El rumor pasó a denuncia pública: ante un subcomité del Senado de Estados Unidos, el exfuncionario del Tesoro Marshall Billingslea aseguró que Venezuela habría permitido la instalación de un “centro de entrenamiento paramilitar” en la isla de Margarita y facilitado la entrega de miles de pasaportes a personas con presuntos lazos con Hezbolá y Hamás.
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Estas palabras encendieron alarmas en Washington y en toda la región. De confirmarse, los riesgos para la seguridad hemisférica serían evidentes. Sin embargo, esto no se trata de un fenómeno nuevo. Desde hace casi una década, diversos informes de seguridad y medios de comunicación han señalado la presencia de Hezbolá en Venezuela y su interacción con el régimen de Nicolás Maduro.
En 2019, el grupo libanés emitió un comunicado de apoyo explícito al mandatario, mientras su representante Mohammad Raad visitaba al embajador venezolano en Beirut para reforzar la “solidaridad” con el país sudamericano, en medio de un contexto de profunda crisis política y humanitaria. Según investigaciones de InSight Crime, este respaldo no se limitó a lo diplomático: Hezbolá habría encontrado en Venezuela un terreno fértil para consolidar actividades criminales, como tráfico de drogas y lavado de dinero.
El Atlantic Council también ha documentado cómo Hezbolá opera en Venezuela a través de clanes familiares —como los Saleh, Nassereddine y Rada— que funcionan como “fixers” o facilitadores. Estos clanes integran el aparato delictivo con elementos del régimen, conectando al grupo libanés con redes de narcotráfico, contrabando y lavado de dinero, y sirviendo como puente logístico con Irán y Siria.
A través de esta red, Hezbolá no solo aseguraría financiamiento para sus operaciones globales, sino que refuerza la capacidad del régimen de Maduro para mantenerse en el poder mediante alianzas con actores como disidentes de las FARC, carteles mexicanos y operadores financieros en el Caribe y Medio Oriente.
El grupo libanés, cabe destacar, ya ha dejado su huella histórica en la región. Los atentados a la AMIA y la embajada de Israel en Buenos Aires, en los años 90, marcaron el inicio de su presencia operativa fuera del Líbano. Sin embargo, es esencial considerar las advertencias del investigador Benoît Gomis, quien señaló que, aunque la amenaza de grupos como Hezbolá es real, a menudo se ha exagerado con fines político-ideológicos.
Gomis argumentó que esta exageración ha desviado la atención de amenazas más inmediatas y concretas en la región, como las actividades de grupos terroristas locales y organizaciones criminales transnacionales. Según él, la narrativa del “narcoterrorismo” ha sido utilizada para justificar políticas de seguridad más agresivas sin abordar las causas estructurales del conflicto y la violencia en América Latina. Y esto lo dijo en 2017, anticipando la coyuntura actual.
Ahora, estas denuncias contra Hezbolá vuelven en un contexto regional complejo. Venezuela, bajo Maduro, ha sido un objetivo clave de la estrategia estadounidense de “máxima presión” en la lucha contra el narcotráfico y el crimen transnacional. Desde Washington, las autoridades buscan identificar vínculos que justifiquen medidas más duras, incluyendo potenciales operaciones militares sobre el terreno.
Sin embargo, este enfoque corre el riesgo de exagerar ciertas amenazas mientras minimiza los problemas internos más inmediatos, como la pobreza, la corrupción y el debilitamiento institucional, creando un terreno fértil para políticas intervencionistas, de acuerdo con expertos como Gomis.
El caso de Venezuela recuerda así inevitablemente al de Irak en 2003, cuando la administración de George W. Bush justificó la invasión con la supuesta existencia de armas de destrucción masiva, que nunca se encontraron. En aquel entonces, la combinación de inteligencia cuestionable, intereses estratégicos y la percepción de una amenaza externa sirvió para legitimar una acción militar de gran envergadura.
Analistas temen que la retórica sobre la supuesta presencia de grupos terroristas como Hezbolá en Venezuela pueda convertirse en un espejo de aquella narrativa: un argumento que exagera la amenaza real para justificar sanciones, operaciones encubiertas o presiones políticas que van más allá del control del narcotráfico, sin abordar las causas profundas de la crisis regional.
Estados Unidos, esta vez, ha buscado consolidar un frente regional que presione sobre Venezuela y limite la influencia de actores externos como Hezbolá e Irán. Según el Atlantic Council, desde hace años la política de “máxima presión” de Washington apunta no solo a debilitar al régimen de Maduro, sino también a neutralizar la convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo internacional mediante un enfoque coordinado de contramedidas financieras, diplomáticas y de seguridad. Es decir, busca aliados en esta misión.
“La cooperación internacional debe combinar acciones dirigidas con una narrativa global que deslegitime la presencia de Hezbolá en la región, con el objetivo de disminuir la influencia del grupo en las comunidades libanesas de América Latina”, señalan las recomendaciones del Atlantic Council en un reporte sobre las relaciones de Maduro y Hezbolá.
Esta estrategia se ha materializado en foros hemisféricos de cooperación en contra del terrorismo, que han llevado a que países como Ecuador designen a Hezbolá, Hamás y la Guardia Revolucionaria Iraní como organizaciones terroristas, siguiendo la presión y el ejemplo de Estados Unidos.
Toby Dershowitz, del Foundation for Defense of Democracy, resaltó que ahora que el presidente Noboa ha reconocido que Irán representa una amenaza para la seguridad pública, la soberanía y la integridad del Estado, “otros países de la región enfrentan una amenaza similar y deberían responder de manera equivalente”.
De esta manera, la presión sobre Caracas se inscribe en un esfuerzo hemisférico que combina medidas legales, financieras y diplomáticas, involucrando incluso a las comunidades libanesas para reducir la influencia de Hezbolá y fortalecer la legitimidad de los esfuerzos locales contra sus redes ilícitas. Sin embargo, esto nos pone en la mesa errores del pasado.
En 2003, la administración Bush, con el apoyo del primer ministro británico Tony Blair, recurrió a think tanks como los citados y análisis estratégicos para construir la narrativa de una amenaza inminente de armas de destrucción masiva en Irak. Estudios, informes y declaraciones de expertos fueron ampliamente utilizados para generar consenso internacional y justificar la intervención militar, a pesar de que posteriormente se comprobó que la amenaza estaba sobreestimada.
El papel de estas instituciones no solo legitima políticas agresivas, sino que también moldea la percepción pública y política sobre la necesidad de acción urgente frente a un enemigo externo. Hoy, en el caso de Venezuela y Hezbolá, se observa un patrón similar.
La presión de Estados Unidos y aliados como Ecuador, apoyada en estos informes y análisis de seguridad, busca, como en el pasado, justificar medidas firmes y generar consenso regional sobre la amenaza, aunque todavía con un enfoque preventivo y sin recurrir a la intervención militar directa.
Por eso, es válido que mientras esto ocurre, nos preguntemos quién nos habla de Hezbolá cuando se nos expone esta amenaza. Por ejemplo, el Instituto RAND, reconocido think tank estadounidense especializado en análisis de seguridad y política pública, ha sido clave en moldear la comprensión sobre la presencia de Hezbolá en América Latina. Su estudio de abril de este año, por citar uno, advierte sobre la adaptación estratégica de la organización en la región y su potencial para explotar rutas de tráfico y redes criminales hacia Estados Unidos.
RAND enfatiza que, aunque estas redes han sido tradicionalmente usadas para recaudación de fondos, las tensiones en Medio Oriente podrían impulsar su rol operativo en el hemisferio occidental. Este tipo de análisis no clasificado sirve como insumo para políticas públicas, decisiones diplomáticas y esfuerzos legales en la región, buscando un enfoque coordinado para mitigar la influencia de Hezbolá. Y es algo que se observaba con los think tanks que analizaban la situación a Irak.
Por otro lado, Billingslea, quien ocupó cargos clave en la administración Bush, ha trabajado históricamente en el diseño de sanciones y en la identificación de redes de financiación de grupos terroristas. Su conocimiento técnico y trayectoria le otorgan autoridad, pero también recuerdan que incluso expertos con credenciales sólidas han emitido advertencias que luego no se tradujeron en hechos confirmados, como ocurrió con las armas de destrucción masiva supuestamente en manos de Saddam Hussein.
Los antecedentes invitan a un análisis más crítico. Con esto no se dice que la presencia de Hezbolá en la región no existe. Según estudios como los del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata y la investigación de Gustavo Visceglie sobre crimen organizado transnacional, la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) constituye un espacio complejo donde la presencia estatal es limitada y las organizaciones criminales transnacionales aprovechan la porosidad de las fronteras, la diversidad cultural y la escasa coordinación entre países para maximizar sus operaciones.
Tanto el crimen organizado como el terrorismo transnacional operan de manera híbrida, adaptativa y en red, aunque con objetivos distintos: mientras el terrorismo busca fines políticos mediante la difusión del miedo, las organizaciones criminales priorizan la obtención de lucro mediante narcotráfico, contrabando, lavado de dinero y tráfico de armas.
Sin embargo, estas actividades pueden converger, como lo demuestra la relación entre mafias locales y Hezbolá, que utilizan el control territorial y las redes criminales como fuente de financiamiento, tránsito y, potencialmente, entrenamiento de operativos.
Entendiendo que sí hay actividades relacionadas con Hezbolá en el hemisferio, se puede también cuestionar las narrativas dominantes que a menudo simplifican o exageran la magnitud de la amenaza. Así como en 2003 se utilizaron informes y estimaciones de inteligencia para justificar acciones militares cuya base luego resultó cuestionable, hoy los discursos sobre la amenaza de Hezbolá en la región pueden cumplir una función política adicional, orientada a fortalecer agendas de presión sobre Caracas y otras capitales latinoamericanas.
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