Ciudadanos, pero no enfermos

Desde la reactivación de los vuelos internacionales, son cada vez más las personas con líos para ingresar al país. La primera historia, que indignó a muchos, fue la de tres personas provenientes de Cancún, Lima y Madrid que dieron positivo para COVID-19. Los pasajeros venían en vuelos humanitarios y tenían consigo el requisito de haberse tomado la prueba. El problema fue que esta arrojó un resultado positivo. El inconveniente fue distinto con al menos 70 extranjeros que, aunque su prueba había sido negativa, la tenían vencida por algunas horas o era una prueba diferente.

Inmediatamente, como suele pasar en Colombia, en vez de pensar en soluciones, empezaron las culpas. Que es culpa de la aerolínea y que se debe multar, que los pasajeros nunca debieron viajar, que es culpa de las autoridades de los países de origen. Pero el tema más importante quedó sin tratar: ¿qué hacer con las personas enfermas o con prueba positiva que necesitan ingresar al país? ¿Tiene menos derecho un ciudadano de volver a su país si está enfermo? ¿No es obligación del Estado proveer a sus ciudadanos ayudas para regresar? ¿O acaso se les pagará la salud y estadía en el extranjero a quienes estén fuera del país y den positivo para el virus?

En los aeropuertos la noción de control del Estado se hace cada vez más latente. Es allí donde un grupo de personas decide quién pertenece a un lugar, quién es digno de entrar, a quién se controla o a quién se perfila. No en vano, el programa Alerta aeropuerto enfoca sus historias en agentes que buscan “sospechosos”, guiándose de cosas tan irrelevantes como sus nervios, el tipo de maleta o su “pinta”. Y ahora, como a las listas se les añade y no se les quita, se suma un control alborotado de temperatura y de cualquier estornudito, así sea de alergia. Así que, además de ser siempre esculcados y requisados, de a veces tener que andar descalzos, de contestar con docilidad cualquier pregunta que se nos haga, se añade la nueva obligación de estar libre de gripa.

Claro, es comprensible y esperable que se obligue a quienes son positivos por COVID-19 a no irse por el mundo de vacaciones y regar gratuitamente un virus que puede ser mortal. Pero también es cierto que no podemos ser tan indolentes como para exiliar a los enfermos sin revisar sus casos y sin siquiera plantearles alternativas. No está de más recordar que una característica de las dictaduras es el juicio arbitrario sobre quién es digno de ciudadanía y quién no. Ha sido común expulsar a prisioneros, a homosexuales y a enfermos. ¿La racionalidad? Hay personas que valen más que otras. Y eso quizá sea cierto, pero por la calidad y generosidad de su espíritu, no por las pruebas positivas o negativas o vencidas de cualquier mal.