Exámenes para estadistas

El manejo de desastres, incluyendo de vez en cuando el de su propia gestión, será siempre examen que pone a prueba el talante y la calidad de los gobernantes. Uno de los riesgos de la aventura de gobernar es el de que, súbitamente, la fuerza de la naturaleza, terremoto, huracán, inundación o pandemia, se desate para alterar el curso de la vida de una comarca, el destino de una sociedad y las posibilidades de acción de cualquier gobierno.

Nadie parece estar suficientemente preparado para prevenir desastres ni afrontar sus consecuencias con éxito. Sin que importe quién esté al mando, las miradas se vuelven en todo caso hacia los responsables del gobierno, de quienes se espera apoyo, orientación, y solución a problemas inéditos. Entonces se pone a prueba no solamente su aplomo sino su conocimiento de las posibilidades y limitaciones de la acción estatal, y se descubren su visión de país, la idoneidad de los conceptos propios de su credo político y el control que puedan tener respecto de los recursos necesarios para orientar una reconstrucción que en buena medida depende de su buen criterio.

En todas las tragedias, los que más pierden son quienes viven en condiciones más precarias, con mayores limitaciones de recursos, con un hábitat más frágil, y en los asentamientos humanos más improvisados. También salen a flote las fallas de construcción de la infraestructura pública, con frecuencia fruto de la corrupción o la falta de idoneidad, y claro, las deficiencias de organización de los gobiernos, la falta de disciplina y las deficiencias de armonía entre los diferentes niveles de la administración de los asuntos públicos.

Lo anterior no quita que todos los vicios posibles de la condición humana se hagan presentes con motivo y en medio de las crisis más profundas. Por eso, pasado el incidente catastrófico y a través del periodo de construcción de una nueva realidad, será inevitable el sobrevuelo de “carrangueros” dispuestos a criticar a posteriori lo que se hizo o se dejó de hacer, sacar provecho político, entorpecer las acciones gubernamentales, o buscar credenciales para entrar en el festín de la contratación que inevitablemente se desata para componer un orden renovado.

Sea como sea, en todo caso, existe la obligación de reconstruir. Y la tarea resulta ser de una exigencia implacable hacia los gobiernos, con el riesgo de incurrir en la equivocación de esperar que sean ellos quienes lo decidan todo, como si la propia ciudadanía, que reclama acción, no tuviera responsabilidades de su parte. Como si no se tratara de un proceso que requiere, más que cualquier otro, concertación y protagonismo ciudadano, debido a que han de ser los ciudadanos quienes determinen el aspecto renovado de los escenarios de su vida cotidiana.

Las grandes tragedias son, en todo caso, pruebas de impacto nacional. Pruebas para el volumen de la solidaridad social, la idoneidad de la organización estatal, la armonía entre los diferentes niveles y agentes de la administración del Estado, y la capacidad de convergencia entre gobierno y oposición cuando se trata de afrontar una adversidad común. También son oportunidad de medida de la concurrencia de organizaciones privadas y movimientos ciudadanos de servicio comunitario.

La destrucción que una tormenta tropical, convertida en cuestión de horas en huracán del mayor grado de peligrosidad, ha dejado en nuestro Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, es problema que nos concierne a todos los colombianos. Por lo tanto, la reconstrucción inmediata es un reto para la nación entera y las lecciones aprendidas deben fortalecer nuestra conciencia sobre el cambio climático y nuestra capacidad de prevención de los desastres que los anunciados cambios de comportamiento del clima puedan traer en el futuro.

Tal vez en favor nuestro, y de los habitantes del archipiélago, juegue el hecho de que, por grave que sea, cada tragedia es al mismo tiempo oportunidad de cambio. Ocasión que puede revelar la potencialidad verdadera de los gobernantes y sus alcances en el ejercicio de ese liderazgo creativo que va más allá del cumplimiento de obligaciones a la manera de burócratas que hablan bien pero fallan a la hora de actuar. Oportunidad de fortalecer nuestra soberanía y poner en práctica los ideales de una unidad nacional diferente de la que con frecuencia se invoca, que solamente cobija a la clase política cuando llega a acuerdos que encuentra convenientes. Se trata más bien de aquella unidad fundamentada en la solidaridad y la acción orientada a contribuir a la recuperación y mejoría de las condiciones de vida de los colombianos isleños, que son nuestra avanzada en ese mundo Caribe multicultural y multilingüe al que por fortuna tenemos acceso gracias a los derechos, y las obligaciones, que allí nos asisten.

Carecemos de experiencia en el manejo del impacto de huracanes. Algo hemos aprendido de la forma de reaccionar ante otro tipo de desastres. En algunas ocasiones lo hemos hecho bien, como parece haber sido en el Eje Cafetero. En otras hemos perdido oportunidades, como la que se presentó hace unos años y que hubiera permitido rediseñar un cuarto de país, con motivo de las inundaciones que afectaron la llanura de nuestra costa atlántica, donde se habría podido establecer todo un sistema armónico de asentamientos humanos, grandes y pequeños, complementarios entre ellos, en ejercicio de equidad territorial, con sentido prospectivo y propósitos de sostenibilidad. En pocas palabras, un adecuado ordenamiento territorial.

Y es que el compromiso con el ordenamiento territorial debe ir mucho más allá de las proclamas y no debe quedar simplemente escrito como mandato de nuestra constitución. A pesar de que, con enorme retraso, ha comenzado a tomar forma en la realidad, se debe convertir en exigencia y factor de impulso del proceso de desarrollo económico y social del país, en cuanto a través de él se va definiendo el destino de cada segmento del territorio, con su gente y sus recursos, la explotación adecuada de su riqueza, la conservación de la naturaleza y la búsqueda del bienestar y la felicidad.

El golpe de la naturaleza en contra de nuestro archipiélago plantea un reto de ordenamiento territorial que pone a prueba la capacidad de nuestro liderazgo. Esto no quiere decir que debamos esperar que una persona, o un gobierno, obre milagros. Pero sí, indudablemente, pronto sabremos si ante este reto contamos, desde la jefatura del Estado, con la capacidad de pensar, obrar y orientar de manera acertada, con visión de largo plazo, esa concertación entre gobierno y comunidad que se hace indispensable para que la tragedia se convierta en oportunidad de solucionar no solamente los problemas que se derivan del paso del huracán, sino de arreglar problemas estructurales y proyectar de una vez una realidad de la Colombia insular que corresponda a las necesidades y oportunidades del Siglo XXI en esa avanzada colombiana en el Caribe, cuyo potencial está por desarrollar.