El chavismo anunció el jueves la liberación de un grupo significativo de presos políticos, en lo que calificó como un “gesto unilateral” para afianzar la paz y la convivencia política. El anuncio, hecho por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, se produjo en un momento de máxima presión internacional tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, aunque presentado como una decisión soberana, ajena a las exigencias externas.
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Si bien Rodríguez no ofreció cifras oficiales ni una lista completa, con el paso de las horas se confirmó que la magnitud de la medida superaba la de excarcelaciones anteriores. Entre los liberados figuran nombres emblemáticos de la represión política en Venezuela, como la analista Rocío San Miguel -tras un año, 10 meses y 29 días de injusta detención-, el excandidato presidencial Enrique Márquez, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, el periodista Nicmer Evans y al menos cuatro ciudadanos españoles, según confirmaron fuentes diplomáticas.
Las excarcelaciones fueron recibidas con alivio por familiares y organizaciones de derechos humanos, pero también con cautela: hasta ahora no está claro si se trata de libertades plenas o condicionadas, ni cuántos presos políticos permanecen tras las rejas. De acuerdo con la ONG Foro Penal, antes de estas medidas había más de 820 personas detenidas por razones políticas, lo que subraya que, pese al gesto, la mayoría sigue encarcelada.
Una de las claves para entender por qué las liberaciones avanzan de forma irregular está en la propia estructura del poder venezolano. Como ha explicado el periodista y activista Luis Carlos Díaz, los presos políticos no dependen de una sola autoridad, sino de distintas “tribus” que se reparten el control del Estado. Cada grupo maneja sus propios jueces, fiscales, cuerpos represivos y centros de detención, lo que convierte a los detenidos en activos políticos bajo control fragmentado.
“Los presos políticos en Venezuela no son presos del gobierno en abstracto. Son presos de cada una de las tribus que se reparten el poder. Cada brazo del poder tiene sus jueces, fiscales, grupos represores y cárceles. Por lo tanto, también tiene sus presos, que funcionan como su mercancía política, económica y diplomática”, señala Díaz.
Las liberaciones, por tanto, no solo dependen de decisiones políticas de alto nivel, sino también de negociaciones internas entre facciones que no siempre están dispuestas a ceder a “sus” rehenes. Según Díaz, incluso dentro del chavismo hay que negociar quién libera a quién, lo que explica por qué algunas excarcelaciones avanzan mientras otras se estancan, aun bajo fuertes presiones externas.
La complejidad de las liberaciones no se limita al oficialismo, sino que también atraviesa a la oposición venezolana, que históricamente ha evitado aparecer como administradora o negociadora de presos políticos. Según reveló “The New York Times”, el enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell, solicitó al entorno de María Corina Machado una lista de presos cuya liberación pudiera priorizarse, petición que no fue atendida. El temor era quedar expuestos a acusaciones de favoritismo o de legitimar la idea de que la libertad de los detenidos forma parte de un trueque político.
“Por su parte, a Machado también le molestó que Grenell, a diferencia de (Marco) Rubio, no denunciara enérgicamente a Maduro como ilegítimo. Grenell dijo a sus colegas que tal declaración, aunque cierta, socavaría su labor diplomática”, señaló “The New York Times”.
Ese episodio dejó al descubierto una tensión persistente: mientras Washington opera bajo una lógica pragmática, orientada a resultados inmediatos, hay sectores de la oposición que temen el costo ético y político de involucrarse en negociaciones parciales. El resultado ha sido una disputa silenciosa sobre quién impulsó, facilitó o entorpeció las liberaciones, en un contexto donde nadie quiere cargar con la responsabilidad de decidir qué preso sale y cuál permanece encarcelado.
Un tercer eje de la discusión apunta al papel de los mediadores internacionales. El gobierno de Delcy Rodríguez agradeció públicamente la intermediación del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero; del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y del gobierno de Catar en las excarcelaciones. Al mismo tiempo, Jorge Rodríguez dice que fue “un gesto unilateral del gobierno bolivariano”. Lejos de ser contradictorios, ambos mensajes forman parte de una misma estrategia: reivindicar la soberanía de la decisión final, pero al mismo tiempo legitimar un proceso de negociaciones discretas que, en algunos casos, se arrastran desde hace años y han involucrado contactos al más alto nivel, tanto con gobiernos extranjeros como con las familias de los detenidos.
Para Díaz, sin embargo, esto es cuestionable, pues el control sobre los presos políticos sigue estando completamente en manos del chavismo, que “los libera cuando quiere y porque quiere”. En ese contexto, “agradecer” a figuras como Lula o Zapatero no sería extraño, afirma, “solo bien sirve para hacerles relaciones públicas y presentarlos como intermediarios válidos en futuras negociaciones”, comprometiéndoles políticamente.
La liberación de presos políticos se ha convertido no solo en un problema humanitario urgente, sino en un campo minado donde chocan las narrativas del poder. Mientras eso ocurre, el resto de las familias sigue esperando.
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