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El ambiente de seguridad en Bogotá cumple dos años de deterioro sostenido. Frenar esta dinámica requiere concentrar la gestión sobre 5 centros de gravedad.
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La conversación sobre el estado de la seguridad en la ciudad ha alcanzado niveles críticos. En redes sociales, medios de comunicación y conversaciones desprevenidas abunda la descripción de hechos criminales y violentos, así como una creciente expresión de temor de salir a la calle. Lastimosamente, la respuesta institucional ha sido capturada por la necesidad de urgencia dando lugar a planes con una vida útil muy corta o resultados magros.
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La pérdida de la visión de mediano y largo plazo ha invisibilizado los 5 centros de gravedad que determinarán la recuperación de la confianza ciudadana, la construcción sostenible de seguridad y la reconstrucción de la legitimidad institucional, elementos ineludibles para cerrar espacios al crimen.
El primero de estos es el control del territorio. La ausencia de control en zonas como Kennedy, Suba y Usme deterioran la vida cotidiana de sus habitantes, atemorizan al resto de la ciudad y ofrece ventajas para la actuación del crimen. Esto hace inaplazable el despliegue permanentemente de capacidades técnicas y humanas para el control físico de esas zonas, condición básica para el desarrollo de una oferta institucional que reconstruya el tejido social y económico, debilitando así a bandas criminales y células desestabilizadoras que tiene sometidas a las comunidades.
El ministro de Defensa Nacional anunció una acción combinada. También podría haber un refuerzo permanente con unidades tipo UNIPOL. En cualquiera de los casos el desafío lo amerita: la imagen de “zonas liberadas” en la capital es una invitación a la creación de réplicas en el resto del país.
El segundo centro de gravedad está en el orden y el cuidado del espacio público. Sumado al deterioro de los bienes públicos y del entorno desde el confinamiento, en 2022 se activarán múltiples frentes de obra pública que crearán obstáculos, puntos ciegos y espacios favorables a los delincuentes.
Un plan de manejo y protección del espacio público, con esfuerzos en la protección de los entornos afectados por frentes de obra debe integrar a despachos distritales, autoridad policial y constructores, para disminuir el riesgo de vandalismo y control delincuencial en otras áreas de la ciudad.
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Asimismo, es necesario proteger el transporte público y mejorar la movilidad. Una ciudad desconectada y confinada es un campo fértil para el crecimiento de mafias localizadas y el incremento exponencial del descontento social.
El control y administración del territorio no garantiza el debilitamiento del crimen. Por tal razón el tercer centro de gravedad es la reversión del proceso de estructuración criminal y captura de territorios ocurrido durante los últimos dos años. Lograrlo requiere de la consolidación de un mapa de la delincuencia y el crimen en la ciudad región que permita optimizar la acción contra el crimen.
El reto para las instituciones al final del 2022 no es registrar el mayor número de capturas en la historia, sino la judicialización de los líderes criminales, el desmantelamiento de estructuras y la afectación de mercados ilegales. Más de 25.000 capturas anuales en un contexto de seguridad que sigue deteriorándose erosiona la legitimidad institucional y fortalece al crimen.
La Alcaldía de Bogotá impulsó la aprobación de Ley de Seguridad Ciudadana, por lo que va a ser responsabilizada de su éxito o su fracaso. Esto hace que el cuarto centro de gravedad sea el monitoreo y evaluación de la aplicación de las nuevas normas. Asimismo, el desarrollo de las capacidades físicas, tecnológicas y humanas necesarias para su ejecución. Las debilidades en este frente harán imposible el cumplimiento de las muy ambiciosas metas trazadas para el 2022
En el quinto centro de gravedad está la gestión proactiva de la protesta social. El fracaso en este asunto potencia los puntos débiles de la seguridad en la ciudad. Las tensiones acumuladas a lo largo de la pandemia se pueden exacerbar en un año que, durante seis meses, enfrentará un ambiente electoral polarizado. Polarización política, tensión social y estrés comunitario son una mezcla de altísimo riesgo para la ciudad y una oportunidad significativa para actores criminales y desestabilizadores.
Para hacer frente a esto es necesario instituir mecanismos de planeación, coordinación y gestión de las expresiones de protesta o reivindicación de causas ciudadanas en paralelo con un plan de inteligencia e investigación criminal que anticipe la organización de acciones vandálicas y desestabilización, así como el desmantelamiento de sus canales de coordinación y logística.
El deterioro de los indicadores de seguridad y de la sensación de seguridad entre los ciudadanos es el resultado de una ciudad en la que el disfrute del espacio público ha aumentado los riesgos personales y colectivos, así como una creencia cada vez más posicionada de ausencia de protección, aplicación de la ley y justicia.
Emprender el camino de la reconstrucción pos-pandemia no da espera. Mientras no se revierta el contexto de miedo esto será imposible. Controlar el territorio, anticipar eventos críticos y aplicar la ley de manera efectiva generará el ambiente necesario para que quienes habitan la ciudad recuperen su confianza en un futuro mejor.
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