El 21 de noviembre, 21N, se cumplirá un año que se inició en Colombia un movimiento social, entre cuyas características más destacados percibimos la heterogeneidad: confluencia de distintas clases, la diversidad étnica y de género, política, académica, intelectual, al igual que la participación entusiasta y multitudinaria de jóvenes y estudiantes de las universidades privadas y oficiales.
De maestros y profesores, pensionados, empleados públicos y trabajadores, sindicalistas, campesinos, población LGBT, artistas, en fin, una protesta social cuya cualificación y desarrollo en el marco institucional y jurídico vigente bastaría para no calificarla como un movimiento de “masas” promovido y financiado por el foro tal o cual, o por Venezuela.
Entre las razones que fueron determinantes para convocar y aun mantener viva y festiva esta novedosa forma de desobediencia civil estaba el mal gobierno, del cual es pertinente predicar que no es una expresión más, un concepto vacuo y carente de significación o algo que se invoca como pretexto para hacer oposición o incomodar al presidente de turno.
No.
En las democracias, es la anomia del Gobierno y del Estado, su incapacidad para promover el desarrollo y la satisfacción de requerimientos básicos de la sociedad en su conjunto cuanto viene a configurar el mal gobierno y, consecuentemente, a inducir la conformación de vastos movimientos sociales para llamar la atención sobre hechos y situaciones de suyo graves y atentatorias de derechos naturales inalienables de curso y uso en el marco institucional y jurídico vigente.
De no ser cada vez más crecientes la desigualdad, la exclusión y la corrupción, las reformas tributarias y financieras que favorecen con exenciones a los más ricos y “desaparecen” —como cualquier falso positivo— a la clase media, la privatización de la educación superior y de los bienes públicos estratégicos, es poco probable que una convocatoria como pretexto de la oposición para “tumbar al Gobierno” pudiera alcanzara la magnitud de la ocurrida en Colombia hace un año.
Del mismo modo que es impensable que los pensionados salieron a protestar solo para distraer sus ocios de tercera edad y festejar la disminución de sus mesadas, o los jóvenes para celebrar los menores salarios y su incierto primer empleo por horas que, para unos y otros, contemplaban entones las reformas pensional y laboral hoy consumadas.
El mal gobierno es, independiente de quien sea el gobernante, un hecho posible e históricamente verificable en el devenir de la democracia y de las instituciones políticas y jurídicas surgidas de su interacción y dinámicas.
De ninguna manera, una entelequia para asustar al presidente de turno y más bien sí, desde el componente organizado que es la protesta social, para animarlo y acompañarlo a enderezar el rumbo e incitarlo a cumplir sus compromisos y a hacer bien su tarea de desarrollo y progreso colectivo.
Si el ejercicio del poder nunca será otra cosa que el indicador de la verdad, el movimiento social devenido en protesta social, en mingas, en Colombia, cuanto está expresando es una verdad irrefutable: la ratificada incompetencia de Estado y Gobierno para cumplir el pacto social que la misión de uno y otro les impone en una democracia, pero que entre nosotros aún es enunciado, eco altisonante de promesas de campaña cada vez más inciertas.
Un año después del 21N, en Colombia aún no hemos recogido frutos de la protesta, en tanto en Chile ya se cosechó abundante el más grande: una nueva Constitución.
* Poeta.