“El cambio consiste en dejar el odio atrás, en dejar los sectarismos atrás (...) nosotros queremos que Colombia, en medio de su diversidad, sea una Colombia, no dos colombias”, dijo el saliente presidente, Gustavo Petro, al momento de su victoria en junio de 2022, discurso que, hasta en su propio partido, reconocen, fue una de las mayores deudas en su mandato. Ese panorama no ha desaparecido, y, de hecho, será recogido por el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien llega a la Presidencia con algo más de 257.000 votos de diferencia con respecto a Iván Cepeda.
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Ese estrecho margen de victoria también pone el foco en la gobernabilidad que pueda tener el jefe de Estado electo, que ya ha dado muestras de una clara distancia con el Congreso, un discurso de respeto por la institucionalidad y las decisiones que en las diferentes ramas sean tomadas, pero con la diferencia de buscar una constante cercanía con las regiones y profundizar la descentralización del Estado.
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Aunque con esa promesa se dieron intentos de sumar diversos sectores tradicionales al proyecto Petro, las dos colombias de las que habló el saliente mandatario aún existen. Será ese el primero de los retos que tendrá que atajar De la Espriella, pues desde la oposición ya se habla de “resistencia” y de una “desobediencia civil pacífica” que invocó Iván Cepeda, siendo un claro mensaje sobre la firme postura de la izquierda en los próximos cuatro años ahora que ha retornado al poder. De hecho, el Pacto Histórico no estará en la posesión este 7 de agosto.
Esa posición ya ha quedado clara en la primera derrota que sufrió la administración entrante en la elección del presidente del Senado, cuando De la Espriella buscaba posicionar a Alfredo Deluque (La U) en esa dignidad, pero vio cómo una alianza inesperada entre el Centro Democrático y el Pacto Histórico ubicaba a Honorio Henríquez en ese asiento. Las mayorías no parecen muy sólidas, al menos en el Senado, a pesar que desde su equipo ya desestimaron un posible rol protagónico del Congreso en estos cuatro años.
Pero el legado que recoge el nuevo Ejecutivo va más allá de la forma de gobernar. Inmediatamente son, al menos, tres crisis las que deben solventar el mandatario electo y su equipo. La primera se relaciona al sistema de Salud, pues la crisis en el mismo se agudizó durante la administración Petro. A pesar de profundizar en un modelo en el que la intermediación de las EPS se limitó, la atención y la entrega de medicamentos, así como las deudas en el sistema de salud tuvieron un crecimiento mayúsculo.
Para abril de 2026, las deudas con las prestadoras de salud ascendía a COP 25,7 billones. Esa cifra es mucho más alarmante al momento de desagregar los montos adeudados a clínicas y hospitales por parte de las prestadoras de salud, pues la Nueva EPS acapara más de COP 7 billones de mora. Esa entidad lleva bajo el control estatal por más de dos años. En ese tramo también se reportó un aumento de las tutelas por la prestación del servicio, mientras que de forma paralela a lo largo del país se dejaba de atender a los pacientes de esta prestadora.
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Para ese fin se designó a Ana María Vesga como nueva ministra de Salud, quien hasta el pasado viernes ejerció como presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (ACEMI), tuvo numerosas confrontaciones tanto con el presidente Petro como con los ministros de Salud de esa administración, Carolina Corcho y Guillermo Alfonso Jaramillo.
El segundo punto en la lista pasa por la crisis en seguridad. El presidente De la Espriella ha dejado claro que ese aspecto será una prioridad desde el primer día de mandato. De hecho, buscando dejar un mensaje de respaldo a las Fuerzas Armadas planteó que su posesión se realizara en una guarnición militar. Y pese a no lograr su cometido, sí pudo trasladar el evento a Cali, ciudad en la que, una vez reciba la banda presidencial, dirigirá un consejo de seguridad desde la base Marco Fidel Suárez.
El foco se centrará en delitos como la extorsión y el narcotráfico. Es más, De la Espriella ya dio un ultimátum a los grupos armados para que se sometan a la justicia, señalando que “Tienen 10 días para entregarse. Si no se someten, van a ser dados de baja como en derecho corresponde y se van a acordar de mí”, ha dicho el presidente en varios discursos desde las regiones.
Su mensaje ha tomado fuerza en medio de las visitas que ha realizado a ocho departamentos, hasta la fecha, en los denominados empalmes regionales. Esa figura la ha buscado adoptar para conocer los proyectos pendientes en los 32 departamentos y dar prioridad a aquellos que se puedan ajustar a las finanzas que reciba, así como también a las necesidades propias de las regiones. Ahora bien, el discurso de seguridad resulta primario pues, según ha dicho, sin seguridad garantizada no podría haber un desarrollo idóneo de su plan de gobierno.
En cifras emitidas por el Ministerio de Defensa, aún bajo el mando del ministro Pedro Arnulfo Sánchez, delitos como el secuestro y el hurto de varias modalidades han tocado sus picos durante este gobierno en relación a los últimos diez años. Además, en el caso de la extorsión, este flagelo sigue reportando un alza año a año, que antecede a cifras del 2015 y que no ha podido ser atacado desde su raíz.
Ahora bien, la meta también se situará en mantener el ritmo en cifras como incautación de cocaína, erradicación manual de cultivos de coca o golpes contra narcoestructuras que en esta administración también fueron históricos, a pesar de la descertificación en esa materia por parte de Estados Unidos.
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Como tercer punto clave a tratar está el de las finanzas públicas. La saliente administración de Gustavo Petro reconoce un déficit fiscal de al menos COP 30,2 billones en un presupuesto proyectado por COP 575,7 billones que ya se encuentra listo para estudio del Congreso. Esa materia es fundamental, pues el mandatario y su gabinete han hablado de una posible reforma tributaria o la búsqueda de la refinanciación de la deuda pública.
Esos escenarios ponen en una posición de acción inmediata a un gobierno que ya dijo, entrará con al menos 90 decretos bajo el brazo y que serían firmados para su entrada en vigencia desde el 7 de agosto. Algunos asumirán funciones correspondientes al Congreso, pero serían medidas transitorias mientras en el Legislativo se realizan los ajustes necesarios, mientras que otras quedarían en firme hasta tanto entren en evaluación de las altas cortes.
En todo caso, intenciones como la reducción del Estado y la eliminación y/o fusión de ministerios –que hizo parte de las promesas de campaña– deben pasar por el Legislativo. Asimismo sucede con otros proyectos como una tributaria o el Plan Nacional de Desarrollo, que en síntesis, será la hoja de ruta para el mandato de De la Espriella. Con esto sobre la mesa, solo queda esperar su posesión y el retorno definitivo del péndulo de poder a la derecha durante los próximos cuatro años.
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Por Johan Sebastián Pérez Pinilla
