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Por Gabriel Bustamante Peña
En respuesta al editorial del 16 de enero de 2020, titulado “Ahora sí, a regular”.
En el siglo XXI, un Estado social y democrático de derecho tiene la obligación de intervenir una economía mediada por las nuevas tecnologías y garantizar a sus ciudadanos un desarrollo libre, pleno y digno como personas en el marco de la globalización digital.
Es por esto que el debate sobre las actividades de empresas trasnacionales que utilizan plataformas en internet, como Uber, no es un debate sobre tecnología (que es el medio), es una discusión de fondo sobre derechos fundamentales, empezando por el transporte público y siguiendo por el derecho al trabajo digno, y es un asunto estratégico respecto a la protección que el Estado debe brindar a la economía nacional en un marco de depredación global.
Empecemos por hablar claro frente a ¿qué es y qué significa para el país que estén operando empresas como Uber en un marco de un Estado débil y anacrónico frente a las nuevas economías digitales?
En primer lugar, Uber no es ninguna empresa colaborativa y horizontal, como falazmente se nos ha querido vender e ingenuamente repiten desde periodistas hasta políticos. Uber es una poderosa y feroz trasnacional, cuya sede de operaciones es el Estado de Delaware, paraíso fiscal en los EE. UU., que quiere imponerse en Colombia por la vía del TLC, y que usa como punta de lanza capitales de alto riesgo, entre ellos fondos buitres, para copar mercados en Estados débiles, ejercer una competencia desleal e ilegal, disfrazada de operación colaborativa que, a bajos costos, fruto de la explotación de los conductores a quienes recluta bajo la ilusión de ser asociados, está empeñada en copar el mercado, quebrar las empresas de transporte público y establecerse como monopolio único y absoluto en un entorno ausente de regulaciones.
Es más, en los planes futuros de esta trasnacional, sus supuestos socios, dueños de los carros que trabajan gratis para Uber, solo les serán útiles hasta cuando hayan desarrollado la forma de masificar la tecnología en la que han invertido parte importante de lo logrado por el trabajo de los miles de taxistas colaborativos, los carros que se conducen automáticamante y, así como desaparecieron los carteros por el correo electrónico y las operadoras por las contestadoras digitales, mañana el oficio de taxista o conductor de Uber será solo una anécdota ante los carros robotizados.
Uber ya hizo su negocio en Colombia operando ilegal y deslealmente durante todos estos años, le queda otro negocio redondo demandando al Estado colombiano que ingenuamente le cobró impuestos, y no siendo suficiente con esto, quiere entrar al mercado colombiano a operar de forma irregular para competir deslealmente con las empresas de transporte y de carga (Uber Freight), para quebrar empresas colombianas como Servientrega.
Terminemos esta reflexión con dos simples preguntas. Primera: ¿qué hacen políticos de izquierda o progresistas defendiendo las operaciones ilegales de una trasnacional depredadora como Uber en Colombia? Y segunda: ¿si Uber es una empresa colaborativa, de prosperar la demanda contra el Estado, la repartirán entre todos sus colaboradores en Colombia?
