Sombrero de mago

¿Tapabocas o chaleco antibalas?

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Colombia es país de masacres (no con el eufemismo presidencial de “homicidios colectivos”). Y de crueldades a ultranza, como la de jugar fútbol con la cabeza de un campesino, como lo hicieron paramilitares en Bijao Cacarica, Chocó, tras asesinar a Marino López. Desde los ochentas, para no ir más atrás, las masacres irrigaron de sangre campos y ciudades colombianas. La Rochela, El Aro, La Granja, Punta Coquitos, La Negra, Honduras, Tacueyó, La Mejor Esquina…Tantos lugares con muertos a granel.

El ejercicio de la barbarie acometido por mafiosos, paramilitares, guerrilleros, diversas razones sociales del crimen, ejército, ha marcado al país con un doloroso estigma de salvajismo. Hemos vivido en tiempo de masacre desde la mortandad que causó el gobierno de Marco Fidel Suárez en la Plaza de Bolívar, en 1919, cuando una manifestación de sastres y otros artesanos protestaba por la compra de uniformes militares a Estados Unidos, y después con la de las bananeras, en 1928, que alguna politicastra uribista dice que fue una invención del realismo mágico.

En 1988, por ejemplo, hubo en Colombia sesenta masacres. Todas atribuidas a la abominable “casa Castaño”, la misma que extendería el paramilitarismo por todo el país, y que entonces tuvo como marco de su infame y sangrienta expansión a Urabá, con el apoyo de empresarios privados y miembros del ejército. En 1991, en Medellín, todos los días y en cada barrio, casi que en cada esquina, hubo matanzas, en un tiempo apocalíptico de terror.

Al desplazamiento forzoso que aumentó desde los gobiernos de Andrés Pastrana y de Uribe Vélez en cifras exorbitantes, se agregaron las muertes de miles de jóvenes en los llamados “falsos positivos”. Masacres para robar tierras, para controlar rutas del narcotráfico, para despojar a campesinos, para intimidar a habitantes urbanos. Se podría decir que la masacre es endémica. No señor Duque, no le ponga eufemismos, como quisieron hacer en Medellín al decir que el sicariato era “homicidio por delegación”.

No sé si quepa anotar que han vuelto las masacres. Es más exacto decir, sin suavizaciones verbales, que jamás se han ido. Han prevalecido como un mecanismo de espanto que utilizan los diversos actores criminales, en particular las banderías de narcotraficantes. El 7 de abril de 2019, el expresidente Uribe publicó un trino aberrante: “Si la autoridad, serena, firme y con criterio social implica una masacre es porque del otro lado hay violencia y terror más que protesta”.

Las masacres no dan tregua en el país. Es más, se han incrementado en las últimas semanas e inundado de sangre la geografía nacional. Los cinco muchachos de Cali; los asesinados en Samaniego, Nariño, donde el presidente a última hora se hizo presente (por lo demás fue abucheado y lo único que se le ocurrió decir fue que iba a arreglar el estadio de esa población); la masacre en El Tambo, Cauca; la de Arauca, con cinco personas asesinadas, y no sé si ha habido otras el domingo y ayer (esta columna de martes se escribe en la noche del sábado).

Lo que impacta, además del dolor que producen estos crímenes, es la indiferencia oficial, la actitud blandengue del gobierno frente a la oleada de masacres, su desprecio hacia la implementación de los acuerdos de paz, que era lo que le gritaban los habitantes de Samaniego al anacoluto presidente. La ausencia del Estado en las comunidades más desarropadas, las más expuestas a los ataques del bandidaje de todos los pelambres, facilitan las acciones criminales. El desamparo de la mayoría de la gente no encuentra ni siquiera en el lenguaje oficial una precisión en los términos. Por el contrario, al disfrazar el lenguaje, al utilizar una verborrea que ni siquiera es capaz de reconocer que lo que se está cometiendo contra las víctimas son masacres, el gobierno da la impresión de estar del lado de los victimarios.

Frente a las masacres, así como ante los asesinatos de líderes sociales, hay una hipocresía oficial y oficiosa que pretende desconocer la gravedad de la situación. Es lo que se denomina la “solapadez”, el ocultamiento a través de las palabras, un sistemita que desde los tiempos de Uribe se implementó con diminutivos (tan ocupadito el doctorcito) y con la doblez del eufemismo.

“Las palabras pueden actuar como dosis ínfimas de arsénico: uno las traga sin darse cuenta, parecen no surtir efecto alguno, y al cabo de un tiempo se produce el efecto tóxico”, escribió el filólogo Victor Klemperer en su libro La lengua del Tercer Reich. En vez de estar escondiendo con el lenguaje la grave situación de violencia que azota al país, debería la tropilla gubernamental asumir una posición de lucha contra las causas de ese fenómeno.

Creo que el humor negro de redes sociales es mucho más consecuente: “Colombia 803 muertes por covid-19 en 60 días y 1.140 homicidios en un mes, ¿qué me recomiendan: tapabocas o chaleco antibalas?”.

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