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Dos semanas duró Miller Soto como Secretario General de la Universidad Autónoma del Caribe, en Barranquilla. Si bien desde el principio se sabía que su nombramiento era temporal, la retirada de Soto no ayuda mucho a estabilizar a la Universidad, que este lunes reanudó actividades de manera parcial después de un paro convocado por los docentes.
Según dijo el diario local El Heraldo, Soto salió de la institución porque “no ha caído bien” dentro de la comunidad universitaria. En entrevista con W Radio, el docente señaló que “las cosas no están fáciles, ni para el rector, ni para nadie”. (Los problemas que tienen a la Universidad Autónoma del Caribe en su momento más oscuro)
En ese mismo medio el exconcejal de Barranquilla dijo que el panorama era tan complicado que incluso “le están dejando de entregar información al rector y al Ministerio de Educación”.
Así estalló la crisis
A finales de febrero, exactamente el 21 de ese mes, miembros de la comunidad académica denunciaron el desangre financiero que sufría la institución de educación superior. De acuerdo con las denuncias, desde agosto del 2017 maestros y funcionarios no recibían salarios, cesantías, ni seguridad social. Las protestas apuntaron el dedo hacia el rector, Ramsés Vargas Lamadrid y toda el área administrativa.
Ya en agostod de 2017 el Ministerio de Educación había empezado a escarbar en los libros de cuentas de la Uniatónoma. Lo que encontró obligó al ministerio a abrir tres investigaciones y la designación de un inspector in situ.
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El primero de marzo la crisis alcanzó un nuevo pico. Tras una semana de protestas, la vicefiscal, Maria Paulina Riveros, anunció que la Fiscalía abriría una investigación preliminar para evaluar si realmente hubo delitos en el manejo de los recursos de la institución educativa.
“Se comienzan a investigar las conductas que nos han denunciado para luego sí entrar a evaluar la existencia de delitos o personas a las que haya que señalar para imputar, juzgar y condenar. Sin embargo, en este momento no podemos decir que haya alguna persona señalada o imputada por parte del ente investigador”, dijo Riveros en ese entonces.
Justo ese día, el rector Lamadrid hizo pública su carta de renuncia, que se haría efectiva desde el dos de marzo. “Para permitir que la histeria colectiva se atempere y para contribuir a que se retomen las actividades, presento mi renuncia irrevocable al cargo de rector, con la satisfacción de haberle cumplido a la sociedad, habiéndole invertido mi vida, al costo de mi seguridad personal y la tranquilidad de hogar, logramos poner la academia a brillar, ahí están las estadísticas”, expresó en la misiva.
Dos días más tarde, Víctor Armenta asumió las riendas de la Institución. pero “la histeria colectiva” no se atempero. Peor aun, se avivó. Los estudiantes y miembros del sindicato de esa institución, Sintrauac, se quejaron por la decisión, pues Armenta hizo parte del Consejo Superior durante los años en los que se cocinó la crisis financiera.
Tras 20 días de asamblea general y protestas frente a la sede central de la Universidad, el pasado lunes 12 de marzo se acordó el regresó a clases. Pero la universidad comenzó labores a media maquina: los profesores de la Facultad de Ingeniería, que cuenta con seis pregrados, anunciaron que no regresarían a las aulas hasta recibir los salarios al menos hasta diciembre. Otros estudiantes y profesores de cátedra, así como la sede de Ocaña, también continuaron en el paro.