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La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por la ONU, afirmó este jueves que “la maquinaria represiva del Estado venezolano, instaurada durante muchos años, continúa operativa” pese a la captura a inicios de año de Nicolás Maduro y su esposa.
Como una muestra de ello, sostuvo que funcionarios de alto nivel y militares que fueron identificados en investigaciones de esta misma misión como responsables de crímenes de lesa humanidad siguen ejerciendo importantes cargos en el Ejecutivo y las fuerzas de seguridad.
Asimismo, “los instrumentos jurídicos que durante años han servido de base para la persecución política se mantienen plenamente en vigor”, señalaron los expertos en la presentación de un informe oral sobre la situación reciente en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos, que se reúne en Ginebra.
El grupo también mencionó que desde que Delcy Rodríguez asumió el liderazgo de Miraflores, al menos 87 personas han sido detenidas por razones políticas. “Esto indica que la práctica de silenciar a los disidentes persiste en el actual gobierno”, señaló María Eloisa Quintero, miembro de la misión.
Según los datos aportados, catorce periodistas y trabajadores de medios de comunicación fueron detenidos temporalmente mientras cubrían la juramentación del cargo de Rodríguez, y otras 27 personas fueron apresadas por supuestamente celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos.
Los hechos reportados cubren el período desde el pasado septiembre hasta la actualidad, durante el cual se pudo confirmar que el aparato de persecución estatal “no ha sido desmantelado” y ni siquiera se han hecho anuncios que permitan pensar que esto ocurrirá. “Las estructuras y alianzas represivas están mutando en un intento de adaptarse a la nueva realidad y mantener el poder”, declaró Quintero.
Sobre las excarcelaciones de presos políticos de los últimos meses, la misión lo consideró un paso positivo, aunque carente de transparencia, y mencionó que “no hay datos ciertos y únicos sobre su identidad y número”. La ONG Foro Penal calcula que al menos 673 presos políticos han salido de las cárceles de Venezuela desde el 8 de enero, cuando se anunció un proceso de liberaciones por parte del Gobierno venezolano.
Además, la misión dijo que la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional “no reconoce la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos” y tampoco contempla investigaciones independientes ni reparación para las víctimas. Bajo esta directriz han quedado en libertad 166 personas, según Foro Penal.
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