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El derecho de la mujer a decidir

La interrupción voluntaria del embarazo merece el reconocimiento que debe tener como derecho de las mujeres a gobernar su reproducción y no como una especie de aberración que apenas puede permitirse en casos límite.

El Espectador
30 de marzo de 2016 - 02:33 a. m.
El derecho de la mujer a decidir

En su último acto público —como se dice, por no dejar— el ya hoy exfiscal general Eduardo Montealegre presentó ante la Cámara de Representantes este lunes el proyecto de ley para despenalizar el aborto en Colombia que había anunciado luego de echar para atrás la infame apertura de investigación por parte de su Fiscalía a una reconocida actriz por un aborto legal a mediados del año pasado. Aun cuando las motivaciones resulten deleznables, y así mismo y por eso mismo el proyecto nazca prácticamente muerto, el país no debería dejar pasar la oportunidad de debatir este tema en serio para avanzar más allá de la histórica pero tan torpedeada sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto para tres circunstancias extremas.

Porque aquel avance significativo que se dio en el año 2006 para la despenalización del aborto en tres causales —malformación del feto, condición de salud (discapacidad física o mental) de la mujer en estado de embarazo o acceso carnal violento, incesto o inseminación artificial no consentida—, si bien abrió las puertas a las mujeres para acceder en condiciones sanas y seguras al aborto de manera legal, es en nuestro parecer insuficiente. No solo para combatir los índices de abortos ilegales y en condiciones inadecuadas y peligrosas, que siguen siendo muy elevados en Colombia, sino más que nada para darle a la interrupción voluntaria del embarazo el reconocimiento que debe tener como derecho de las mujeres a gobernar su reproducción y no como una especie de aberración que apenas puede permitirse en casos límite.

Claro, a ese derecho se opone uno superior, el de la vida, y ahí es donde este debate toma caminos difíciles de transitar en lo sentimental y más bien absurdos en lo conceptual. Este no es un asunto de la vida opuesta a la muerte, al homicidio dirán algunos. Ni la mujer que decide abortar está siendo “premiada por su irresponsabilidad” ni la legalización del aborto lo “convierte en un método anticonceptivo” —los argumentos no son inventados, se escucharon tal cual en algunos de los debates radiales sobre el proyecto—. Abortar es una decisión difícil. Ninguna mujer lo escoge por gusto. La conciencia de estar dejando de soportar con su cuerpo una vida potencial que en ellas se está gestando, es un asunto muy serio como para tratarlo de manera tan alegre.

Pero entonces salta la pregunta por esa vida, que aquí llamamos, y concebimos, como potencial, pero que muchos creen que es ya un ser humano que, entonces, sería asesinado. El proyecto fija el límite en las 24 semanas de gestación y ahí se ha generado el gran debate. En otros países, la mayoría, el límite legal se sitúa entre las ocho y las doce semanas. ¿Es un capricho ese límite? Por supuesto que no. La ciencia acepta que es en el séptimo mes cuando los fetos desarrollan todos los órganos que les permitirán vivir por sí mismos. ¿Que con los avances tecnológicos hoy al alcance de la mano pueden vivir, y lo han hecho, menores de seis meses de gestación? Claro que sí. Y la madre podrá seguir decidiendo libremente si quiere intentarlo. Por favor, legalizar el aborto no lo hace obligatorio.

Pero para el caso colombiano, además, extender el límite a las 24 semanas tiene una explicación adicional muy importante. Las estadísticas de los abortos practicados bajo las tres causales legales muestran que la gran mayoría de mujeres llegan entre la séptima y la octava semanas y apenas el 2% llegan después de la semana 20 de gestación. ¿Por qué dar cabida a ese porcentaje tan menor de mujeres? Como bien lo explicó Viviana Bohórquez, de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, en Blu Radio este martes, esas mujeres que llegan tarde son precisamente las más vulnerables, las que menos información tienen, las más pobres, que piensan que deben pagar... Por ellas, quienes más lo necesitan, vale la pena el límite más amplio posible y científicamente válido.

Sí, el proyecto quedó radicado sin quien vaya a defenderlo en el Congreso. Ya el Gobierno, además, tomó distancia de él. Pero el tema es crucial y este proyecto da en el clavo. Ojalá alguien sea tan valiente como para salir al rescate de su contenido.

¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a yosoyespectador@gmail.com.

Por El Espectador

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