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Uno de los aspectos más complejos en medio del escándalo en la rectoría de la Universidad Nacional es que, dependiendo de a quién se le pregunte, lo que ha pasado tiene distintas connotaciones. Grupos estudiantiles, por ejemplo, han dicho que la anulación del nombramiento de Leopoldo Múnera como rector es una muestra de violación a la autonomía universitaria, un incumplimiento a las promesas de tomar decisiones deliberativas y una muestra de la indebida influencia de un grupo pequeño de personas que quisieron imponer su agenda en un cargo tan importante. Múnera, por su parte, acató la decisión del Consejo de Estado, pero lamentó las interpretaciones realizadas por los magistrados, postura que han compartido desde el Gobierno Nacional. Nos parece, sin embargo, que la conversación es mucho más sencilla: las normas existen precisamente para evitar indebidas injerencias.
El proceso de selección de Múnera estuvo lleno de polémica. En El Espectador lo contamos de manera extensiva (puede leerse un buen resumen de todo el caso aquí), por lo que nos concentraremos en un punto fundamental. A pesar de que había una serie de reglas definidas para la elección de rector, el Gobierno Nacional empleó toda su fuerza de injerencia para rechazar el nombramiento de José Ismael Peña. Múltiples maromas jurídicas llevaron a que se desconociera la votación inicial, se hiciera una nueva sesión y se designara a Múnera. Desde el principio, voces críticas prendieron las alarmas de la ilegalidad que se había cometido.
Ahora, el Consejo de Estado ha llegado a una conclusión clara: “El Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional actuó por fuera del marco legal que autoriza la corrección de irregularidades en una actuación administrativa, aplicando en forma indebida la norma”. Por eso, se violaron derechos electorales y se cometieron “todas las infracciones normativas y la falta de competencia”.
La autonomía universitaria siempre se ha garantizado gracias a la existencia de normas claras. Lo que vimos el año pasado fue cómo las reglas se modificaron bajo la clara presión del Gobierno Nacional. Más allá de que Múnera era el candidato predilecto de la comunidad universitaria, la esencia del problema es que las normas existen para garantizar que no haya abusos de poder y que quien ocupe la Casa de Nariño no pueda vulnerar a la Universidad Nacional. Como no se hicieron los trámites de manera correcta, ahora estamos en esta situación. Mientras el Consejo Superior Universitario toma los correctivos necesarios y se resuelve la crisis institucional dentro de la Nacional, no se puede olvidar que en democracia y en un Estado de derecho las leyes son garantías ineludibles.
Nota del editor: No se pierda las entrevistas que El Espectador les hizo a Leopoldo Múnera y a Ismael Peña.
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