Aprobado en primer debate proyecto que crea la especialidad agraria

El proyecto le exigiría al Consejo Superior de la Judicatura realizar un estudio de litigiosidad sobre disputas agrarias y de propiedad rural para que, a partir de él, el Estado cree y asigne los jueces y conciliadores especializados para que apliquen el derecho agrario y rural. /Santiago La Rotta

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó este martes, en el primero de cuatro debates, el proyecto que crea la especialidad agraria, ideado para regular el marco jurídico para que la institucionalidad sea la que resuelva las disputas que surjan sobre el uso, la tenencia y la propiedad de predios rurales en todo el territorio nacional.

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La representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde y quien lidera la iniciativa, celebró la probación, destacando que el proyecto desarrolla el primer punto del Acuerdo de Paz, relacionado con la reforma rural integral y una transformación estructural del campo.

“Se buscan resolver esas disputas por la tenencia y el uso de la tierra, que han estado en el corazón de la existencia del conflicto armado. Construir la paz pasa por resolver esas disputas de manera pacífica. Restan tres debates y espero que esta sí sea la oportunidad histórica de administrar justicia en la tierra rural”, declaró.

El proyecto busca que llegue realmente, y con dientes, la administración de justicia al campo. Es decir, que haya más jueces y todo un sistema institucional articulado para resolver los líos entre campesinos y entre compradores de predios en el suelo agrario, uno de los asuntos centrales en el génesis del conflicto armado que ha padecido el país los últimos 60 años y que se espera remendar a través de lo pactado en Cuba.

La propuesta se hundió a última hora al cierre de la legislatura pasada: en junio el proyecto murió en su cuarto debate porque Arturo Char, entonces presidente del Senado, nunca radicó su discusión final, entonces naufragó porque ya no tenía tiempo para ser debatida.

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En ese año legislativo, la iniciativa tuvo al Gobierno como autor. A pesar de que en un principio Emilio Archila, consejero para la Estabilización, y Wilson Ruiz, ministro de Justicia, expresaron en diversas ocasiones su respaldo al proyecto, tanto Goebertus como la senadora Angélica Lozano argumentaron que estos no empujaron su último debate.

La iniciativa, de ser aprobada, llevará jueces a los territorios, en especial a los municipios con mayor conflictividad y más afectados por la guerra y la violencia, creará jueces itinerantes, garantizará la defensa técnica y pública en estos conflictos, adoptará el principio de gratuidad y amparo de pobreza, establecerá instrumentos para proteger la parte más débil como el principio de favorabilidad, entre otras acciones.