Malas decisiones

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La página de la Contraloría General de la República tiene, entre otras, la siguiente descripción de una de sus funciones: “Tiene a su cargo establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y de los particulares que causen, por acción o por omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al patrimonio del Estado”. También dice que el artículo 267 de la Constitución de Colombia establece que el control fiscal pasó de ser previo y perceptivo a posterior y selectivo.

Es decir, para determinar la responsabilidad fiscal de un funcionario, según la página de la Contraloría, las decisiones deben tener dolo y culpa. Y la responsabilidad se debe determinar después de que se hayan tomado las decisiones y se conozcan los efectos de las mismas.

La interpretación de estos dos temas, en particular del dolo y la culpa, es central para determinar la responsabilidad fiscal. No basta, como lo mencionó el vicecontralor en entrevista con Blu Radio hace unos días, comentando el caso de Hidroituango, que la función de los servidores públicos en ese caso era la de “evitar que se tomaran malas decisiones, como las que hemos mencionado, en cuanto a diseños, cambios en las condiciones contractuales, cambios en los diseños iniciales”. Dice también el vicecontralor que se encontraron “errores que a la postre llevaron a tomar unas decisiones posiblemente apresuradas”.

No basta con que las decisiones sean malas. Tienen que ser malas y se debería tener que probar el dolo y la culpa. Para el caso de determinar la responsabilidad fiscal de un servidor público, esas malas decisiones tienen que tener apellido.

El otro elemento es que las decisiones solamente se pueden juzgar como “malas” al evaluar sus consecuencias. Pero al momento en que se toma una decisión, con información incompleta y sin tener certeza absoluta del resultado —como sí las tiene la Contraloría al momento de abrir juicios fiscales, dada su función de hacer control posterior— el juicio de si una decisión es “buena” o “mala” no se puede hacer.

Juzgar con los hechos cumplidos es sencillo. Tomar decisiones con información incompleta y sin saber cuál va a ser su resultado con certeza es complicadísimo. Tomar malas decisiones es inevitable, sea uno servidor público o no. Ser juzgado por los efectos de esas decisiones, sabiendo que se tomaron sin culpa o dolo, es un riesgo enorme que lo único que hace es desincentivar involucrarse en el servicio público. Es una espada de Damócles permanente sobre quien toma las decisiones, la cual en muchos casos lleva a que el mejor escenario sea no hacer nada, para evitar el riesgo de un juicio fiscal.

Hay una enorme asimetría entre lo que hace un servidor público y la forma en que lo juzgan. Su función no es evitar tomar malas decisiones. Es proteger el patrimonio público, con la información que se tiene hasta el momento, y aplicar su mejor juicio, sin culpa o dolo, para que dicho patrimonio se proteja y crezca. Esta asimetría tiene incentivos perversos a la hora de que alguien decida si ejerce como servidor público o no.

En el camino habrá decisiones que tendrán consecuencias negativas, que serán “malas”, en el argot del vicecontralor. Pero no siempre hay que abrir juicios de responsabilidad fiscal ni se tiene responsabilidad fiscal. Creo firmemente que la enorme mayoría de los servidores públicos buscan acertar. Pero siguen siendo seres humanos. Y seguirán tomando, aunque ojalá pocas, algunas malas decisiones.

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