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En los últimos años, Meta –compañía dueña de Instagram, Facebook y WhatsApp– ha construido una fachada de privacidad digital que choca con sus prácticas reales de manipulación de usuarios y explotación de datos. Esta semana, un juez de Nuevo México condenó a la empresa a pagar 25.000 millones de dólares –una de las condenas más cuantiosas aplicadas a una empresa– por intencionalmente engañar a los usuarios. Bajo el lema corporativo de que "el usuario tiene el control", la compañía de Mark Zuckerberg diseñó menús de configuración y herramientas de seguridad que en la práctica resultaron ser una suerte de placebo sin mayor efecto. Mientras los internautas creían blindar su intimidad al apagar ciertos interruptores en Facebook o Instagram, la tecnológica continuaba recolectando silenciosamente historiales de navegación, ubicaciones y redes de contactos, para luego vender datos de los usuarios.
La gravedad de este entramado va más allá de las aplicaciones de Meta. Mediante herramientas como el "Píxel de Meta" –un fragmento de código JavaScript que se instala en sitios web para rastrear la actividad de los visitantes y enviar esos datos a la empresa–, implantado en millones de sitios web de salud, comercio y educación, la empresa recopila las búsquedas más íntimas de los usuarios sin su consentimiento explícito. Datos sensibles –como los números de teléfono entregados supuestamente para la verificación de seguridad de las cuentas– han sido comercializados para que los usuarios reciban publicidad acorde a su actividad en línea. Meta es el ejemplo más radical de cómo el modelo de negocio del capitalismo de vigilancia se alimenta de la opacidad y el engaño sistémico.
Pero Meta no solo manipula a los usuarios con fines comerciales. Una investigación del diario Folha de S. Paulo reveló comunicaciones internas de empleados de Meta en las que se reconocía que las cuentas oficiales del presidente Luiz Inácio Lula da Silva –candidato a reelección– sufrieron restricciones y limitaciones de alcance en Instagram durante el proceso electoral. Asimismo, la investigación expuso anomalías en el sistema de búsqueda y creación de contenido con inteligencia artificial de WhatsApp y fallas en la moderación automatizada. Todo esto perjudicó la visibilidad de la campaña oficialista en favor de su contrincante, el ultra Flávio Bolsonaro. El Partido de los Trabajadores anunció que llevaría el caso antela OEA y la Unión Europea por supuesta intervención en elecciones.
Aunque Meta insiste en que estos casos son accidentales, ilustran un patrón común desde, al menos, 2016: la consultora Cambridge Analytica recopiló de forma indebida los datos personales de hasta 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento explícito. Esos datos de comportamiento se utilizaron para realizar microsegmentación publicitaria en favor de la primera campaña de Donald Trump y del movimiento por el Brexit en el Reino Unido.
Cuando mínimo, como internautas debemos conocer a fondo las prácticas de las compañías tecnológicas. Las aplicaciones de Meta constituyen algunos de los principales medios de comunicación de nuestro tiempo y sería ingenuo esperar que renunciemos a ellos. Aunque es posible guardar optimismo ante la capacidad de los entes estatales y judiciales de poner límites al poder corporativo, el daño a la democracia y a la intimidad de los usuarios ya está hecho. Por eso, nuestro uso de plataformas debe estar marcado por la cautela.
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