A través de la Circular 01 de 2026, el gobierno de Abelardo de la Espriella le notificó a sus ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, representantes de entidades adscritas y jefes de control interno una línea para tramitar las presuntas irregularidades al momento de revisar los informes de gestión y la documentación de la administración anterior.
La instrucción se planteó para que las entidades puedan continuar escarbando en los archivos, culminando las revisiones y documentando los hallazgos vigentes, recordando que los tiempos administrativos de transición corren por cuerdas distintas a los plazos penales o disciplinarios.
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El documento traza una hoja de ruta estricta para denunciar posibles casos de corrupción en la administración del Estado colombiano y categoriza a esos entes de control. El Dapre fue enfático en ordenar que cualquier actuación que comprometa los recursos del Estado debe ser empapelada con rigor —salvaguardando contratos, bases de datos y correos institucionales— y trasladada de inmediato a despachos como la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría.
“Los hallazgos deberán documentarse de manera objetiva y acompañarse de los antecedentes y soportes disponibles, identificando los hechos, las actuaciones involucradas y los recursos públicos eventualmente comprometidos. Cuando de la revisión se adviertan hechos que razonablemente puedan tener relevancia fiscal, disciplinaria, penal, civil o administrativa, las dependencias competentes deberán proceder conforme a sus funciones, a su puesta en conocimiento o traslado a las autoridades correspondientes”, señala la circular.
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Según la circular, el vencimiento de los plazos legales para revisar las actas de entrega no constituye, de ninguna manera, un saneamiento o convalidación de posibles irregularidades. Aunque los nuevos servidores públicos tienen 30 días legales para revisar el acta de entrega y solicitar aclaraciones tras el empalme, el vencimiento de este plazo no elimina su obligación de documentar y denunciar cualquier hecho relevante que encuentren después.
Las entidades están obligadas a proteger y conservar toda la información relacionada con los hallazgos, incluyendo contratos, bases de datos, correos institucionales y registros contables. No obstante, el texto aclara que esta circular no le da poder a la Presidencia ni a las entidades para investigar o juzgar a nadie; eso es trabajo exclusivo de las autoridades competentes, respetando el debido proceso.
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Esto va en la línea de las denuncias del presidente Abelardo de la Espriella ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría presentadas en el “Libro de la Verdad” sobre presunta corrupción en la administración de Gustavo Petro.
El segundo al mando aseguró que en este libro se exponen nueve comportamientos “asociados a prácticas que pueden fomentar la corrupción, documentados en 82 casos que hoy presentamos al país en el Libro de la Verdad”.
Esta es la circular 001:
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