninguna capacidad ejecutiva, porque el poder real se encuentra en Washington, como señala el periodista Carlos Ramírez al observar las amenazas de Trump a Delcy Rodríguez, la pregunta ya no es si Washington tiene el control político sobre Venezuela, sino quién lo va a ostentar y bajo qué términos.

Pasadas unas horas de la operación militar contra Nicolás Maduro, la prensa estadunidense ya se aventuraba a calificar a Venezuela como el nuevo virreinato de Estados Unidos, y al secretario de Estado, Marco Rubio, como el nuevo virrey. No es la primera vez que EE. UU. contaría en este siglo con una figura semejante a la del virrey, pues ya pasó en Bagdad, Irak, con Lewis Paul Bremer III, también conocido como Jerry Bremer.

En 2003, tras la invasión de EE. UU. a Irak, Bremer fue enviado por el expresidente George W. Bush a Bagdad para fungir como un virrey. Sin hablar una pizca de árabe, pero elegido por su fidelidad al Partido Republicano, Bremer concentró poderes ejecutivos, legislativos y regulatorios como jefe de la Autoridad Provisional de la Coalición (CPA). Podía emitir decretos con fuerza de ley, disolver instituciones del Estado, reformar el sistema económico, reescribir normas laborales y comerciales, y tomar decisiones clave sobre el manejo de los recursos petroleros.

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Bremer respondía directamente a la Casa Blanca, no a los iraquíes, y su mandato, concebido como temporal, terminó marcando el rumbo político y económico del país tras la caída de Saddam Hussein. Consiguió, como señaló El País de España en 2008, lo que parecía imposible: “empeorarlo todo”. Al ejecutar una “desbaazificación” extrema, es decir, expulsar a cualquier persona con vínculos con el partido Baaz de cargos públicos, el Estado dejó de funcionar.

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Antes de asegurar seguridad y servicios, Bremer también impulsó privatizaciones, apertura total al capital extranjero y cambios económicos profundos. Para muchos iraquíes, el mensaje fue claro: el objetivo no era estabilizar el país, sino rediseñarlo desde fuera para cumplir con los intereses de Washington. Su caso nos expone dos cosas: la primera es que Rubio, contrario a Bremer, no es ningún virrey. Y Venezuela no será un virreinato. (En realidad nunca lo ha sido, pues fue una provincia que se convirtió en capitanía más adelante).

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A diferencia de Bremer, que vivía con poder ejecutivo y directo sobre el territorio en Irak, el poder de Rubio sobre Venezuela es político y externo: sigue en Washington, no firma decretos venezolanos, no nombra ministros y no controla directamente fuerzas de seguridad. Y aunque el secretario de Estado tenga gran influencia sobre Caracas, el verdadero cargo a observar será quien ocupe la Embajada en Venezuela, la cual, anunció Trump, está en planes de reapertura.

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Como señaló Ramírez, Venezuela hoy está lejos de parecerse a un virreinato, pero muy cerca de ser un “proconsulado”, una figura “recuperada por Trump del modelo de los césares en Roma”. Esta contaba con una figura, el procónsul, que coordinaba la “estabilización” de un territorio siguiendo los intereses de Roma, pero con las autoridades locales.

Estados Unidos no ha impuesto en Venezuela un gobierno colonial ni ha abolido las instituciones venezolanas. El presidente, el aparato estatal y la soberanía siguen existiendo formalmente, al menos en teoría. La persona que se designe como embajadora, entonces, dirigirá el centro operacional de esa influencia diplomática y política estadounidense en Caracas, asesorando a las autoridades locales. No será un gobierno alternativo, pero sí un puente con mucho poder.

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Haría lo mismo que hizo el entonces embajador de Estados Unidos en México, Dwight Morrow, quien durante la presidencia de Plutarco Elías Calles gestionó la “estabilización” del país a finales de la década de 1920, acorde a los intereses de Washington e informando a la cúpula designada por Trump para los asuntos de Venezuela; conformada por Rubio, Miller, y el secretario de guerra, Pete Hegseth.

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¿Quién sería ese “próconsul”? En Venezuela hay quienes apuntan a Richard Grenell, exembajador y enviado especial de Trump para Caracas, para encabezar la misión. Grenell, actual jefe del centro cultural Kennedy Center, mantiene una buena amistad con Jorge Rodríguez, hermano de Delcy. También está Mauricio Claver-Carone, exfuncionario del Consejo de Seguridad Nacional. No hay más detalles sobre nombres o fechas.

Para algunos expertos, esta ruta de coordinar la estabilidad de Venezuela con el propio chavismo es arriesgada, como apuntó Charles Shapiro, exembajador de EE. UU. en Caracas. Otros exembajadores, como James B. Story, señalan que mientras Diosdado Cabello se encuentre cerca, habrá saboteos.

En el futuro inmediato, la reapertura de una misión diplomática podría traducirse también en decisiones concretas que afectarán la vida diaria de los venezolanos. Esta implicaría también revisar las alertas de la Administración Federal de Aviación (FAA), que hoy desaconseja o limita los vuelos hacia Venezuela.

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No sería una normalización plena, sino una normalización condicionada: cada avión que aterrice y cada dólar que circule dependerá de autorizaciones externas. El proconsulado, más que una figura histórica, se manifestaría así en gestos cotidianos de soberanía delegada.

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