El presidente Abelardo de la Espriella ha firmado 210 decretos desde el momento en el que asumió las riendas del país. Aunque en su mayoría han sido para posesionar a los funcionarios que integrarán su administración, esta figura normativa ha sido la vía a través de la cual el mandatario ha puesto en marcha su visión de país sin la necesidad de pasar por los consensos del Congreso. Desde el Capitolio, todavía se está a la espera de una agenda legislativa radicada por los ministros que oriente las discusiones que incluyen la reestructuración del Estado y la nueva política de seguridad.
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En sus 52 días en el poder, el jefe de Estado firmó 170 decretos para delinear los funcionarios que lo acompañarán en su primer tramo; y al menos 40 muestran acciones de fondo, especialmente en el manejo de la emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto. Pero no es lo único, pues también se convirtieron en la forma de cumplir sus promesas de campaña, como la de levantar la suspensión general del porte de armas en todo el país que estuvo vigente durante una década.
“Esto no significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, dijo De la Espriella sobre esa decisión.
Uno de los últimos decretos presentados fue el 1446 del 28 de septiembre, firmado por el ministro de Justicia, Iván Cancino, el cual ordena que las tutelas en contra del presidente De la Espriella lleguen por reparto en primera instancia al Consejo de Estado. Así mismo, otros firmados prohíben importar bienes hechos con trabajo forzoso o las nuevas reglas para las licencias urbanísticas en medio de la reconstrucción tras el sismo.
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Y fue en el marco de la emergencia por el terremoto donde empezaron estas medidas. Pues un día después del incidente declaró la emergencia nacional por 12 meses. Pero fue con el decreto 1261 del 19 de agosto que se convirtió en un estado de emergencia económica, social y ecológica por 30 días en 15 departamentos afectados por el sismo. Eso le dio margen para controlar la situación tras la crisis a través de figuras. Por ejemplo, el 9 de septiembre creó el “Fondo Milagro”, un patrimonio autónomo que maneja el Ministerio de Hacienda a través de una fiducia pública que se rige por derecho privado, que según el Gobierno será el “corazón” de la reconstrucción.
Algo similar ocurrirá con otro texto que alista el Ejecutivo, esta vez para una segunda emergencia económica, pero concentrada en los estragos provocados por el fenómeno de El Niño, que se extendería hasta el primer trimestre de 2027. Durante el consejo de ministros del lunes 28 de septiembre se trazaron las rutas para consolidar este decreto y abordar medidas que puedan ayudar a los productores agrícolas con otros temas que afectan la industria, como la caída del dólar, el aumento en los aranceles y el aumento de los costos laborales.
Durante una intervención en la Comisión Quinta del Senado, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, señaló que algunas de las medidas serían la suspensión durante cuatro meses de las cuotas agropecuarias o el reperfilar las deudas a dos años para las actividades agroexportadoras. Especialmente en sectores como la floricultura, la caña de azúcar, el café, el cacao, la palma de aceite, el aguacate Hass o el limón.
Otro frente por donde se mueve el Gobierno es para reestructurar sus finanzas. Ese mismo 9 de septiembre, con el 1372, se aumentó el cupo de emisión de los Títulos de Tesorería (TES) de Clase B en COP 110,2 billones para financiar su presupuesto general para 2027. Y con el 1389 creó la modalidad de Obras por Impuestos para la Reconstrucción, para que las empresas puedan pagar sus deducciones construyendo obras en las zonas afectadas por el terremoto.
Incluso, las funciones especiales para el vicepresidente José Manuel Restrepo fueron emitidas vía decreto, algo que han hecho todos los gobiernos previos. Allí se incluye que este estará encargado de “coordinar y articular la modernización, simplificación e interoperabilidad del Estado”, la promoción de proyectos estratégicos (como hidrocarburos, minerales y energías renovables), así como “la realización de Semanas de Inversión ‘Semanas Milagro’ (Milagro Weeks) en distintas regiones del mundo”. Esto último ya tiene su primera fecha: el 16 de noviembre en Nueva York (Estados Unidos).
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A su vez, estableció acciones más técnicas como las del 1281 del 25 de agosto, que derogó de manera masiva las designaciones de los representantes de la Presidencia ante los Consejos Directivos de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) o el 1369 del 9 de septiembre, que terminó las designaciones de los representantes del Gobierno en las juntas directivas de las cámaras de comercio del país.
Y mientras los decretos se han vuelto la principal herramienta, su agenda en el Legislativo avanza a paso de caracol. Hasta la fecha, desde el Gobierno solo se han presentado tres paquetes de iniciativas legislativas. El primero de ellos fue el presupuesto de 2027 (Ministerio de Hacienda), un proyecto que plantea eliminar trámites en la creación de empresas (Ministerio de Comercio), además de las iniciativas con las que se crea un Acuerdo Integral de Asociación Económica con los Emiratos Árabes Unidos, otro con la Alianza del Pacífico–Singapur y un protocolo de la Alianza del Pacífico (todas de Cancillería).
Eso sí, los ministros han tenido agendas propias. Para este martes está prevista una cita de los ministros Miguel Gómez (Hacienda) y Rodrigo Lara (Interior) con el Partido Liberal, pero varios de sus pares en las carteras de Vivienda (Jaime Andrés Beltrán), Ambiente (Fabio Arjona), Transporte (Elsa Noguera), Deporte (Juliana Gutiérrez), Agricultura y Salud (Ana María Vesga) también han hecho lo propio con otras colectividades, como el Centro Democrático, el Partido de la U y los conservadores. Allí han dado detalles de las iniciativas que esperan radicar pronto en ambas cámaras.
El mismo Iván Cancino (Justicia) ha dicho que esta semana presentarán los textos de ley de sometimiento y estatuto antiterrorista. Esos serán los articulados que guíen la nueva política de seguridad de De la Espriella y tendrán que pasar, sí o sí, por los consensos del Legislativo.
El Capitolio avanza a paso propio: son cerca de 614 iniciativas las que fueron presentadas por los congresistas en los casi tres meses de sesiones. El reparto deja al Senado con 275 proyectos radicados desde el pasado 20 de julio, mientras que en la Cámara ya se superó la barrera de los 300 proyectos; desde la instalación del Congreso se presentaron 339 iniciativas que buscan convertirse en ley. Sin embargo, la discusión ha sido mínima en las dos corporaciones.
A pesar de esto, sí existe una ruta del Gobierno para impulsar su agenda legislativa que se encuentra en revisión de Andrés Barreto, el secretario jurídico de la Presidencia. Entre las iniciativas que harán parte del paquete legislativo que presentará el ministro del Interior, Rodrigo Lara, están la ley de competencias alternativa del Gobierno De la Espriella, la que busca convertir a Barranquilla en la capital alterna y la regulación del cabildeo de los congresistas para sus regiones. A su vez, se han movido con el ministro de Justicia, Iván Cancino, para dar a conocer los puntos clave que tocarán con los articulados de sometimiento y del estatuto antiterrorista.
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Aunque dentro del Congreso, la ausencia de una hoja de ruta por parte del Gobierno desaprovecha el Legislativo para consolidar su proyecto político. El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático le dijo a El Espectador que “hoy el Congreso es un carro que puede andar a 100 km por hora y hoy va a 30. Y eso hace parte de esa falta de agenda legislativa que aún no llega al Congreso por parte del Gobierno Nacional”. Para otros, como el senador del Pacto Histórico, Kevin Gómez, el bajo ritmo de trabajo se debe a que los congresistas están centrados en construir sus propias iniciativas desde sus bancadas o el control político.
Aunque el gobierno ha hablado de proyectos como una ley de estabilidad económica para financiar el presupuesto e incluso de los famosos recortes al Estado. Siete semanas después de tomar el poder, ninguna de estas iniciativas ha sido presentada ante el Congreso. Mientras esto no ocurre, en las plenarias se discuten otros asuntos como las mociones de censura o se eligen funcionarios como los magistrados del Consejo Nacional Electoral. Y el Gobierno aprovecha para construir puentes con los partidos para impulsar su agenda el día que sea presentada por completo.
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