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A pesar de que la Nación asegura mantener firme su compromiso de aportar $9,6 billones para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá, siguen pendientes formalismos técnicos y jurídicos que aseguren que la plata, efectivamente, pueda invertirse en la megaobra. El principal motivo: el cambio de diseños de una estructura subterránea a una elevada.
No será uno, sino dos Conpes
El sábado 17 de septiembre, cuando el alcalde Enrique Peñalosa presentó en la Casa de Nariño los estudios de prefactibilidad que elaboró la firma Systra, según los cuales la mejor opción para la ciudad es un metro elevado, el presidente Juan Manuel Santos dijo que su gobierno formalizaría el compromiso de aportar el 70 % del costo del proyecto a través de un documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), una instancia de la Nación en la que definen, entre otros, financiación para proyectos estratégicos. “Estará listo en máximo un mes”, aseguró ese día el primer mandatario y lo reiteró luego en otros escenarios. El plazo se cumplía en octubre, pero han pasado tres meses y aún no hay humo blanco.
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Ese documento fue el que se quedó esperando Gustavo Petro después de que, en mayo de 2015, Santos le entregó el cheque simbólico por $9,6 billones.
El objetivo ahora es firmarlo antes de que termine el año, manifestaron el 29 de noviembre en un debate en la Cámara de Representantes la viceministra de Hacienda, Ximena Cadena; el viceministro de Transporte, Alejandro Maya, y el subdirector del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Luis Fernando Mejía. Fuentes del Distrito que conocen el proceso y pidieron la reserva de su nombre consideran que es difícil cumplir ese nuevo plazo. Pero aún cumpliendo esa meta, está claro que será insuficiente, pues es necesario un Conpes adicional, el verdaderamente clave para “amarrar” la plata.
El documento que firmaría la Nación en las próximas semanas no es propiamente para asegurar recursos para el metro; servirá para actualizar un Conpes de 2010 en el que se establecieron políticas y proyectos de movilidad para Bogotá y Cundinamarca. La idea es incluir ahí el metro elevado, las fases II y III de Transmilenio en Soacha, y el Regiotram o Tren de Cercanías. También se ratificarán 10 requisitos que se habían fijado hace seis años para que proyectos de esa clase reciban recursos del Gobierno Nacional.
El subdirector del DNP, Luis Fernando Mejía, afirmó enfático en el Congreso: “Sólo cuando el Distrito cumpla con el paquete de condiciones técnicas exigidas (la Alcaldía ha calculado que entre mayo y julio de 2017) firmaremos otro Conpes que declare el proyecto de importancia estratégica”.
Eso significa que para asegurar la plata de verdad, la Alcaldía debe terminar la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto metro y cumplir la decena de requisitos establecidos, entre los que están los modelos de operación, de costos e ingresos, de remuneración, financiero, el análisis costo-beneficio, entre otros.
La administración trabaja en ello, pero es ahí donde radican las probables demoras: aunque ha asegurado que tiene como base el sustento técnico que dejó el gobierno Petro para un metro subterráneo, también ha admitido que deberá invertir al menos $23.000 millones más en estudios. Los que presentó Systra en septiembre eran de prefactibilidad, es decir, sin el detalle necesario para contratar la obra.
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Nuevas vigencias futuras en 2017
La otra novedad está del lado de los $4,1 billones que le corresponde aportar al Distrito. Está claro de dónde saldrán: cupo de endeudamiento ($800.000 millones), reservas de la ETB y de la EEB ($700.000 millones) y 50 % del recaudo de la sobretasa de la gasolina por 20 años ($2,64 billones).
Para asegurar que esos recursos se inviertan año a año y durante dos décadas en el metro, en abril pasado el Concejo le autorizó a Peñalosa comprometerlos mediante vigencias futuras (presupuestos de años venideros) entre 2017 y 2036. La Alcaldía pretendió así demostrar ante el Gobierno Nacional que, de su parte, estaba lista.
Sin embargo, como ya se explicó, la Nación depende, sobre todo, de los estudios que presente el Distrito para justificar la obra elevada. Es por esto que, teniendo en cuenta los trámites que faltan, la Alcaldía le comunicó al Concejo hace unas semanas que la elaboración del Conpes podría “significar el replanteamiento de las vigencias futuras autorizadas y requerir una nueva autorización” del cabildo. Es decir, la administración radicará un nuevo proyecto para tramitar otra vez la autorización de vigencias futuras.
Ese anuncio, que parece un formalismo, no es de poca monta, pues sería un salvavidas para la mayoría de concejales. La gente recordará que la Fiscalía investiga si los 28 cabildantes que en abril le avalaron a Peñalosa las vigencias futuras para el metro elevado cometieron un prevaricato al autorizarlas sin exigir los estudios definitivos, pues los únicos que había eran para una estructura subterránea.
Sin embargo, como la administración replanteará las vigencias futuras y aún no las ha usado, el ente acusador deberá determinar si la falta de los concejales fue tan grave o si, por el contrario, no queda mucho que investigar.
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Lo que aún no se sabe es cuándo sería presentado el nuevo proyecto de vigencias futuras ante el Concejo. Desde el viernes pasado El Espectador intentó conocer la respuesta de la secretaria de Hacienda, Beatriz Arbeláez, a esa y otras preguntas de este tema, pero hasta el cierre de esta edición no había respondido.
Es previsible, de todas formas, que dada la controversia que generó la investigación de la Fiscalía a los concejales, la Alcaldía radique el proyecto una vez tenga estudios de detalle para el metro; y eso, según el Distrito, sería a mediados de 2017. Cada trámite de más afecta ese cronograma, así que está por verse si se logra abrir una licitación en el segundo semestre de 2017, como planea Peñalosa.
Es claro que en 2016 la administración sí avanzó en la creación de la Empresa Metro, que el año entrante manejará $1 billón que comenzará a invertir en adquisición de predios y traslado de redes de servicios públicos. Le faltan, sin embargo, trámites claves para que los compromisos verbales, sobre todo los del Gobierno Nacional, se concreten en plata contante y sonante.