Estados Unidos está llevando a cabo una cruzada contra petroleros cerca de Venezuela. Solo en los últimos días se conoció que confiscó dos embarcaciones que transportaban casi cuatro millones de barriles de crudo y el fin de semana se supo que estaba detrás de un tercero. Aunque Washington ha contado con órdenes judiciales de incautación para ello, además de que la misma fiscal Pam Bondi ha emitido declaraciones al respecto, las acciones estadounidenses parecen chocar con el derecho internacional. Es decir, aunque a nivel interno el gobierno de Donald Trump ha encontrado formas de justificar sus acciones en los tribunales, por fuera de sus fronteras eso ha sido más complicado de hacer, si también se tiene en cuenta que los detalles sobre esas operaciones no se han hecho públicos.
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La discusión tiene diversos niveles, según Enrique Prieto-Ríos, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario: por un lado, la justificación doméstica, atada a las sanciones impuestas contra Irán y Venezuela, y a la postura oficial acerca de que es una necesidad cortar los ingresos por exportaciones petroleras porque financian el narcoterrorismo en el país vecino. Por el otro, y a la luz del derecho internacional, el problema de los buques fantasmas. Ellos se podrían detener o revisar, pero lo que no está claro bajo la norma internacional es la justificación para, en este caso, tomar el petróleo.
Skipper, interceptado el 10 de diciembre, mostró eso. El gobierno de Guyana dijo que estaba “enarbolando falsamente la bandera” del país y agregó que la embarcación no tenía registro allí. Entonces, Estados Unidos podría argumentar que el barco era apátrida. Eso “claramente abre la puerta al abordaje y a la identificación, pero no crea automáticamente una licencia general para aplicar cualquier régimen regulatorio unilateral”, declaró a Al Jazeera Santino Regilme, politólogo que dirige el programa de Relaciones Internacionales de la Universidad de Leiden en los Países Bajos: “Ese paso del ‘derecho de visita’ al decomiso total del buque y la carga se encuentra en una zona gris que la investigación reciente describe explícitamente como una ‘laguna jurisdiccional’”.
La flota fantasma es una red de buques que busca burlar las sanciones internacionales. Según los datos que la plataforma de monitoreo Kpler entregó al diario El País, unos 3.300 navíos la conforman actualmente, teniendo a Rusia, Venezuela e Irán a la cabeza de ello, pero a Corea del Norte, Siria y China como unos de los beneficiarios de esta práctica pirata. En estos casos, según Ricardo Abello Galvis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, Estados Unidos (o cualquier Estado) podría intervenir, pues se trataría de un ilícito. Además, la Organización Marítima Internacional ha dicho que esos cargueros siguen prácticas de riesgo, como el trasvase de petróleo de buque a buque en altamar y el ocultamiento de su localización.
Según datos del servicio de análisis TankerTrackers.com, horas después de la confiscación de Skipper, al menos 38 de los 75 cargueros situados frente a la costa venezolana estaban incluidos en las listas de sanciones de Washington. Sin embargo, ese no fue el caso de Centuries, interceptado el sábado pasado por medio de una operación similar a la del primer caso. Lo que se sabe es que esa embarcación, propiedad de un comerciante del hidrocarburo con sede en China, navegaba bajo la bandera de Panamá y no estaba afectado por las sanciones. A pesar de ello, Estados Unidos, que negó esa afirmación, procedió en su contra.
Si bien Washington ha usado la palabra incautaciones para referirse a esos episodios, Fabián Cárdenas, profesor de Derecho Internacional en la Universidad Javeriana, cree que es acertado referirse a ello como aprehensiones ilegales: “Más que el tema de un barco apátrida, lo que han dicho Trump, Rubio y el secretario de Defensa estadounidense es que esto se enmarca en la lucha contra el narcotráfico, pero no hay una norma en el derecho internacional que permita que por eso se pueda hacer algo por el estilo. Es decir, no hay una base legal”. A su parecer, es una estrategia política con la que, de manera progresiva, se busca generar mayor presión frente al régimen de Nicolás Maduro, sin una base en el derecho internacional.
Aunque Venezuela ha catalogado lo sucedido como “un robo y secuestro” por parte de Estados Unidos, difícilmente Caracas puede hacer algo para frenar esas acciones, o al menos eso mencionó Abello Galvis: “Primero, porque, a pesar de que se llegara a probar transparencia alrededor de los buques, Estados Unidos, desde hace años, busca sancionar a personas o Estados que tengan vínculos con el narcotráfico o con el terrorismo, con un marco de legalidad detrás. Eso no implica que pueda estar actuando de forma abusiva. Sin embargo, la comunidad internacional ha permitido que sea así, precisamente por los negocios que tienen y para evitar sanciones”. Lo curioso es que el domingo, en medio de las crecientes tensiones, se conoció que un buque de Chevron salió de Venezuela. Es decir, según el docente, las sanciones se están dando a embarcaciones que no son estadounidenses y que no gozan “de los privilegios” que otorga Washington.
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