Un grupo de congresistas, tanto de Cámara como de Senado, anunció que se conformó nuevamente la llamada “bancada provida”. Se trata —de acuerdo con sus voceros— de al menos 100 legisladores que anunciaron una cruzada legislativa contra lo que desde este sector se denomina “ideología de género”.
Quienes hacen parte de esta estructura que se está conformando en el Capitolio aseguraron que están preparando un paquete de proyectos de ley y reformas constitucionales, y que incluso buscan ser presentadas con el apoyo del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella. Esto último, en todo caso, aún no se ha confirmado pese a que en ciertos temas hay afinidad política. Todos coinciden en la derecha del espectro ideológico.
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Durante un acto oficial que parte de este grupo legislativo realizó en el Capitolio se presentó como miembros activos de esta autodenominada “bancada provida” a los representantes Luis Miguel López Aristizábal (Partido Conservador), Carol Borda (Salvación Nacional) y David Cote, y senadores Sara Castellanos (Salvación Nacional) y Juan Espinal (Centro Democrático).
En la búsqueda de articulaciones con la Casa de Nariño, de acuerdo con lo que dijeron algunos de estos congresistas, ya se logró un acuerdo para impulsar de manera conjunta lo que denominaron “Ley Laura”. Se trata de una iniciativa legislativa, respaldada por la administración del presidente Abelardo de la Espriella, que busca establecer procesos legales para los menores de edad que vayan a tener “intervenciones médicas de afirmación de género”.
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En medio de estos anuncios, realizados justo al mismo tiempo que las marchas de la oposición llegaban este 14 de octubre a la Plaza de Bolívar de Bogotá, los integrantes de este grupo legislativo aseguraron que tienen más legisladores adeptos a los intereses que promueven
“La bancada pasó de 54 integrantes en el periodo anterior a 100 en el actual, lo que representa un crecimiento del 85,2 % y la incorporación de 46 congresistas adicionales”, se precisó en un comunicado.
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Todas estas movidas se dan en paralelo a los anuncios del Gobierno de De la Espriella en el sentido de sumarse a instancias internacionales en la que no se reconoce el derecho al aborto, como la que se denomina Consenso de Ginebra, y la petición de Colombia ante un equipo de Naciones Unidas para apartarse del concepto de “derechos sexuales y reproductivos”.
Estas situaciones han encendido alarmas en diversas organizaciones que defienden derechos adquiridos en las últimas décadas, pues si bien ese tipo de pasos no son vinculantes ni tienen efectos jurídicos directos, sí es un mensaje político sobre cómo percibe la actual Casa de Nariño este tipo de temas.
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