Biometría sin fronteras para vigilar a la población migrante

El 27 de marzo, la entonces canciller colombiana, Laura Sarabia, en reunión con la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, firmó una carta de intención para el intercambio de información migratoria. Aunque la carta no es pública, se informó que llevará a un acuerdo de cooperación para compartir datos biométricos para “identificar y combatir carteles u organizaciones criminales que operen en los países (...) respetando los derechos humanos y la dignidad de las personas migrantes”.

Más allá de lo dicho públicamente, cuatro meses después todavía no conocemos el alcance de esta cooperación. Sin subestimar lo que esta alianza representa para el fortalecimiento de tecnologías biométricas en los pasos fronterizos -que merece análisis aparte-, mi mayor preocupación es el cóctel peligroso que ella supone para la población migrante venezolana -aunque las mismas reglas pueden usarse sobre otras poblaciones que también pasan por acá-.

El primer elemento peligroso del cóctel es la mirada del actual gobierno gringo respecto de la población migrante. El presidente Donald Trump no baja a estas personas de criminales y tiene en la mira especialmente a la población latina, a la que acusa de estar invadiendo su país y por tanto les asigna el estatus de terroristas.

El segundo es el uso extendido de tecnologías biométricas por parte del gobierno estadounidense como herramientas de control migratorio. Investigaciones del medio digital 404 Media revelan que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utiliza aplicaciones de reconocimiento facial y tiene acceso a redes de cámaras de vigilancia con inteligencia artificial, alimentadas por enormes bases de datos. Ahora bien, para que estos sistemas funcionen, necesitan grandes cantidades de datos biométricos de las personas migrantes.

Ese es el tercer elemento, Colombia tiene una base de datos biométricos que para 2022 registraba información de 2,3 millones de personas venezolanas. En 2020, Iván Duque adquirió un sistema de identificación biométrica múltiple -reconocimiento facial, dactilar, e iris- para usarlo con la población migrante venezolana. El objetivo era enfrentar lo que su gobierno describió como un desafío migratorio y amenaza externa emergente. Esto se hizo sin evaluación de impacto, sin garantizar criterios de necesidad, proporcionalidad, sin mecanismos de control adecuados.

Este sistema se diseñó con una perspectiva de control y criminalización. Permitía identificar automáticamente a personas migrantes en espacios públicos, verificar su estatus migratorio y cruzar su información con múltiples bases de datos, bajo criterios discrecionales. En 2021, las personas migrantes venezolanas que quisieran acceder al Permiso por Protección Temporal (PPT) para trabajar legalmente en el país debían entregar su información biométrica que se cruzaba con datos sociales, económicos, de salud e identidad jurídica de esa población para informar mejor las políticas y programas del gobierno.

No me cabe duda de que esta base de datos biométricos representa un activo altamente valioso para alimentar las herramientas de ICE. Pensemos que millones de personas migrantes transitan por Colombia, no solo para establecerse, también como parte de su ruta migratoria -cruzando el Darién, por ejemplo-. Los datos de todas ellas terminan en esa base de datos. Especialmente las personas venezolanas los entregan voluntariamente y con esperanza: porque podrán regularizarse y trabajar, o incluso porque, al no contar con un documento de identificación de su país, les sirve para demostrar quiénes son.

Espero que no conocer todavía el acuerdo que nos comprometimos a firmar sea una señal de que Petro está revisando el tema con lupa. Porque él, que habla de humanizar la migración, que invierte en centros de datos para tener soberanía de datos -algo que merece más análisis, pero que es interesante-, no tiene sentido que no vea el peligroso coctel que puede suponer exponer los derechos de millones de personas frente a gobierno que les es hostil.

En su momento se especuló que el presidente, Gustavo Petro, firmaba como un gesto de acercamiento hacia Estados Unidos, después de las tensiones surgidas a inicios del año. Sin embargo, mantengo la esperanza pues precisamente Petro inició esa disputa por no aceptar la deportación de migrantes colombianos en condiciones indignas.

Finalmente, le recuerdo al gobierno que la construcción de esta base de datos biométricos se hizo sin una ley estatutaria garantista de derechos. Los datos biométricos son datos sensibles que, conforme con el marco jurídico colombiano, tienen un régimen de especial protección y requieren garantías reforzadas. De hecho, la eventual firma de este acuerdo materializaría un temor que desde el movimiento de derechos humanos hemos expresado reiteradamente: las bases de datos biométricos suelen justificarse con fines nobles, pero una vez recolectados, su destino final es incierto. No se sabe en manos de quién terminarán ni con qué propósito se utilizarán. Por eso su posesión y gestión representa un riesgo considerable, y, en los casos excepcionales en que se justifique su uso, no deben escatimarse las garantías legales ni los mecanismos de control.