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Sobre la tragedia minera en Nariño

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“Tragedia minera en Nariño: 12 mujeres entre las 14 víctimas” es el titular de una noticia en la edición de El Espectador del 20 de octubre de 2026. Grave como es esta noticia, mucho más serio y espantoso es lo que la noticia no dice directamente y lo que puede inferirse de lo que sí dice.

Que las 12 mujeres que perecieron eran cabeza de familia ya es, de entrada, una manifestación de la espantosa realidad que viven muchas familias de la región. El redactor de la noticia señala que el impacto de la tragedia también se extiende a las familias de las víctimas, y el gobernador de Nariño anuncia “un censo para establecer las condiciones económicas de sus hogares y las necesidades de los hijos que quedaron sin sus madres”. ¿En serio? Ya el 19 de agosto, hace escasos dos meses, ocurrió otro derrumbe en el que murieron 13 mineros. Pero estos no son sino dos de los cientos de accidentes que ocurren en las minas de la región (y de Colombia) cada año. Desde que se desbocó el precio del oro, no pasa un mes sin que uno escuche de un vecino, una comadre o un joven que “se tapó” en una mina. El censo, entonces, no revelará nada que no sepamos ya: que la gente tiene hambre, que no hay oportunidades de trabajo, que los colegios no preparan a los niños para un futuro mejor y que ni al Estado ni al sector privado de Colombia les inquieta lo que ocurre en la periferia de la nación. Que la economía de la región depende de una actividad que, aparte de huérfanos, madres adoloridas y destrucción del entorno, es muy poco lo que deja en las comunidades pasa desapercibido.

En lugar de hacer un censo de la pobreza, propongo, más bien, invertir en el desarrollo de la enorme riqueza natural renovable que existe en la región del Pacífico. Lo primero es reconocer que los niños criados con azúcar y harina nunca dejarán de ser una carga para el Estado. ¿Qué tal implementar de una vez por todas el programa de alimentación escolar apoyado en la producción local de los alimentos que se ofrezcan a los niños? Puede ser más barato comprar arroz en Brasil que producirlo en las parcelas de los campesinos colombianos, pero ¿no se paga esa diferencia con lo que se ahorraría en helicópteros, ametralladoras y atención médica a soldados heridos? A este programa le seguirán una transformación de los colegios, programas de desarrollo agropecuario, una red de transporte marítimo y fluvial que abra mercados e impulse el turismo y la inversión en las comunidades.

Yo sé que lo que aquí propongo está recubierto por una capa muy gruesa de idealismo. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir esperando que, a punta de balas, bombas, censos y, de nuevo, fumigaciones, llegará el día en que podamos vivir en paz, en un medio sano, lleno de niños felices y de jóvenes preparados para iniciar una vida productiva?

Ricardo Gómez Fontana

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