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Finalmente se conoció el fallo sobre el aval del Nuevo Liberalismo: el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió devolverle su vigencia. Luis Carlos Galán, a raíz de su regreso al Partido Liberal en la campaña en la que fue asesinado, en 1989, había renunciado a él porque se postulaba para ser candidato oficial de la colectividad roja. Ahora sus hijos lo han recuperado, junto con herederos políticos de otras figuras que militaron en el movimiento.
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Y el asunto no se quedará allí. Otros partidos que tuvieron aval, es decir que estuvieron inscritos formalmente y, por lo tanto, estuvieron obligados a cumplir normas sobre su funcionamiento, tuvieron derecho a recibir beneficios contemplados en las leyes vigentes: presupuesto del Estado y acceso a medios de comunicación, entre otros. ¿Quedarán ahora en la misma situación del galanismo? Entre ellos estarían Oxígeno Verde, liderado por Íngrid Betancourt y Salvación Nacional, la fuerza que acompañó a Álvaro Gómez. Se agrega que Colombia Humana -el petrismo- también fue aceptado como partido. Todas estas fuerzas podrán ahora inscribir candidatos, tener acceso a medios de comunicación, y recibir dinero del presupuesto del Estado destinado a financiar campañas.
Estos procesos, pleitos y decisiones conforman un confuso panorama sobre cuáles son las reglas de juego para la competencia política que se avecina. Y sobre todo, qué es lo más conveniente desde el punto de vista institucional. Porque está visto que el asunto no interesa a la opinión pública. Aunque las demandas, fallos y decisiones del CNE son noticia en estos meses previos a la campaña, poco ocupan la atención de los futuros electores.
Los próximos meses se verá quiénes son los beneficiarios de estos cambios de hecho que se han realizado en las reglas de juego. Modificaciones que no se han realizado en el Congreso sino en el Poder Judicial y en el Consejo Electoral pero que, en la práctica, implican variaciones en la normatividad en materia de partidos y elecciones. El tema es relevante porque afecta el régimen electoral, pero no es de interés del votante común ni objeto de un debate amplio. En otro momento o en otro país las reglas de juego para los procesos electorales estaría en manos del Congreso, cuya responsabilidad es hacer las leyes.
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El gran interrogante es cuál será el efecto de las modificaciones de hecho que se vienen realizando en las normas que regulan las elecciones. ¿Serán positivos desde el punto institucional? ¿Benefician más a unos que a otros?
Por ahora, queda claro que el proceso electoral del año que viene se va a caracterizar por dos realidades: de un lado, la proliferación de candidaturas presidenciales inscritas por firmas. Aunque aun no se puede saber cuáles de las campañas van a reunir suficientes ciudadanos y cuáles no, todo parece indicar que esta elección será recordada por el crecimiento inusual de las candidaturas por firmas. Aunque habrá que ver cuáles de los muy numerosos procesos que están en marcha logran su objetivo, pues las metas son altas y complejas, sobre todo en momentos de pandemia, en los que muchos prefieren protegerse en casa y en donde la desconfianza se incrementa.
Este fenómeno, el de las firmas, se une a la llegada de viejos partidos que han recuperado su aval: el Nuevo Liberalismo (los Galán y sus aliados) y, eventualmente, Salvación Nacional (al que perteneció Álvaro Gómez) y Oxígeno (de Íngrid Betancur). Adicionales, por supuesto a las colectividades tradicionales: liberales, conservadores, la izquierda y otros que están en la batalla. El mapa quedaría compuesto por una especie de régimen mixto entre las tradiciones de siempre y la nueva tendencia de candidatos por firmas. En especial en la elección para el Legislativo.
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Y, por supuesto, está el gran interrogante: ¿a quién benefician las modificaciones normativas? La duda persistente del exrector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, sobre si aceptar el aval del Partido liberal, de la Coalición de la Esperanza, o insistir en la dispendiosa recolección de firmas, le ha formado una imagen de indeciso pero, sobre todo, demuestra que la decisión no es fácil. El lunes pasado falló otro intento de unidad -o al menos de intercambio de opiniones- con la Coalición, y las dos partes, que parecían converger en varios puntos, quedaron ahora cada vez más alejadas.
Tal vez porque el sistema se caracteriza por la realización en cada año electoral -como 2022- de certámenes diversos, con eventos que se diferencian los unos de los otros a pesar de su proximidad en el tiempo, los electores se comportan de diferente manera en las elecciones para el Congreso y para la Presidencia. De ahí que la discusión reciente sobre la conveniencia o no de unificar el calendario electoral -hacer todas las elecciones el mismo día- no es de simple forma, sino que afecta la neutralidad de dicho sistema electoral. La realidad es que cada elección trae su afán.
Por eso la discusión sobre las reglas de juego es fundamental y lo ideal sería que se llevara a cabo en momentos en los que no están en marcha las campañas. Porque el debate de las normas en medio de álgidos momentos del juego político puede poner en peligro su credibilidad y su acatamiento. O incluir sesgos que favorecen a alguna opción particular. Una regla de amplia aceptación es que las normas deben ser acatadas y obedecidas, y para eso deben ser creíbles y neutrales. El punto es que cuando se reforman al fragor de una batalla, siempre alguien dirá que los cambios tenían el propósito de favorecer a otro. ¿Quién es el beneficiado con los recientes cambios adoptados en el país?
*Periodista.