Repensar la seguridad

La seguridad es un concepto altamente disputado. Si bien se refiere en términos generales a la idea de la “protección”, tanto el “quiénes” como el “qué” deben tener prelación a la hora de proteger suelen reflejar tanto las prioridades sociales y políticas como las relaciones de poder de toda sociedad. No obstante, desde hace varias décadas la seguridad se ha ampliado para incorporar nuevos referentes, comenzando por las personas, y temáticas diferentes a las estratégico-militares. En reflejo de ello, al interior de la comunidad científica y de distintos organismos globales hay consenso creciente de que los principales riesgos que enfrentan los seres humanos no están asociados con problemas convencionales como la guerra o el terrorismo – aunque en contextos como el colombiano los asesinatos y masacres derivados del conflicto no se pueden minimizar -- sino con el cambio climático, la crisis del ecosistema y los fenómenos naturales extremos, sean climatológicos o epidemiológicos. De igual manera, pocos disputan que estos afectan de manera despareja a los países y habitantes del mundo. A saber, golpean más a los sectores marginados con lo cual agudizan otras inseguridades y desigualdades ya existentes, basadas en factores económicos, políticos, de clase, de género, raciales y étnicas.

Hechos aparentemente disimiles como la devastación del archipiélago colombiano y de partes de Honduras, Guatemala y Nicaragua por los huracanes Iota y Eta; las inundaciones y deslizamientos en las zonas periféricas de estos países; tasas récord de mortalidad por la pandemia del Covid-19; manifestaciones y la quema del Congreso en Guatemala por un proyecto presupuestal que pretendía recortar el gasto en salud y educación y aumentarlo en infraestructura en beneficio del sector privado; y protestas peruanas contra la destitución legislativa de un presidente popular que forzaron la renuncia de su sucesor, por solo nombrar algunos, tienen de común denominador la desidia, incapacidad o corrupción del Estado en América Latina, y la afectación consecuente de la seguridad existencial de números considerables de ciudadanos.

En buena medida, el aumento de la conflictividad social en la región es producto de la agravación de la desigualdad, pero también de la falta de garantías de derechos mínimos, tanto individuales como grupales y la ausencia de confianza en las capacidades estatales. En lugar de responder a la justificada indignación, frustración y dolor de las personas con la escucha activa y mejores estrategias de mitigación y amparo, la respuesta de la mayoría de los estados latinoamericanos se concentra en el paternalismo asistencialista ante los sectores olvidados de la sociedad y la militarización de aquellas expresiones, incluyendo la protesta social legítima, que se consideran responsables de la inseguridad, con el peligro relacionado de la des-democratización.

Lo anterior exige repensar la seguridad como concepto y práctica. Como premisa general se podría argumentar que el estado-centrismo que caracteriza las aproximaciones regionales es un obstáculo para imaginarla de otra manera, ya que incluso en casos como la seguridad humana o ciudadana, que tienen a los individuos en su centro, las experiencias vividas de los más vulnerables tienden a ignorarse. Así, visualizar mecanismos de inclusión y coproducción de la seguridad desde abajo se torna un paso imperativo. A esta y otras problemáticas se dedica la Red Latinoamericana de Seguridad Incluyente y Sostenible, una iniciativa internacional liderada por la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, Fescol.