Análisis

Ingreso Solidario: ¿solidario con todos?

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Un grupo de 24 mujeres interpuso una tutela para pedirle al Gobierno que las incluya en la entrega del subsidio, pero también para pedir mayor claridad acerca de los criterios de selección para poder acceder al programa. La acción cuenta con el apoyo de Dejusticia.

El programa Ingreso Solidario fue creado en el marco de la respuesta ante la crisis económica y social desatada por la expansión del COVID-19. Su objeto era llegar a las personas que no estaban en ningún otro programa de asistencia del Estado con un giro mensual para ayudar a capotear los devastadores efectos de la pandemia.

La iniciativa es de vital importancia, pues en últimas llega a una población vulnerable económicamente y que en una buena porción labora en sectores plenos en informalidad, algunos de los cuales se cuentan entre los más duramente impactados por el parón económico inducido para mitigar la expansión del coronavirus.

Uno de estos sectores, como lo han reconocido analistas y académicos, es el del trabajo doméstico, que cuenta con sus propios problemas debido, también, a la informalidad y la no remuneración.

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En Colombia hay cerca de 700.000 trabajadores domésticos, que incluyen otras labores como las de jardineros y conductores. Alrededor del 95 % son mujeres, según cifras del Ministerio de Trabajo. El DANE estima que hay 647.000 mujeres que se dedican al trabajo doméstico remunerado, un renglón que ha sido duramente impactado por la baja en la actividad económica derivada de la pandemia.

De acuerdo con Dejusticia, Ingreso Solidario (IS) estaría excluyendo a poblaciones que, justamente, necesitarían la ayuda de este subsidio creado por el Gobierno (y que seguirá vigente, mínimo, hasta junio del próximo año).

La organización apoya una acción de tutela interpuesta por 24 mujeres en condiciones vulnerabilidad económica que, aseguran, merecen estar incluidas en la iniciativa social. Del grupo de demandantes, 15 son migrantes y nueve, trabajadoras domésticas.

Dejusticia asegura que las fallas en IS pueden estar dejando por fuera a un millón de hogares que precisan de este subsidio. La organización argumenta que “los criterios para escoger a las personas beneficiarias no son claros ni públicos”. Y enumera una serie de barreras para acceder al programa, como el requisito de puntaje de un puntaje mínimo en el Sisbén: “Existen trabas para que se aplique la encuesta o se actualice el puntaje. Este es el caso de algunas mujeres migrantes que entrevistamos, quienes tenían un puntaje que no las ubicaba en los sectores más pobres antes de la pandemia, pero que vieron un deterioro en sus condiciones de vida con el aislamiento”, explicó Dejusticia a través de un comunicado.

Por otro lado, la organización señala que la entrega del subsidio, que se hace a través de una cuenta bancaria, excluye a personas que pueden no tener el dinero mínimo para abrirla o por la documentación que exigen los bancos, lo que se convierte en una traba para las personas migrantes, por ejemplo.

De acuerdo con Asobancaria, que agremia a los bancos en el país, actualmente 85,6 % de los adultos en Colombia tienen acceso a un producto financiero, una meta que el gremio no esperaba cumplir hasta 2022 y que está directamente relacionada con la entrega de las ayudas instauradas en el marco de la pandemia.

El Gobierno asegura que Ingreso Solidario llega a unos tres millones de hogares y la dispersión de recursos iba, para mediados de agosto, en un 50 %. Esta iniciativa, que representa un giro mensual por $160.000, se suma a los giros extraordinarios que también se hacen a través de los programas de Familias y Jóvenes en Acción, así como Colombia Mayor.

El mes pasado, la administración del presidente Iván Duque señaló que los giros extraordinarios en los programas En Acción y para Colombia Mayor se extenderán hasta diciembre de este año. Las cuentas oficiales hablan de más de cinco millones de hogares beneficiados con estas tres iniciativas.

“Los giros adicionales que estamos dando en Familias en Acción representan casi $2 billones; en Jóvenes en Acción representan casi $500.000 millones adicionales; en Colombia Mayor, $1,3 billones adicionales”, aseguró en su momento Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda.

Ahora bien, la ampliación de los parámetros de inclusión de Ingreso Solidario se antoja necesaria y sensata, si se tiene en cuenta el tamaño de la tormenta económica que ya se manifiesta y que en el corto plazo puede golpear aún más fuerte en términos de caída del PIB, desempleo y aumento de la pobreza.

Dependiendo de quién haga el análisis, la contracción anual de la economía estará entre 5,5 % y 10 % (además de qué tan negativo sea el escenario que contemple). Y si bien el número importa, claramente, el factor unificador acá es que este será un año notablemente malo en materia económica.

Para entender el tamaño del golpe hay que mirar variables como el desempleo, que desde abril muestra los peores resultados interanuales registrados por el DANE. Aunque aquí hay que aclarar que las cifras de agosto parecieran comenzar a mostrar señales de la recuperación económica (16,8 % en la variación interanual). A pesar de que, en comparación con hace un año, continúan la destrucción de empleos y el aumento de los desocupados y los inactivos, las variaciones en el octavo mes del año fueron menores a las vistas durante los meses más críticos del confinamiento por la pandemia.

Sin embargo, el desempleo es un asunto preocupante en renglones específicos. Según Claribed Palacios García, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Trabajo Doméstico (Utrasd), nueve de cada 10 trabajadoras domésticas han perdido su empleo en medio de la crisis por el COVID-19, de acuerdo con un estudio realizado por 16 organizaciones sociales con 678 trabajadoras. “Las mujeres que están logrando mantener el empleo lo están haciendo como internas, sin que se respete la jornada laboral o los días que salían, porque sus empleadores les dicen que no pueden salir hasta que se levante el aislamiento”, dijo en una entrevista pasada con este diario.

En el tema de pobreza, el panorama resulta, francamente, aterrador. De acuerdo con el DANE, en 2019, 661.899 personas entraron a la categoría de pobreza monetaria, lo que representa un aumento de 1 %, un porcentaje que la entidad calificó como “estadísticamente significativa”.

Para el caso de pobreza extrema las cifras son aún mayores, con un aumento de 1,4 %, llegando así a un total nacional de 728.955 personas que entraron a esta categoría el año pasado.

La perspectiva a futuro no mejora, teniendo en cuenta los estragos económicos del coronavirus. Una proyección de Fedesarrollo revela que en el peor de los casos la pobreza podría subir 6,6 puntos porcentuales hasta 33,6 % (3,1 millones de personas adicionales), impulsada por quienes hoy están en vulnerabilidad (al menos un 15 % de este grupo ya no podría satisfacer sus necesidades básicas); las estimaciones fueron publicadas en julio de este año.

La voz de las demandantes

Según Yanira, González, coordinadora del Valle del Cauca y el Pacífico de la colonia venezolana en Colombia, “Somos un grupo de 15 mujeres que con el apoyo de DeJusticia estamos haciendo una petición en vista de la situación tan compleja que vivimos, pues adicional a la pandemia está el hecho de ser migrantes y de no tener estabilidad económica en nuestros hogares”.

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Y añade que “las 15 mujeres de la comunidad que estamos en esto tenemos las características de vulnerabilidad para poder acceder al programa y deberíamos poder acceder sin mayores barreras. Por eso quisiéramos conocer cuáles son los criterios que se han aplicado para seleccionar a los beneficiarios. Nosotras tenemos sisben, aunque el puntaje nos ha salido en ocasiones algo elevado para las condiciones en las que nos encontramos. El migrante venezolano no tiene un buen poder adquisitivo aunque estemos ubicados en una zona que sea de un estrato específico pueden ser muchos los elementos que influyen y no necesariamente porque nuestra condicione económica sea buena. Somos madres cabeza de hogar, migrantes y sin estabilidad, no tenemos una fuente de ingresos fija y esto nos ha afectado”.

Renta básica

Las dificultades en la atención a las poblaciones más vulnerables durante la crisis (propias de un escenario que nadie imaginaba), así como el golpe venidero en temas como pobreza, han reavivado el debate sobre la posibilidad de instaurar una renta básica en Colombia.

Este mecanismo, señalan sus defensores, no sólo llegaría a quienes más la necesitan por sus condiciones de vulnerabilidad económica, sino también aplicaría para la llamada población sánduche: quienes no están en los renglones de asistencia social del Estado, pero igual necesitan ayuda pues su situación se deterioró en la pandemia, como trabajadores autónomos, por ejemplo.

En palabras de David Casassas, profesor e investigador de la Universidad de Barcelona y miembro de la Basic Income Earth Network (BIEN), la renta básica es “una asignación monetaria, pagada por los poderes públicos, de acuerdo con tres principios: universalidad, es decir, que la reciben todos los ciudadanos de un territorio; incondicionalidad, y con ello nos referimos a que la recibes en cualquier circunstancia que acompañe tu vida sin importar, por ejemplo, niveles de ingreso o número de personas con las que vives, y, en tercer lugar, individualidad, la reciben los individuos, no los hogares”.

El Gobierno ha equiparado Ingreso Solidario con una renta básica, una posición que no ha resonado entre estudiosos del tema, como escribió Diego Guevara, profesor de la Universidad Nacional: “Un programa de transferencia de recursos condicionado a la pertenencia a un sistema de clasificación como el Sisbén, o que exija determinadas, características no es un IBU (ingreso básico universal). Durante la pandemia se consolidó el programa de Ingreso Solidario que, aunque no exige las mismas condiciones de Familias en Acción, viene con otros requisitos. Hay otras propuestas que se promocionan como IBU en el legislativo, pero que distan mucho de serlo”.

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