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Dos avalanchas, tres presidentes, siete años y $1 billón después, sigue incumplida la promesa de reconstruir Mocoa, Putumayo. Pese a que ya se ha invertido más de $1 billón en la tarea, las obras están frenadas. En El Espectador contamos que, de las 18 obras de mitigación, tres están suspendidas, 13 vencidas, cinco en ejecución, una en liquidación y solo dos finalizadas. Un desastre y una vergüenza. Esta situación no puede seguir sin respuesta estatal.
Cansadas de esperar a que el Gobierno cumpliera la promesa de reconstruir las más de 900 casas que dos avalanchas se llevaron hace siete años, unas 50 de las familias damnificadas recurrieron a una decisión extrema: ocuparon los terrenos a los que tienen derecho y que pertenecen a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres (Ungrd). Cambuches improvisados, con paredes hechas de bolsas plásticas, polisombras o pedazos de madera, carentes de electricidad, alcantarillado y agua, ocupan hoy los espacios establecidos en los planos para el barrio. Junto al terreno hay una escuela vacía, pero lista para su entrega desde 2020, y a lo lejos se ven las vigas de obras de mitigación para prevenir otra avalancha, que quedaron a medias. Las casas, que han debido ser la prioridad, están en una presunta situación de abandono por parte de los contratistas. El simbolismo es poco sutil y poderoso: si no se cumplen las promesas, las personas buscan soluciones por su cuenta.
Es cierto que factores como la escasez de materiales y la pandemia afectaron la posibilidad de llevar a cabo las construcciones de forma ágil, pero un informe de seguimiento de la Ungrd, hecho en 2022, reconoce que hubo una posible falta de gestión de recursos de los contratistas. Se entiende que los ciudadanos y la Alcaldía hayan denunciado esta situación en la Procuraduría, pero el silencio de Bogotá hasta hace poco ha sido ensordecedor.
Carlos Carrillo, recién designado director de la Ungrd -quien, por cierto, llega a la entidad luego de que su anterior director, Olmedo López, saliera por un escándalo de sobrecostos en contratación-, le informó a El Espectador que buscará tomar acciones legales contra los contratistas incumplidos y recuperar $71.000 millones que permanecen en la Fiduprevisora, fiducia creada por la Ungrd para administrar los recursos. No es claro por qué Fiduprevisora no ha desembolsado los fondos para las obras ni cómo se han ejecutado los dineros que, en parte, vienen de cooperación internacional.
El alcalde de Mocoa, Carlos Piedrahíta, afirma que la Ungrd ha sido “inoperante e incompetente” y espera que la autoridad local pueda gestionar los recursos para la construcción. Si no se soluciona con agilidad la situación es posible, incluso, que se deban derrumbar las pocas casas que se han construido y están pendientes de entrega. Además de una mala gestión en la reconstrucción, ha habido problemas para adjudicar la titularidad de las nuevas viviendas a sus habitantes, desorden en el registro de víctimas y falta de atención psicosocial para los afectados.
Es urgente que el Gobierno defina si se abrirá una nueva licitación y, en cooperación con la población y las autoridades de Mocoa, gestione una solución de vivienda digna y rápida. Ya pasó demasiado tiempo. A los gobiernos les gusta hacer promesas rimbombantes siempre que hay tragedias, pero al momento de cumplir se quedan cortos. El resultado es que empeora la situación de las personas en el mayor grado de vulnerabilidad.
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