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Como si hiciera falta, la semana pasada tuvimos más evidencias de que la Unidad Nacional de Protección (UNP) necesita una reforma de sus procesos de funcionamiento y de su planta de trabajadores con urgencia. A la captura de su exsubdirector Ronald Rodríguez Rozo se sumaron los audios revelados por el actual director, Augusto Rodríguez Ballesteros, que invitan a pensar que hay sicarios infiltrados en la entidad. Para completar, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas del Ministerio del Interior encontró que la UNP tiene un déficit de más de 1.000 carros blindados que se necesitan para garantizar la protección de las personas que están bajo su custodia. Por donde se le mire, la situación invita a pensar en un desastre.
La captura del exsubdirector Rodríguez Rozo por la Fiscalía alimenta las sospechas, que cada vez se parecen más a certezas, sobre el involucramiento de organizaciones criminales en una entidad tan delicada para el país. Un vehículo de su esquema de protección fue interceptado a finales del año pasado en Caloto (Cauca) mientras transportaba 168 paquetes con 150 kilos de cocaína. Según información publicada por W Radio, la Fiscalía también ha vinculado a Rodríguez Rozo con la Oficina de Envigado y con la banda criminal de La Terraza. En el Twitter de la UNP se contó que en el vehículo, “además de la sustancia prohibida, se encontraron gorras, placas y demás emblemas de la entidad”.
La situación es muy grave, porque la UNP es la encargada de proteger a las personas con más riesgos del país. ¿Cómo confiar en una institución cuyos funcionarios tienen lazos con organizaciones criminales? En Cambio, Julio Sánchez Cristo publicó audios que aumentan la desconfianza. Aportados por el director actual de la entidad a la Fiscalía, dejan entrever que la infiltración de la UNP es mucho más grave de lo pensado. Augusto Rodríguez ha pedido una y otra vez que se haga una intervención en la planta de funcionarios, pero hasta ahora no se han conocido avances suficientes del ente investigador.
Mientras tanto, la situación de la protección de las personas más vulnerables es preocupante. A finales de abril de este año, Colombia+20 de El Espectador contó cómo excombatientes de las FARC temían por sus vidas. Hablando con este periódico, una firmante de paz del ETCR Mariana Páez, en el municipio de Mesetas (Meta), puso en evidencia lo absurdo de la situación: “A través de un trámite de emergencia me asignaron el vehículo convencional el 17 de marzo. Era la primera vez que tenía acceso al beneficio y me dijeron que debía llevar el carro a mantenimiento preventivo a fin de mes en Villavicencio. Cuando llegamos, nos dijeron que el vehículo tenía orden de ser recogido y que quedaba inmediatamente suspendido. Luego llegó una grúa y se llevaron la camioneta. Nos tuvimos que devolver en bus con los dos escoltas”. Solo la semana pasada, Semana dio a conocer que el Ministerio del Interior está al tanto de que se necesitan por lo menos 1.000 vehículos blindados más para garantizar la protección de personas bajo custodia de la UNP.
Entonces, la entidad está en crisis. Como lo dijimos hace unos meses, la tarea de Augusto Rodríguez es esencial. Aunque sea difícil, continuar con la UNP tal cual como está es insostenible. La Fiscalía debe actuar y el país debe rodear la labor de reforma.
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