Un lío de vecinos que terminó en masacre

Al cumplirse casi 15 días del asesinato de cuatro niños en Caquetá, El Espectador hace un recuento de los indicios y la investigación que adelantan las autoridades en busca de justicia.

Una multitud repudio el ataque a los niños. / Cortesía Diario del Caquetá

Más reprochables y atroces no podrían ser las circunstancias: cuatro menores de edad que son asesinados sin ninguna contemplación por sicarios, quienes fueron contratados por vecinos que sostenían una disputa con los padres de los niños por un lote de 400 metros en Florencia (Caquetá). 

Asesinos a sueldo, vecinos intolerantes, agresiones de parte y parte, presunta explotación infantil, una justicia inoperante y terrenos en disputa integran un dramático panorama en el que la vida de cuatro niños queda en medio.

Este lío entre entre vecinos por la supuesta propiedad de tierras (según apuntan las investigaciones de la Fiscalía), conjugó lo peor de la sociedad colombiana –violencia, intolerancia, criminalidad, explotación infantil y pobreza– y de paso, puso en evidencia no solo las problemáticas que enfrenta el país en materia de justicia, sino a nivel social y cultural.

Un terreno de 400 metros

Ubicada a 45 minutos de la capital de Caquetá, se encuentra la vereda Las Brisas –en el corregimiento El Caraño, sobre el kilómetro 22 de la vía Florencia-Suaza– habitada por varias familias entre ellas los Vanegas Grimaldo, quienes sostenían frecuentes contiendas con sus vecinos por la propiedad de terrenos declarados como zona de reserva forestal: en otras palabras tierras baldías o campos de nadie.

No obstante, Jairo Vanegas Losada, padre y abuelo de los menores, afirma tener documentos que soportarían que una amplia porción de los terrenos es de su propiedad, por lo que cobraba una suerte de arriendo a quienes pretendían ser sus vecinos. Ante la negativa de éstos a pagar por tierras que consideraban baldías, inició una disputa marcada por amenazas, agresiones mutuas, líos jurídicos y finalmente, el homicidio de cuatro niños.

Vecinos conflictivos

Según la Fiscalía General de la Nación, fueron interpuestas siete denuncias recíprocas entre los Vanegas Grimaldo y otras familias por invasión de tierras, daño al bien ajeno, lesiones interpersonales, amenazas de muerte e incluso, extorsión. Una de las denuncias corresponde a la instaurada en diciembre de 2013 por un hombre llamado Silvio Martínez –compañero sentimental de Luz Mila Artunduaga, señalada de ser la presunta autora intelectual de la masacre– contra Jairo Vanegas.

En esa oportunidad, Martínez denunció a Vanegas por daño a bien ajeno. Un mes después, el padre de los menores también fue denunciado por Dania Torres Artunduaga, quien sostuvo que el hombre –en compañía de sus dos hijos y un sobrino– irrumpió en la vivienda de un allegado e intentó destruir su propiedad. La mujer señaló que intentó defender a su familiar, pero fue atacada con un arma cortopunzante por Vanegas.

Por su parte, el padre de los menores les manifestó a las autoridades que Silvio Martínez intentó incendiar su casa en dos oportunidades y en diciembre de 2014, señaló que los Martínez tenían amenazados de muerte a su núcleo familiar. (Lea: Los problemas de convivencia que terminaron en masacre)

“Si algo grave nos llega a pasar, responsabilizo a mi denunciado (Silvio Martínez Pérez) y a su familia, al igual que al señor Ángel y a la señora Johana, porque no tengo problemas con nadie más”, fueron las palabras de Jairo Vanegas Losada el pasado 29 de diciembre.

Los Vanegas Grimaldo

Debido a su precaria situación económica, la familia Vanegas Grimaldo es beneficiaria de la ayuda del Estado desde 2012, considerando además que Jairo Vanegas Lozada figura como víctima del desplazamiento. Dicha ayuda se traduce en una asistencia humanitaria, que en 2012 fue por valor de $1’020.000, mientras que en 2014 se redujo a $330.000. (Lea: ¿Qué pasó en la masacre de los niños en Caquetá?)

Pese a los auxilios estatales, la familia Vanegas Grimaldo inducía a sus hijos a la mendicidad en semáforos e incluso, los obligaba a tapar huecos en las carreteras a cambio de monedas, según denunció recientemente el procurador judicial en Caquetá, José Manuel Jaimes.

“El señor Jairo Vanegas utilizaba para explotación económica a estos menores, los cuatro y dos más que están en poder de la sobrina de la esposa”, explicó el funcionario, cuya versión fue impugnada por el padre de los niños, quien negó enfáticamente que descuidara de algún modo a sus hijos.

Adicionalmente –según reveló Blu Radio– el general Jorge Rodríguez, comandante de la Dijín de la Policía, sostuvo que Victoria Grimaldo, madre de los menores, es desmovilizada de la guerrilla de las Farc, así como otros habitantes del sector.

¿Y las autoridades?

Ante las frecuentes amenazas de sus vecinos, Jairo Vanegas optó por poner sus miedos en conocimiento de las autoridades. El padre de los menores vaticinó ante la Fiscalía lo que efectivamente sucedió.

Entre procesos de conciliación y acusaciones mutuas transcurrían los meses, mientras que la tensión entre ambas familias se agudizaba por cuenta de ataques e intimidaciones.

“(Silvio Martínez) Me tiene amenazado de muerte y cada que pasa por la casa les hace señas a mis hijos menores de edad que les va a dar plomo (…) En el terreno mío ellos tienen un lavadero de carros. Él hace eso porque estoy reclamando lo mío, porque esos terrenos donde ellos viven son míos”, señala una de las denuncias presentada por Vanegas ante la Fiscalía.

Era tanto su miedo, que Vanegas acudía a toda suerte de autoridades para denunciar los atropellos de sus vecinos.

“La señora Johana dice que los papás de ella son guerrilleros (…) En vista de eso me fui para la base militar a informar de los hechos y un cabo me dijo que ellos sabían que en la casa de mi denunciado había una persona que colaboraba con la guerrilla”. (Lea: Una masacre que podía evitarse)

El fatídico 4 de febrero

Sobre las 7:30 de la noche, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron hasta la vereda Las Brisas e irrumpieron en un cambuche donde permanecía Samuel Vanegas Grimaldo, de 17 años. Tras indagar por el paradero de Jairo Vanegas, le aseguraron al joven que eran de la guerrilla y que requerían a su papá porque estaba involucrado en un problema, por lo que necesitaban que los llevara hasta la finca principal.

Pese a que Samuel les explicó insistentemente que desconocía el paradero de su papá, fue sacado a la fuerza del lugar y llevado hasta la casa, donde se encontraban sus hermanos viendo televisión: Juliana (14 años) y Laura (10 años), y Déiner (4 años) –hijos y nieto de Jairo Vanegas– así como Pablo, de 13 años, quien fue el menor que sobrevivió a los hechos y alertó a las autoridades.

Los sicarios también interrogaron a los demás menores por Jairo Vanegas y aunque uno de ellos les expresó que se encontraba en Florencia y que llegaría más tarde, los asesinos los sometieron en el piso y les propinaron varios impactos de bala en la cabeza.

El niño que logró sobrevivir relató a las autoridades –en testimonios revelados por el diario El Universal– que intentó correr cuando los sujetos les pidieron a todos que se recostaran en el piso, razón por la cual le dispararon dos veces. Tras hacerse el muerto y luego de que los sicarios se fueran para la sala de la vivienda, el menor (quien se encontraba herido en el cuello) escapó hacía la casa de su prima Ana Milena Grimaldo, quien buscó ayuda en la base militar de La Fortaleza.

A los asesinos les ofrecieron un millón de pesos y tierra

Luego de que desde Florencia, el presidente Juan Manuel Santos le diera un ultimátum a la Policía para que capturara a los responsables materiales de la masacre –cuyos retratos hablados fueron divulgados con anterioridad– los resultados no se hicieron esperar.

El pasado sábado, fue detenido en Florencia Chistopher Chávez Cuéllar, de 42 años, conocido con el alias de 'El Desalmado’. Chávez había acabado de salir de prisión tras permanecer recluido 10 años, en cumplimiento de una condena por homicidio, acceso carnal y desaparición forzada.

‘El Desalmado’ –según las autoridades– sería quien disparó el arma contra los menores. Además, en el patio de su vivienda, la Policía halló la motocicleta empleada el día del crimen, así como el arma de fuego y la ropa que vestía.

Horas después, cayó el segundo sospechoso del caso, identificado como Édison Vega García, empleado de un parqueadero de propiedad de Luz Mila Artunduaga, esposa de Silvio Martínez y señalada de orquestar la masacre. Vega –a quien le habrían prometido el derecho a construir una casa en el lote adyacente a la casa de los Vanegas Grimaldo– tenía la función de contactar a los sicarios para intimidar a la familia.

Para ello, Édison Vega contrató a ‘El Desalmado’ y a un sujeto llamado Énderson Carrillo Ordóñez, alias ‘Chencho’, quien tras entregarse, sorprendió a las autoridades por un tatuaje en uno de sus brazos en el que figura la ‘oración del sicario’. Se estima que ‘Chencho’ –quien cuenta con antecedentes por hurto calificado y agravado– habría sido quien manejaba la moto el día del crimen y adicionalmente, la persona que presionó a los niños para que permanecieran en el suelo mientras ‘El Desalmado’ (que intentó abusar de la menor de 14 años según el testimonio de Carrillo) les disparaba.

A la lista de implicados en el crimen se suman Aleisy García, de 26 años –un habitante de la vereda quien habría orientado a los sicarios en la zona y el responsable de pagar a los sicarios un adelanto de $500.000 del millón de pesos prometido– y Háider Ureña (quien no ha sido capturado), señalado de poner en contacto a Édison Vega con los sicarios.

Sin embargo, la mirada de las autoridades se concentra sobre Luz Mila Artunduaga –detenida en la noche de este lunes– quien no solo por venganza, sino por apropiarse del terreno sobre el que está construida la casa de los Vanegas Grimaldo, habría ordenado el múltiple asesinato. (Lea: Quién es quién en la masacre de Caquetá)

Ni ‘El Desalmado’, ni ‘Chencho’, ni Carrillo aceptaron los delitos de homicidio, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y hurto, imputados por la Fiscalía. Los implicados en la masacre de los menores podrían pagar una pena de hasta 50 años de cárcel, de acuerdo con el fiscal general, Eduardo Montealegre.

“El análisis de llamadas interceptadas y el testimonio del niño sobreviviente permitieron determinar que son cinco las personas responsables de homicidios en Caquetá”, agregó el fiscal.