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Con el fin de identificar los presuntos vándalos que alteraron el orden público en Bogotá, Cali y Medellín, durante las ocho jornadas que completa el Paro Nacional, convocado como negativa a la reforma tributaria, que finalmente el gobierno del presidente Iván Duque retiró del análisis en el legislativo, la Policía Nacional ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien brinde información de al menos 15 personas.
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Por cada ciudad, las autoridades tienen retratos de cinco de ellos, entre hombres y mujeres que, al parecer, provocaron desmanes en medio de las movilizaciones. El subdirector general de la institución, general Hoover Penilla aclaró que en las últimas 24 horas, se han registrado cuatro bloqueos y nueve concentraciones. Entre el 28 de abril y el 5 de mayo, alrededor de 176 uniformados resultaron lesionados, de los cuales cuatro de ellos aún permanecen hospitalizados por la gravedad de sus heridas.
“Hacemos un llamado para que las marchas se lleven a cabo guardando la compostura no con hechos vandalismo y violencia como los que se han presentado en los últimos días. Se debe tener cuenta que estos ataques a los miembros de la institución y a la infraesctructura conllevan a un riesgo para los particulares que se encuentran en el interior”, aclaró el oficial.
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El parte policial lo entregó el general en el marco del monitoreo que adelantan en el territorio nacional, luego de que Cali y Bogotá hayan reportado una de las noches más violentas en materia de protesta. El reporte de la Defensoría del Pueblo confirmó que 17 personas perdieron la vida en el marco de las movilizaciones, mientras que esa cifra no iguala a Bogotá que solo tiene una perdida mortal.
El caos de los enfrentamientos que dejan los desmanes por cuenta de las movilizaciones, ha dejado afectaciones a infraestructura, entre ellos, los Centros de Atención Inmediata (CAI) incinerados, así como establecimientos de comercio con vidrios y puertas dañadas. El turno en esa ocasión, este martes, fue para la capital del país, en donde se registraron desmanes en el norte y sur de la ciudad.
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En medio de los enfrentamientos con la fuerza pública, la población civil registró en redes sociales el uso de los helicópteros de la Policía en algunos puntos de la ciudad, no obstante, las aeronaves prestaban servicio de vigilancia y control, según el general Penilla, quien aseguró también que fueron usados para el traslado de material y personal.
Respecto de los excesos de los uniformados, el oficial aclaró que desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), ubicado en la Sala Estratégica de la Policía Nacional en Bogotá, los entes de control hacen monitoreos sobre las labores que adelantan los policías en los lugares en los que se requiere su presencia. “Hago un llamado a los organismos de derechos humanos para que asistan a estos sitios y acompañen la labor de la policía, somos los que más solicitamos la presencia de estos organismos para que garanticen la idoneidad por parte de los miembros de la Institución”.
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Si bien, el general pidió apoyo de los entes de control, también respaldó el uso de la fuerza en medio de las protestas. Resaltó que los uniformados por Constitución pueden hacer uso de la misma, no obstante dejó claro que este es el último recurso al que deben recurrir. “El uniformado está facultado para analizar en qué medida dosifica el uso de la fuerza, bajo unos principios que están establecidos de legalidad, proporcionalidad y necesidad. Hay circunstancias en las que los policías, en primera medida se han visto agredidos, esto conllevan a que, por protección de su propia integridad, de terceros y de propiedad bienes y vida de cualquier ciudadano se hace necesario el uso de los recursos constitucionales”.
Las consecuencias del uso de la fuerza por parte de las autoridades, son motivo de intervención por parte de los entes de control por lo que el general no escatimó en asegurar que, por su hechos, responden por la forma en la que se llevaron a cabo.
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Penilla resaltó que seguirán adelantando acciones tendientes a proteger la protesta pacífica y mitigar los actos vandálicos como los registrados en los últimos días. El oficial hizo un llamado al respeto por la vida de los uniformados de la institución pues nueve de los más de 100 agredidos tuvieron lesiones con arma de fuego, lo que para él, es un abuso a los derechos humanos.
De otro lado, en un reporte focalizado sobre Valle del Cauca, el director de la Dijin, general Fernando Murillo, aseguró que adelantan reuniones con autoridades locales y delegados de la iglesia para dispersar los más de 500 jóvenes que hacen presencia en la vía que de Buga conduce a Cali, Buenaventura y el centro del país. “Esperamos que esa mesa de diálogo convocada por la iglesia y autoridades locales surta el efecto de mitigar las acciones vandálicas”.