Irregularidades en las elecciones de decanos en la Nacional

El Estatuto de la UNAL (Acuerdo 11 de 2005 del CSU) dispone que la designación de decanos por el CSU “requerirá el voto favorable de la mitad más uno de los miembros con derecho a voto que lo conforman”. Estos miembros son ocho: la ministra de Educación, dos delegados del presidente, un delegado del Consejo de Educación Superior (CESU), un exrector nombrado por los antiguos rectores y los representantes de estudiantes, profesores y Consejo Académico, que es un órgano interno de la UNAL. En los últimos 20 años siempre se entendió, como es lógico, que la mayoría de ocho es cinco, pero en esta sesión cuatro consejeros (los tres del gobierno y el exrector Ricardo Mosquera) llegaron con otra tesis: que la mayoría de ocho es… cuatro. Su argumento: que el CESU no había elegido aún al reemplazo de Víctor Manuel Moncayo, quien tristemente falleció en abril de este año, por lo cual el CSU estaría integrado sólo por siete.

Estos creativos consejeros invocaron a su favor el Auto 196 de 2006 de la Corte Constitucional, pero ese precedente no es aplicable por cuanto el asunto es distinto. En ese caso, la Corte admitió que el CSU de la Universidad de Cundinamarca era de siete miembros, a pesar de que sus normas hablan de nueve, porque los otros dos integrantes no podían ser electos por falta de reglamentación, por lo cual el CSU de esa universidad llevaba años funcionando con siete integrantes. El caso de la UNAL es muy distinto: el CSU de la UNAL ha funcionado siempre con ocho integrantes con derecho al voto y está reglamentado cómo debe nombrarse al representante del CESU. Si aún no ha ocurrido esa designación, es en gran parte porque el actual gobierno la ha obstaculizado: en julio Viviane Morales (de quien ya se había anunciado que sería ministra de Educación) pidió frenar el proceso.

El asunto es aún más grave porque el precedente aplicable es uno de la Sección Quinta del Consejo de Estado, juez natural de los temas electorales: la sentencia del 11 de diciembre de 2003 anuló el nombramiento de Marco Palacios como rector de la UNAL por haber sido hecha con cuatro votos. En esa ocasión el CSU argumentó que estaba conformado por siete integrantes con derecho a voto porque uno estaba impedido. El Consejo de Estado rechazó esa tesis y señaló que la mayoría en el CSU de la UNAL es cinco.

El pasado 24 de septiembre los cuatro de esa “mayoría” rechazaron la petición de las tres representantes de los estamentos internos de la UNAL (profesores, estudiantes y Consejo Académico) de aplazar los nombramientos hasta aclarar el tema jurídico. Esas representantes se retiraron de la sesión para no avalar una ilegalidad y, entonces, los cuatro consejeros hicieron el milagro: se autoproclamaron mayoría y como una aplanadora nombraron a los 22 decanos. Además, sin ninguna explicación, desconocieron los resultados de las consultas en 10 facultades, especialmente en aquellas en que ha habido discrepancias con el actual rector Peña. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho, Andrés Abel Rodríguez obtuvo 75 % del voto ponderado en la consulta, pero el CSU eligió a Catalina Toro, quien sólo tuvo 16 %.

Esta historia amerita ser conocida no sólo por las implicaciones sobre nuestra querida UNAL, sino además porque es instructiva sobre cómo avanza el autoritarismo de este gobierno: muchos de los periodistas o empresarios que hasta hace pocos meses se escandalizaban y alzaban la voz, a veces con razón, a veces sin ella, contra excesos autoritarios de Petro, hoy permanecen en silencio, o incluso apoyan, los del actual gobierno. En este caso sorprende especialmente que los exrectores de la UNAL apoyen esta violación de la autonomía universitaria.

* Investigador de "Dejusticia" y profesor Universidad Nacional.